Dos antejuicios contra diputados de oposición avanzan con celeridad, a diferencia de procesos contra diputados oficialistas y ministros de gobierno; analistas consideran que son acciones que se suman para instaurar un régimen autoritario en Guatemala.
Por Simón Antonio Ramón
Esta semana trascendió que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el retiro del derecho de antejuicio al diputado Aldo Dávila, a partir de una denuncia del ministro de Cultura y Deportes, (MCD); de igual manera, el proceso de antejuicio contra la diputada Ligia Hernández de la bancada Semilla por haber citado a personal de Ministerio Público, (MP). A consideración de analistas, los antejuicios tienen trasfondo espurio y no buscan hacer justicia.
En el despacho del diputado Aldo Dávila se informó que la resolución de la CC no ha llegado, por lo que no se sabe cuáles serían sus efectos. Hasta el momento 13 intentos de retiro de antejuicio ostenta el diputado, promovidos por el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez; Manolo Cardona, agente de la Policía Nacional Civil (PNC); Felipe Aguilar, ministro de Cultura y Deportes; el abogado Otto Gómez y recientemente la ministra de educación, Claudia Ruíz Casasola de Estrada, por agresiones verbales y malos tratos.
En el caso de la diputada Ligia Hernández, el MP la acusa de abuso de autoridad por haber citado a funcionarios de la institución, entre ellos a Rafael Curruchiche jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI), a su despacho en el Congreso. Ahora el proceso lo conoce el magistrado Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
En el contexto de la conocida como regresión autoritaria, que se registra en el país los procesos de antejuicios contra diputados se dan posterior a antejuicios contra jueces reconocidos por la impartición de justicia en casos de corrupción y delitos de lesa humanidad.
El sociólogo Luis Mack, indica que se está instrumentalizando el sistema de justicia de manera discrecional. “No debe ser un problema que los procesos avancen, el problema que no avanzan todos los procesos por igual. Históricamente el antejuicio ha sido un instrumento para generar impunidad con el que varios funcionarios y autoridades no rinden cuentas, pero ahora avanzan estos casos contra actores incómodos”, dijo el sociólogo.
Según el analista, los procesos legales no están aislados de varios hechos que atentan contra el estado de derecho. “Vemos la detención del periodista Rubén Zamora y la protección desde el régimen, al rector de la Universidad de San Carlos- Esta situación es lo que se conoce como los golpes desde el Estado, porque hay violaciones al estado de derecho y al principio legal”, agregó.
Por su parte, el abogado Ramón Cadena opinó que hay procesos que se impulsan porque afectan la reputación de las personas como juezas, jueces, diputados y diputadas. “Los casos de antejuicios contra jueces y diputados no deberían ser espurios, pero vemos que actualmente se hacen para frenar la fiscalización y la crítica al gobierno”, dijo el abogado.
Según Cadena, los actuales procesos contra jueces, fiscales y diputados muchas veces buscan generar condiciones de persecución. Cuando avanza un antejuicio se abren las puertas para una persecución que puede llevar a las personas a prisión, lo que afectaría su trabajo”, indicó el abogado.
Entre la discusión si se vive en un régimen dictatorial en el país, Luis Mack indica que tanto en Guatemala y en la región hay un modelo de dictadura disfrazada. “La literatura habla de regímenes híbridos que serían estas dictaduras disfrazadas, donde dicen combatir la corrupción, pero en paralelo actúan de manera autoritaria como lo vemos ahora que hay una judicialización de la política”, afirmó.
Para Ramón Cadena, en el actual contexto del país los avances de los antejuicios debilitan a la oposición y afectan los pesos y contrapesos en la institucionalidad del Estado. “La alineación actual de los poderes del Estado a una sola agenda, elimina la independencia judicial y los principios básicos democráticos”, aseguró el abogado.
Aparte, de los procesos judiciales contra el diputado Aldo Dávila y la diputada Ligia Hernández, avanza el proceso penal contra el juez Miguel Ángel Gálvez, el Juzgado de Mayor Riesgo B, que también enfrenta una denuncia espuria, impulsada por los sectores que adversan los procesos que ha conocido Gálvez en temas de justicia transicional, lucha contra la impunidad y la corrupción.