Por Paolina Albani
El 18 de julio, un grupo de diputados propuso la iniciativa 6114, Ley para la Atención Integral del Cáncer, para combatir el aumento de casos de esta enfermedad y que, el aislamiento por la pandemia por la COVID-19, destapó. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que los casos de personas que pueden padecer de cáncer aumentarán en un 60% de aquí a 2040.
La iniciativa, que de aprobarse estaría bajo la coordinación del Ministerio de Salud, propone crear la base para la especialización técnica-administrativa para el área de oncología en el país. Esto pasaría por crear políticas públicas, programas para su difusión, atención de pacientes con cáncer, entidades públicas que permitan registrar los casos, orientar a los pacientes, e incluso, una red de familiares y enfermos.
Para poner en marcha este plan, que Lucrecia Hernández Mack, diputada de Semilla y exministra de salud, ha denominado como “urgente”, los políticos propusieron que se asignen Q600 millones del presupuesto nacional. Esto mientras en el panorama político el gobierno retira fondos a salud para dárselos a la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).
1/7🧵#HILO | El presidente @DrGiammattei ha aprobado una transferencia de #Q100Millones del @MinSaludGuate al Ministerio de Desarrollo @midesgt. Además 6 millones irán a la Asociación de Azucareros de Guatemala @AsazguaGT. pic.twitter.com/YeQeSYlJVx
— Factor 4 (@Factor4_GT) July 18, 2022
Esta semana en @CongresoGuate:
💰Ley que regrese Q600 mill que quitaron a @MinSaludGuate para botín electoral
🌾 Rechazamos leyes de impunidad ambiental
⚠️Elección de PDH; única institución no cooptada gracias a @JordanRodas
📖 Ley para la Atención Integral del Cáncer pic.twitter.com/ZoVZ0GkJIM— Bancada Semilla (@BancadaSemilla) July 18, 2022
Actualmente, “el presupuesto -de Salud- no se integra por tipo de enfermedad. En este sentido, el Ministerio traslada el presupuesto correspondiente a cada unidad ejecutora y cada hospital define la distribución de acuerdo a la demanda”, explicó la cartera.
Fijar la atención en el tema surgió, dijo Hernández Mack, al notar que al Congreso han ingresado solicitudes para aumentar el presupuesto a los centros que ofrecen servicios contra el cáncer como la Liga Nacional Contra el Cáncer (INCAN) y la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), pero también a las oenegés que prestan atención oncológica con fondos del Estado.
De acuerdo al Presupuesto Nacional de 2022, el INCAN recibió, este año, un aporte de Q45 millones y la UNOP Q50 millones, pero a través de una readecuación presupuestaria recibirá Q60 millones adicionales.
“Hemos recibido pacientes del Seguro Social que necesitan tratamientos. Estando aquí una puede ver otros vacíos legales. Aprovechando que estamos en una posición privilegiada para elaborar una ley como esta es que lanzamos la propuesta para reducir la mortalidad y morbilidad del cáncer en Guatemala”, comentó la diputada Hernández Mack.
La propuesta también intenta que sea obligatorio para todas las instituciones estatales y organizaciones que prestan servicios médicos de salud oncológicos adherirse al esquema de prevención, detección temprana, tratamientos de calidad, rehabilitación y cuidados paliativos.
Actualmente, el Ministerio de Salud no cuenta con políticas públicas o legislación especializada para garantizar el acceso a la atención contra el cáncer. En 2002 y 2005 se presentaron al Congreso dos iniciativas referentes al financiamiento del INCA y, en 2018, se propuso la primera iniciativa para asegurar la atención a pacientes de cáncer, pero ninguna de las tres fue aprobada.
El país tampoco cuenta con un servicio de salud estatal de radioterapia y otras tecnologías de salud para brindar tratamientos contra el cáncer. Hasta ahora, los hospitales que prestan atención oncológica son: el Roosevelt, San Juan de Dios, los hospitales regionales de Occidente y Cuilapa. Sin embargo, los servicios se consultan, principalmente, en los dos primeros.
La iniciativa 6114 contempla establecer la institucionalidad para la atención pero también para la protección social con la creación de la Unidad Nacional de Atención Integral del Cáncer, que será una unidad ejecutora con capacidades administrativas, financieras y operativas; el Consejo Nacional Contra el Cáncer que funcionará como el órgano técnico científico que promoverá la actualización de las políticas que dan sustento a esta ley; el Comité Nacional de Farmacoterapia que sería el responsable de definir los medicamentos, tecnología y acciones para atender a los pacientes; la Red Nacional de Apoyo Contra el Cáncer en donde participará la ciudadanía, familiares, cuidadores y sobrevivientes de cáncer y que tendrá el propósito de formular recomendaciones de políticas y acciones para mejorar la atención. Finalmente, el Centro Nacional de Información sobre el Cáncer atenderá y orientará a la población sobre qué es el cáncer y las acciones a seguir una vez hayan sido diagnosticados con la enfermedad.
El Registro Nacional del Cáncer, que menciona la iniciativa, existe desde 2021, se encargará de recolectar, procesar y sistematizar información del cáncer que será pública, pero Hernández Mack dijo que, hasta ahora, el registro no ha logrado que las instituciones, hospitales y organizaciones reporten cada nuevo caso de cáncer. Su inserción en la propuesta buscaría que la enfermedad sea de notificación obligatoria. Esto permitiría generar datos en tiempo real y realizar diagnósticos de la situación nacional que servirán “para entender la magnitud del problema y nos permita saber el impacto de las políticas”.
La propuesta también contempla crear un hospital especializado con la primera unidad de radioterapia del país. También un enfoque de prevención para detectar temprano los casos de cáncer. En Guatemala, el cáncer de próstata, hígado, mama y cérvix son los más comunes en la población, dijo.
Los diputados, junto a expertos, universitarios y organizaciones sociales que participaron en la formulación de la iniciativa, incluyeron a ministerios del Ejecutivo en el plan.
De esa cuenta, plantearon que el Ministerio Desarrollo Social hagan un programa para proteger de los efectos económicos y sociales a las personas con cáncer, cuidadores y a sus familias. Esto deberá contemplar un apoyo económico, psicológico, logístico, de alimentación, traslados, entre otros. A la vez, el Ministerio de Trabajo desarrollaría un programa de apoyo para la reinserción al mercado laboral de las personas sobrevivientes del cáncer y el Ministerio de Educación incluirá en el Currículum Nacional Base contenidos sobre la enfermedad y acciones para garantizar el derecho a que continúen estudiando.
Una diputada con cáncer impulsa la iniciativa
En entrevista con Prensa Comunitaria, la diputada Hernández Mack dijo que detrás de la iniciativa hay motivaciones profesionales (ya que es médica), políticas y también personales, pues, hasta ahora, es la única que ha admitido, abiertamente, ser “una persona con cáncer”. Aunque aseguró que otros políticos la han padecido.
De su experiencia como una persona con cáncer dijo que es “un viacrucis” no solo desde la afectación biológica sino desde lo económico, familiar y la salud mental que se ven impactadas.
Los diputados de la bancada Semilla, en 2020, renunciaron al seguro médico privado que el Congreso les otorgaba y no tienen derecho al seguro social, así que cuando la noticia de que tenía cáncer le llegó, su familia fue el apoyo principal para costear los tratamientos y las cirugías que le han permitido recuperarse poco a poco.
“Hubo momentos en que perdí ahorros. El cáncer es un problema, en los tratamientos tuve complicaciones. La calidad de vida baja mucho. No es fácil salir a trabajar y hay que pagar mucho -dinero- por los tratamientos. Soy un caso afortunado y privilegiado”, refirió.
Reconoció que debido a que es médica tuvo la información necesaria sobre la enfermedad y cómo tratarse, pero reconoció que este no es el caso de todos los que se enferman de cáncer, pues no hay suficiente información de qué hacer en el momento en que les diagnostican.
“Cuando uno encuentra un lugar donde le atiendan se encuentra con barreras como la distancia, el idioma, la terminología médica, las brechas económicas, la falta de información. Básicamente, con brechas de acceso”, expresó. “Lo que buscamos es cerrar esas brechas”, añadió.
Por eso, aseguró que es urgente que la iniciativa sea conocida a nivel nacional y que, desde los departamentos, la gente les exija a los diputados distritales que se apruebe.
Esta iniciativa la firmaron otros 23 diputados, entre ellos, varios del ala conservadora quienes, en el pasado, se han negado a alcanzar consensos para otros temas de salud como los derechos reproductivos sexuales. Como es el caso de Aníbal Rojas, del partido Viva, quien hace unos años propuso la iniciativa de protección a la vida y la familia, misma que inspiró la política pública del Ejecutivo que lleva el mismo nombre.
Algunos datos del cáncer
El cáncer es la segunda causa principal de muerte en América, después de las enfermedades cardiovasculares, según el Observatorio Global de Cáncer (Globocan). En 2020, 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1.4 millones murieron por esta enfermedad.
Según estadísticas del Ministerio de Salu https://rudagt.org/la-politica-provida-y-familia-el-iceberg-de-una-agenda-para-frenar-la-educacion-sexual-y-negar-a-la-diversidad/d, de 2017 a 2021 se registraron 16 mil 758 casos de morbilidad por cáncer. Es decir, más de 16 mil personas estaban enfermas en el país al mismo tiempo.
La OPS ha instado a la región a aumentar los servicios de tratamiento del cáncer y mejorar la prevención para reducir los nuevos casos de la enfermedad, los cuales podrían aumentar en casi 60% para el año 2040, de no tomarse medidas.
Si todo sigue igual, se prevé que la cantidad de casos aumentará en el 91% entre el 2012 y 2035. En tanto, los casos de muerte incrementarían en 106%.
Bajo este panorama, se pronostica que los costos económicos, como el pago de medicamentos, hospitalización y diagnóstico o algunos costos indirectos (por ejemplo, la pérdida de productividad) crecerán de manera significativa.
En 2020, hubo 16 mil 686 nuevos casos de cáncer en Guatemala y 9 mil 609 personas murieron por esta enfermedad. En los próximos cinco años la mortalidad por cáncer podría duplicarse debido a casos diagnosticados tardíamente por el aislamiento ordenado durante la pandemia del Covid-19, dijo Hernández Mack.
Según las estimaciones del Globocan, para el año 2040 habrá alrededor de 33 mil 100 casos nuevos en Guatemala.
