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Abogadas de la exfiscal Laparra señalan parcialidad del juez que atrasa el proceso

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Créditos: Juan Rosales.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Regina Pérez

El juez Sergio Mena, del Juzgado Séptimo Penal, realizó este viernes una audiencia para darle cumplimiento a la resolución de una Sala de Apelaciones que ordenó fundamentar su resolución del 7 de junio, donde admitió al abogado Omar Barrios y a personeros de la Fundación contra el Terrorismo como querellantes en el proceso en contra de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en Quetzaltenango.

Laparra fue detenida el 23 de febrero, ligada a proceso el 3 de marzo y enviada a juicio el 7 de junio por abuso de autoridad por el juez Mena. El caso en su contra se originó por una denuncia del exjuez Lesther Castellanos, a quien ella había denunciado en cuatro ocasiones cuando era fiscal. Sin embargo, el proceso se ha ido retrasando constantemente debido a una serie de recursos que han presentado representantes de la Fundación contra el Terrorismo.

Las abogadas defensoras de Laparra, Claudia González y Wendy López presentaron una apelación desde el 10 de junio, y pidieron a la Sala que tanto Barrios como los representantes de la Fundación contra el Terrorismo fueran dejados fuera del proceso. La Sala ordenó al juez anular su resolución y resolver nuevamente sobre la admisión de los querellantes adhesivos. En la audiencia de hoy, Mena resolvió admitir a dichos querellantes dentro del proceso.

Según la defensa de Laparra, el juez Mena decidió elevar el expediente a la Sala de Apelaciones para que conociera su resolución, cuando eso ya no tiene razón de ser y lo único que logra con esto es alargar el proceso.

Foto: Juan Rosales.

“Lo que a nosotros nos preocupa es que elevarlo a la Sala cuando él ya cumplió con lo ordenado con la Sala viene a atrasar un poco más el debido proceso, Laparra lleva ya seis meses en prisión, estamos esperando que se realice la audiencia de ofrecimiento de pruebas para ir a juicio”, dijo la abogada Claudia Gonzáles.

Los argumentos de las abogadas para pedir que Barrios y los representantes de la Fundación Contra el Terrorismo quedaran fuera del proceso se deben a que al abogado no se le causó daño o agravio alguno y que en la escritura constitutiva de la Fundación contra el Terrorismo se indica que solo actuará en procesos contra militares. “¿En qué momento de qué figura puede encuadrarse que Virginia tenga que ver en algo con militares?”, señaló la abogada Wendy López.

A su salida de la sala, Laparra se disculpó por no dar declaraciones, una decisión que tomó desde hace varios meses, porque los querellantes en el proceso tergiversan lo que ella declara ante los medios de comunicación. “Me voy a retirar, no doy ninguna declaración puesto que ya anteriormente…cualquier cosa que digo tal vez no por ustedes (los periodistas) principalmente por los querellantes se malinterpreta o se le pone o quitan palabras a lo que digo, eso es uno de los motivos principales por lo que sigo en prisión preventiva”, expresó Laparra.

Ahora, la prioridad de las abogadas es que el caso vaya a juicio, en el que esperan demostrar con pruebas la inocencia de la exfiscal.

Juez no permite el ingreso a la prensa a un caso que no está en reserva

En esta audiencia no se permitió el ingreso de periodistas y observadores, pese a que el caso no está bajo reserva. López considera que la prohibición a los medios de ingresar a la sala se debe a que los medios de comunicación permiten que la sociedad y organizaciones internacionales puedan ver lo que está pasando, porque evidencian ilegalidades.

Foto: Juan Rosales.

“Los medios no pueden evidenciar lo que está pasando, porque les va a ocurrir lo de Zamora, no podemos hacer esto porque nos va a pasar aquello, esa alianza criminal está tomando mucha fuerza, sin embargo, creemos que podemos luchar y que a través de este eco a través de los medios pueda tener algún tipo de efecto y nos llama a fiscalizar más la labor de los jueces”, señaló López.

Las abogadas también denunciaron la parcialidad del juez Mena a favor de los querellantes, quien según afirmaron ni siquiera dejó tomar notas a González porque le molestaba el ruido de las teclas de la computadora, advirtiendo que las iba a certificar al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Afuera de Tribunales, un grupo de personas se reunió para pedir la libertad de Laparra, quien lleva más de cinco meses en prisión preventiva y quien aún no tiene fecha para su juicio oral y público.

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