Por Santiago Bastos Amigo
El pasado viernes 10 de junio, en la Torre de Tribunales de la ciudad capital se llevó cabo la audiencia de etapa intermedia del juicio que se lleva contra Nanci Sinto por el delito de “Depredación de Bienes Culturales”, supuestamente cometido el día 21 de noviembre del año 2020. Felizmente, la jueza Wendy Coloma decidió sobreseer el caso y ordenar el cese de la persecución penal en contra de Nanci dado que no encontró fundamento serio para enviar a juicio.
Es una muy buena notica, Nanci recobra su libertad y su dignidad y termina una pesadilla para ella y para todos
La persecución sistemática
Pero Nanci no es la única persona en este país que está pasando por estas circunstancias. Junto a ella, también fueron acusados la estudiante de sociología Dulce Archila y el escultor Juan Francisco Monroy, y sus procesos aún están abiertos. El mismo viernes por la mañana, en la Torre de Tribunales, la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra fue enviada a juicio, continuando encarcelada. Varios estudiantes de la USAC han sido acusados por su participación en las actividades de oposición la fraude en la elección de rector de esa universidad. La Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura acaba de presentar una denuncia contra la exfiscal general Claudia Paz y Paz y Elena Sut, por los delitos de abuso de autoridad, tortura y simulación de delito. Nuestro compañero Carlos Ernesto Choc y 11 miembros más de la resistencia de El Estor tiene varias denuncias en su contra.
Y así podríamos seguir hasta rellenar varias páginas. En todo el país hay cientos de personas repartidas por todo el territorio, en el campo y en las ciudades, objeto de una persecución penal, no por los crímenes que puedan haber cometido, sino por sus actividades en contra de los intereses de ciertos grupos o sectores con suficiente poder como para poder contar con el aparato de justicia su favor.
Parece que en la posguerra, las formas de control social y político han cambiado de forma, pero no de intención. Ya no existe un enemigo armado que justifique el asesinato sistemático de opositores, y supuestamente estamos en un estado de derecho que -aunque se discuta- ha reconocido y condenado las masacres y el genocidio de hace 40 años. Sin que deje de recurrirse a la muerte y la intimidación física –como muestran la reciente ejecución de don Pablo Ramos, dirigente de CODECA en Izabal- el acoso a los mismos estudiantes dela USAC o los desalojos violentos en territorio q’eqchi’- en este régimen político de posguerra la persecución penal es el eje de la estrategia represiva.
Este sistema está asociado en toda América Latina a los regímenes extractivos Se basa en la aplicación de la “doctrina del derecho penal del enemigo”, como ha insistido el licenciado Edgar Pérez, el “lawfare” como también se llama a este componente perverso de lo que Rachel Sieder ha denominado la juridificación de la política.
Es una forma de represión que se escuda en la legalidad y aparentemente actua de una forma “limpia” y “civilizada”, pero es tremendamente perversa y efectiva para lograr el control y de las movilizaciones y acciones de oposición. Pocos casos llegan hasta la fase del juicio oral, y de ellos, menos aún terminan con la condena de los perseguidos. Las acusaciones suelen ser tan evidentemente falsas, que no suelen resistir los diferentes pasos del proceso. Pero eso no es importante, la función de la persecución penal es la desmovilización, la desmoralización, el desvío de las energías, y eso se consigue aun sin condena. Por eso, los casos en que sí se llega a ello, son especialmente importantes.
Dado el uso generalizado de la persecución penal como una medida política, en todo el país, cientos de defensores de derechos humanos, del territorio u otros, están pendientes de una orden de captura que saben que existe en su contra, lo que limita enormemente su movilidad y, sobre todo, les hace vivir en tensión continua. Para otras muchos ya ha empezado el proceso de la judicialización, y viven –si es que se mantienen en libertad- pendientes de unos procesos jurídicos que se alargan de manera arbitraria, como Carlos Choc. Otros han tenido que salir del país como única forma de evitar la persecución.
El caso de Nanci muestra cómo desde que fue notificada de la acusación por un delito supuesto, su vida cambió: no sólo la amenaza de un encarcelamiento que ella y todos sabíamos injusto, sino que ha sido vigilada y tratada como una criminal, determinando su movilidad, interviniendo en su vida y en su privacidad. Como en muchos otros casos, el proceso no ha terminado en el encarcelamiento, pero el efecto ya está logrado.
Un Estado literalmente cooptado
En ciencia política es evidente el axioma de que cuanta menos legitimidad tiene un régimen político, mayor es el uso de la fuerza que despliega para mantenerse. En esta posguerra, la represión ha ido de la mano de la deriva del sistema político, convertido en una máquina de robar y permitir robar. Las jornadas de 2015 supusieron el momento de máxima muestra de la capacidad de presión de la ciudanía en las calles y carreteras de todo el país, y la conjunción de factores permitió que se llevaran a cabo parte de sus demandas.
Pero paradójicamente, desde entonces las cosas han empeorado. La promulgación de medidas anticorrupción y el reforzamiento de las instancias para llevarlas a cabo no logró aplacar el modelo de Estado-botín ni la persecución de quienes lo denuncian. Por el contrari, en los dos últimos periodos presidenciales estamos siendo testigos del reforzamiento de la alianza llamada Pacto de Corruptos –políticos, empresarios, militares, crimen organizado, empresas extranjeras…-, que con un una impunidad cada vez más descarada, han logrado anular la capacidad del Estado para controlar el enriquecimiento ilícito de sus supuestos servidores y sus aliados. La CICIG, la FECI, la Fiscalía Anticorrupción, van desapareciendo o quedando inservibles, y quienes les dieron uso según la ley, perseguidos como tantos otros guatemaltecos y guatemaltecas.
Estas acciones se coordinan desde el ejecutivo, ahora dirigido por Giamattei. El Congreso de la República es uno de los núcleos de la acción corrupta, como sabían todos los que se manifestaron el #21N. La presencia y capacidad de acción de quienes dentro de este organismo no comparten esta agenda y la denuncian, es meramente simbólica –aunque voluntariosa. En el sistema judicial poco se puede esperar, aparte de alguna sentencia como la afortunada del viernes en el caso de Nanci, y la presencia de gente como el juez Gálvez, que sigue ahí. Pero todo el aparato de justicia y seguridad ha sido el objeto de la acción impune de quienes se han propuesto manejarlo: la Corte Suprema, la de Constitucionalidad, la Fiscalía General han ido siendo ocupadas en los últimos años con un doble propósito: por un lado permitir la cantidad de acciones ilegales necesarias para lograr el enriquecimiento ilícito; y por otro, como estamos viendo, promover la persecución penal de quienes se oponen a ello.
La lucha por la calle
En esta situación, la oposición y la denuncia de estas prácticas y sus nefastas consecuencias, son hechas por actores que actúan fuera de la institucionalidad del Estado: organizaciones, personas, comunidades y pueblos que han hecho de las calles, las plazas, los cruceros y las carreteras; la comunicación y las redes, el espacio de la política.
No se han vuelto a lograr las grandes concentraciones de 2015, y estamos muy lejos de aquellas marchas de inicios de los 80 que retrató Mauro Calachina. Pero en los últimos ocho años se ha mantenido de forma constante la presencia de números variables de gente mostrando su inconformidad con la deriva autoritaria y corrupta de los gobiernos en la Plaza, la Torre de Tribunales o la Corte de Constitucionalidad en la capital, pero también en otras muchas ciudades y municipios, donde la oposición a la agresión a los territorios lleva casi dos décadas. Y esa presencia continua es un problema para unos gobiernos que cada vez tienen una base más débil.
Por eso fueron castigados Nanci, Dulce y Juan Francisco. Dada la rabia acumulada, había que impedir que el #21N iniciara un ciclo de manifestaciones que pudiera poner en peligro al Gobierno y sus aliados. Para eso se buscó asustar a los presentes con detenciones indiscriminadas y con un uso desproporcionado de la fuerza, como bien supo la misma Nanci y las dos personas que perdieron un ojo por las pelotas de goma; y por eso se permitió/promovió una acción también inusitada como fue el incendio de varias dependencias del edificio del Congreso.
A pesar de las demandas de organizaciones ciudadanas, no se ha perseguido judicial ni políticamente a los responsables de la violencia policial ni del incendio, pese a la cantidad de imágenes que hay para hacerlo. En cambio, el 24 de enero del año 2021 tres jóvenes recibieron órdenes de captura: una activista maya, una estudiante de sociología y un artista. Fueron lo que se llama un “blanco de oportunidad”, sujetos escogidos para dar un mensaje claro: la ocupación de la calle para mostrar descontento también va a ser motivo de persecución, como desde hace años lo es la oposición a las actividades extractivas o la simple denuncia de la corrupción. Y no se iba permitir a los jóvenes que lo cuestionen.
Esta vez no se les ha acusado de los delitos que se suelen usar en estos casos, como instigación a la violencia, quizá porque la violencia vino de otros lados de forma muy evidente. La acusación tan peregrina como del delito de “Depredación de Bienes Culturales” da la impresión de responder a la absoluta impunidad que sienten quienes promueven estas persecuciones: da igual de lo que se les acuse, lo que importa es poner en marcha un proceso contra ellos, asustarles, obligarles a tener que demostrar lo evidente. Pero también puede ser que se les están acabando las excusas, que sientan la presión de la calle y no se atrevan a usar esas otras acusaciones.
En cualquiera de los dos casos, Nanci está liberada. Por la razón que sea, la jueza Wendy Coloma decidió que no había fundamento para la acusación. Tal vez la acción conjunta de abogados, asociaciones mayas y de mujeres, prensa independiente y la presencia en la calle han tenido que ver con ello.
Lo que es claro es que hay que seguir defendiendo el derecho utilizar las calles, plazas, carreteras y demás espacios públicos como lugares de la acción política. Ante la cooptación de los demás espacios políticos y la improbabilidad de que de ellos surja una acción realmente cuestionadora, hay que luchar por mantener las calles para mostrar que en Guatemala hay gente que se opone a este modelo que reúne las actividades extractivas, las acciones corruptas, los viejos privilegios y las nuevas formas criminales de enriquecimiento.
Ante la cercanía de elecciones ya existen voces que claman por la unificación de los esfuerzos para lograr una presencia importante en el Congreso de la República de quienes representan esta oposición. Perdonen por mi pesimismo, pero creo que el sistema está muy bien engrasado ya, son varias décadas de ir perfeccionando la combinación de presión y clientelismo, de financiamientos y acuerdos con fuerzas regionales. Para lograr que la gente se convenza que hay una fuerza que puede acabar con esa corrupción que acaba con sus vidas, hay que mostrar que existe una verdadera oposición. Y eso se hace en las calles, ocupando plazas, parques, cruceros y carreteras; mostrando fuerza y sobre todo, determinación
Por eso, hoy mismo, tenemos que ir apoyar a Dulce Archila a la Torre de Tribunales. No sólo ella, todos nos jugamos mucho en cada uno de estos juicios.
