La Cámara de Representantes, una de las dos que forman el congreso federal, aprobó el viernes anterior un proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2023, que incluye restricciones a las ayudas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Por Héctor Silva Ávalos
El Congreso de los Estados Unidos volvió a imponer restricciones a la cooperación económica destinada a Guatemala y los otros dos países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador y Honduras. El desembolso de hasta el 60% de esos fondos estará sujeto a que el Departamento de Estado certifique los esfuerzos de estos países por combatir la corrupción, entre otras condiciones.
El viernes 1 de julio, el comité de asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó el presupuesto federal para el año fiscal 2023 (FY 2023 en inglés) y, con él, las asignaciones para las operaciones extranjeras de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado (DOS) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés), un documento llamado Sección 7045 (a) de la Ley de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.
En marzo pasado, la Casa Blanca de Joe Biden había pedido US$897 millones en cooperación para Centroamérica a través de varias partidas presupuestarias, entre ellas las de DOS y USAID. A esta última, el Congreso le puso un candado importante: para acceder al 60% de ese dinero, Guatemala, El Salvador y Honduras deberán pasar por una especie de preaprobación del Departamento de Estado, la cual dependerá de que los países muestren avances en varias áreas.
Para poder contar con el dinero, los gobiernos de Alejandro Giammattei en Guatemala, Nayib Bukele en El Salvador y Xiomara Castro en Honduras deberán ser capaces de probar avances en: combate a la corrupción, transparencia, protección a la sociedad civil, reducción del rol del ejército en la seguridad pública, reducción de violencia contra mujeres y niñas, reducción de pobreza, combate a la migración irregular y al tráfico de personas y mejoras a la salud fiscal de los Estados.
Estos condicionantes no son nuevos. Ya en 2014, el Congreso en Washington había puesto candados similares a la cooperación con Centroamérica tras el lanzamiento, ese año, de la llamada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, bajo los auspicios de la Casa Blanca de Barack Obama, representada por el entonces vicepresidente Joe Biden, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las condicionantes han sido básicamente las mismas. Pero, desde los tiempos de Obama, y a pesar de señalamientos a los gobiernos de turno en el Triángulo Norte por retrocesos en varios de las áreas exigidas, sobre todo en lo que tiene que ver con corrupción, impunidad y ejército, los países han sido certificados por el Departamento de Estado.
Algunas cosas han variado respecto a las condicionantes, debido, sobre todo a presión de congresistas que han mostrado interés en Centroamérica, como es el caso de Norma Torres, demócrata de origen guatemalteco que representa a California en la Cámara de Representantes.
“La ayuda estará condicionada al cumplimiento de los estándares de estado de derecho y derechos humanos. Si el Secretario de Estado no confía en que los gobiernos de la región cumplan con este estándar, puede redirigir los fondos a grupos efectivos de la sociedad civil”, escribió Torres en un comunicado a poco de la aprobación del FY2023.
Una de las cosas que ha cambiado en comparación a 2014, cuando los condicionamientos específicos al Triángulo Norte iniciaron, es que el lenguaje del Congreso en Washington ha incluido que los países deben ser capaces de demostrar que el combate a la corrupción pasa por “la investigación y la persecución de oficiales del gobierno, personal militar y policías presuntamente corruptos”.
El nuevo lenguaje también incluye “mayores medidas de supervisión tanto sobre el Control Internacional de Narcóticos y la Aplicación de la Ley (INL en inglés) como sobre la Educación y Entrenamiento Militar Internacional para estos países”. En el caso de INL, es de esta dependencia del Departamento de Estado, en la actualidad dirigida por Todd Robinson -exembajador en Guatemala-, que dependen buena parte de los programas de asistencia a las fuerzas públicas de la región, como policías y ejércitos.
El nuevo presupuesto, además, mantiene suspendida la ayuda militar por cuarto año consecutivo para Guatemala y Honduras y por tercer año para El Salvador.
Una tarea difícil
En Guatemala hay un caso emblemático que sintetiza las peticiones de los legisladores estadounidenses y la renuencia del gobierno de Giammattei a investigar a sus propios funcionarios acusados de abusos de poder y violaciones a los Derechos Humanos, y es el de los jeeps J8 donados por Washington para el combate al narcotráfico pero utilizados por dos gobiernos guatemaltecos para reprimir e intimidar a opositores.
A finales de octubre y durante noviembre de 2021, los J8 artillados fueron utilizados por el gobierno Giammattei durante un estado de sitio decretado por el presidente en El Estor, Izabal, para proteger los intereses de una minera ruso-suiza señalada por criminalizar a comunitarios Maya Q’eqchi’ que se le oponen, a periodistas que han denunciado la contaminación que una mina de níquel ha causado en el Lago de Izabal, y por financiar de forma indebida a la Policía Nacional Civil durante acciones represivas.
Prensa Comunitaria comprobó en El Estor, a través de documentación fotográfica y testimonios, que los J8 fueron utilizados para establecer perímetros militares alrededor de comunidades que fueron intervenidas por el ejército, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o incluso servicios de inteligencia del Estado durante el estado de sitio.
En una comunidad en particular, Chinebal, en el área sur de El Estor, los J8 estaban desplegados cuando miembros de la seguridad privada de una empresa que cultiva palma aceitera en la zona prendió fuego a varias casas de una comunidad Maya Q’eqchi’ ahí establecida.
El 30 de noviembre de 2021, nueve congresistas demócratas, entre ellos Torres y su colega de Nueva York Alexandra Ocasio-Cortez, enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken para que exigiera al gobierno de Giammattei dar explicaciones por el uso indebido de los J8. Los congresistas sospechan que los jeeps se utilizaron para “directa o indirectamente apoyar violaciones a los derechos humanos y obstruir procesos democráticos”.
Hasta ahora, según fuentes diplomáticas consultadas en Washington, el gobierno de Giammattei no ha respondido formalmente a lo exigido por los congresistas.
Las restricciones impuestas en el FY2023, dice un asistente legislativo demócrata consultado por Prensa Comunitaria, están encaminadas, precisamente, a que casos como el de los J8 no se repitan.
Por ahora, sin embargo, el gobierno Giammattei ha pasado de largo por los reclamos de los estadounidenses. Más que explicar, el presidente ha atacado. La última semana de junio, ante varios señalamientos hechos por la administración de Biden sobre la corrupción de la fiscal general Consuelo Porras y el exilio de operadores de justicia que han investigado a las élites políticas y económicas del país, Giammattei viajó a Washington para tratar de establecer, en círculos de ultraderecha, que los reclamos que le hace la Casa Blanca tienen que ver con la agenda antiaborto del gobierno guatemalteco y no con corrupción abusos o violaciones a los Derechos Humanos.
Otro caso reciente que ilustra el desafío de políticos guatemaltecos a las sanciones y condicionamientos de Estados Unidos es el de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, nombrada por el Departamento de Estado en la llamada Lista Engel como funcionaria corrupta y antidemocrática. Uno de los condicionantes del presupuesto FY2023 es “la investigación y persecución de oficiales del gobierno… presuntamente corruptos”, como Blanca Stalling. Lejos de eso, el Ministerio Público de Consuelo Porras, también nombrada en la Lista Engel, ha decidido cerrar el caso penal contra la exmagistrada.
La aprobación del proyecto de presupuesto FY2023 y el de operaciones extranjeras ocurre a pocos días de que se haga pública la actualización de la Lista Engel, otra herramienta con la que cuenta Washington para intentar llevar adelante su plan de combatir las causas que originan la migración masiva de centroamericanos hacia el norte, entre las que la administración Biden identifica la corrupción y la impunidad.
