Asisclo Valladares Urruela aceptó haber lavado dinero para sobornar a un grupo de diputados, estos aprobaron una ley a medida de la empresa de telecomunicaciones celulares, TIGO. A pesar de declararse culpable, en Guatemala, aún no se plantea qué pasará con esta ley aprobada mediante corrupción.
Por Juan Calles
En una oficina moderna y lujosa se reunían los representantes de quienes estaban involucrados en la aprobación de paquetes de leyes; en esa oficina se repartían maletas llenas de dinero que se usaba para pagar a diputados del Partido Patriota (PP) y de Libertad Democrática Renovada (Líder), el partido de Manuel Baldizón, eran los tiempos de Otto Pérez y Roxana Baldetti.
Era mayo de 2014, para entonces aún existía la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), era dirigida por Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio. Según la investigación, la vicepresidenta Roxana Baldetti coordinaba la elaboración y aprobación de leyes en el Congreso de la República, a cambio de pagos bimensuales de Q50 000 para cada diputado, dinero que aportaba la empresa de telefonía Comunicaciones Celulares, S. A. conocida como Tigo, y de la que Valladares Urruela era directivo.
En este caso se aprobó la ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de la Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, que más tarde se conoció como: “Ley Tigo”.
Los diputados del PP, Líder, Todos, Compromiso Renovación y Orden (Creo), la Unión del Cambio Nacional (UCN) y Encuentro por Guatemala, aprobaron la ley de urgencia nacional; quitándole el derecho a las municipalidades de aprobar o rechazar la instalación de torres de telefonía y le brindaba la potestad a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), que después de un simple trámite le podía aprobar a Tigo la instalación de antenas, cableado, fibra óptica, postes y cualquier otro elemento para la transmisión de datos en propiedad pública o privada.
Además de cederle ese poder a la empresa transnacional de la telefonía, la ley favorecía a la empresa porque únicamente las que tuvieran 6 000 kilómetros de fibra óptica instaladas en el país, o con 100,000 líneas activas, podrían realizar el trámite con la SIT, lo cual únicamente Tigo podía cumplir. Las bancadas que votaron en contra de esta decisión fueron la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el movimiento político Winaq,
La alianza del PP con otros partidos en el Congreso tenía ya larga historia. Antes de esta ley se había aprobado, en el 2012, otra que favorecía a Tigo, cuando se aprobó la prórroga del uso de las frecuencias radioeléctricas por 25 años sin pagar un solo centavo a Guatemala por usarlas. En esa ocasión los supuestos rivales del partido de Pérez Molina votaron a favor junto a su adversarios políticos, es decir, Líder, de Baldizón; y el partido Todos, de Roberto Alejos.
El dueño de Tigo, Mario López, uno de los millonarios guatemaltecos que sin involucrarse puso al Ejecutivo y al Legislativo a sus servicio, a través de dos de sus empleados de confianza, Asisclo Valladares Urruela y Luis Valladares, quienes se encargaron de hacer el trabajo para el millonario amigo del entonces presidente Otto Pérez.
Los brochas y las champurradas; un mecanismo de subordinación y rompimiento institucional
La investigación realizada por la CICIG y la FECI, en 2014, determinó que el dinero en efectivo para pagar a diputados era entregado en maletas, a estas les llamaban “champurradas”, eran entregadas a diputados a los que llamaban “Brochas” o jefes de línea que repartían el dinero entre sus colegas, el dinero era entregado por Valladares Urruela y Valladares Guillén en una oficina de dicha empresa.
Valladares Urruela, después pasó a ser parte del Gobierno de Otto Pérez Molina como asesor económico y luego fue ministro de Economía del expresidente Jimmy Morales. Uno de los testigos protegidos que hizo su declaración en Estados Unidos confirmó la entrega de “las champurradas” a los diputados por parte de Valladares Urruela, según su testimonio, el monto superaba los Q 18 millones para pagar Q50 000 a cada diputado.
Esa dinámica corrupta subordinó al poder legislativo ante el ejecutivo, de esa forma se aprobaron leyes en el Congreso, las cuales únicamente favorecieron a empresarios y políticos, se impusieron leyes desde oficinas vicepresidenciales y empresariales. Con ello se instauraba la cleptocracia que al final logró expulsar a la CICIG de Guatemala y también a algunos de los jueces y fiscales que los investigaron y juzgaron.
“Lo que pasa en el Congreso tiene un impacto directo en la vida de las personas que habitamos este país”
El diputado de la bancada Semilla, Luis Fernando Pineda, opinó que lo que se aprueba o no en el hemiciclo parlamentario tiene un impacto directo en la vida, en la economía y la salud de los y las guatemaltecas, por lo que es importante pensar bien antes de votar por alguna iniciativa de ley.
Agrega que, quizá, de los 108 diputados que votaron a favor de la “Ley Tigo” no todos recibieron sobornos, algunos fueron convencidos por diputados quienes, sí recibieron dinero, sin embargo, quienes se llevan el descrédito son la totalidad de ellos.
Pineda dijo que después de la aceptación de culpa de Asisclo Valladares Urruela en un tribunal de Estados Unidos, la empresa Tigo debe ser investigada y si resulta culpable que los responsables enfrenten la ley; “ojalá el Ministerio Público inicie una investigación pronta, para que se esclarezca este caso, pues es una ley que beneficia económicamente a una empresa, que no tiene ningún beneficio para el país, para la gente, esa ley debe revisarse”, anotó.
Aunque dijo que su bancada no se ha planteado llevar al pleno la discusión de la reforma o derogación de la “Ley Tigo” cree que es necesario hacerlo, sin embargo no es algo que sea sencillo ya que debido a la alianza oficialista que opera en el Congreso, no es fácil que una bancada de oposición logre colocar un tema como este en la agenda legislativa.
Por aparte, el diputado Edgar Batres, de la bancada Winaq, y presidente de la Comisión legislativa del menor y de la familia, opinó que la “Ley Tigo” debe derogarse o reformarse de manera que contenga algún beneficio para la población, sugiere que se ordene por ley a las empresas de telecomunicaciones que distribuyan mensajes gratuitos de las alertas Alba Keneth y Alerta Claudina.
La abogada Rubí Hernández, por su parte opinó que esta ley debe declararse inconstitucional, ya que vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico, promueve la impunidad y resta confianza en el sistema de justicia.
“Irrespetar las normas jurídicas, vulnerar el principio de seguridad, además que la ciudadanía espera que lo que se apruebe en el Congreso sirva para garantizar derechos, confiamos que ellos y ellas van a aprobar leyes que nos beneficien, sin embargo, con este tipo de actuar no se puede confiar en el sistema”.
Asisclo Valladares Urruela acepta culpabilidad en EEUU, pero en Guatemala no pasa nada
El 7 de julio de 2022 el exministro de economía y exdirectivo de la empresa Tigo aceptó que lavó dinero para sobornar diputados, por un total de 9.5 millones de dólares, además para conseguir una pena reducida aceptó colaborar con los tribunales norteamericanos brindando información.
El exministro se entregó a la justicia de EE UU después que un Juzgado de Miami lo acusara de lavado de dinero, mientras que en Guatemala insistía en su inocencia y que las investigaciones y acusaciones en su contra no eran más que persecución política e ideológica.
Al aceptar su culpabilidad, se evidencia también que la denominada “Ley Tigo” fue aprobada mediante corrupción de diputados, de funcionarios de Gobierno y de la empresa, sin embargo, después de conocerse la sentencia contra Valladares Urruela aún no se discute el futuro de la “Ley Tigo” ni de los diputados que la aprobaron.
