Por Héctor Silva Ávalos
Prensa Comunitaria conversó con la abogada salvadoreña Zaira Navas, jefa jurídica y de seguridad de Cristosal, una de las organizaciones que ha seguido más de cerca los abusos cometidos por el gobierno del presidente Nayib Bukele durante el régimen de excepción decretado a finales de marzo pasado y renovado por segunda vez en la Asamblea Legislativa el 25 de mayo. Navas asegura en la entrevista que han recibido denuncias de que al menos 16 personas han sido ejecutadas mientras estaban en poder de agentes del régimen. Buena parte de las detenciones, dice, pueden calificarse como arbitrarias.
A finales de marzo, tras un fin de semana violento en el que 87 personas fueron asesinadas en 72 horas, Bukele pidió al Congreso, en el que su partido tiene supermayoría, un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a defensa entre otros. El objetivo, según la propaganda oficial, es combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18, a las que se achacan los homicidios.
Audios publicados por el periódico El Faro revelan que la masacre de marzo tiene su origen en el rompimiento de un pacto de gobernabilidad entre el gobierno Bukele y las pandillas. La respuesta del gobierno, tras la ruptura y el alza en las muertes, fue un relanzamiento de las políticas de mano dura, puestas en práctica por gobiernos desde hace años y que en esencia consisten en realizar capturas masivas de jóvenes que viven en barrios empobrecidos del país.
Para Navas, la diferencia entre la mano dura de Bukele y las anteriores, es que el actual presidente controla todo el Estado, con lo que ningún tipo de contrapeso es posible. Por ahora, los homicidios han bajado, pero, dice Navas, las pandillas siguen extorsionando y manteniendo control territorial en amplias zonas del país. Mientras, una crisis se cocina en las cárceles de El Salvador, donde el régimen de Bukele ha metido al menos 35 000 personas en tres meses.
La crisis no se aplacará cuando el régimen de excepción finalmente termine, advierte la abogada, ya que el gobierno se aseguró de pasar una reforma legal que hace permanentes las suspensiones de varias categorías constitucionales y permitirá, por ejemplo, que la detención provisional de una persona dure de forma indefinida.
PC: ¿Cuáles son las principales restricciones a los derechos humanos de los salvadoreños que ha impuesto el régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele?
ZN: El régimen de excepción limitó varios derechos garantizados en la Constitución que la misma Constitución no permite restringir, particularmente relativos al artículo 12, que garantiza el derecho de defensa. También está restringido el derecho relativo a que la persona debe ser notificada de los hechos que se le imputan y que no puede declarar contra sí mismo, el régimen de excepción incluyó esto.
PC: ¿Cómo se han aplicado en los tribunales y en los procesos judiciales estas restricciones?
ZN: En la práctica, lo que ha pasado es lo siguiente: En primer lugar están deteniendo a personas que ya fueron procesadas y ya salieron en libertad hace dos o tres meses y no se les dice si es por otro delito o por el mismo delito, pero hemos identificado que es por el mismo delito.
Están capturando también a personas que están con medidas sustitutivas y obviamente están haciendo capturas arbitrarias.
El régimen de excepción se ha prestado a muchas arbitrariedades, que es lo que ocurre al ordenar detenciones para cumplir números o cuotas de detenidos -al principio eran mil hoy son 500 cada día, y hay muchos audios y grabaciones de policías que lo prueban. Esto ha generado más arbitrariedades a nivel operativo entre jefaturas medias de la PNC, pero también lo han aprovechado policías para saldar rencillas personales o para acosar personas; están haciendo uso abusivo. Están aprovechando la arbitrariedad del régimen para cometer más arbitrariedades. Y hay algunos casos de acoso a defensores, líderes comunitarios y sindicalistas.
PC: ¿Cuáles son las violaciones más graves al debido proceso?
ZN: Lo más grave del régimen de excepción son estos quince días que habilitan, y así lo han interpretado la Policía y la Fiscalía, para que puedan hacer detenciones masivas sin mayores elementos de prueba o sin individualizar la participación delincuencial de una persona, y como ya sabemos para que una persona tenga responsabilidad penal se requiere que se establezca la responsabilidad individual en el hecho delictivo y cuál es el delito que ha cometido. Eso no está ocurriendo.
Estamos viendo audiencias masivas que llegan hasta más de 600 personas (en las que) es imposible que se puedan presentar elementos indiciarios para determinar la participación delincuencial. La fiscalía está presentando el requerimiento uno o dos días antes en audiencias donde van entre 100 y 600 personas. Las audiencias se desarrollan sin el cumplimiento de las reglas del debido proceso. La mayoría tiene defensores públicos, porque la mayoría es gente de escasos recursos. Los defensores particulares no tienen acceso a la información para saber a qué juzgado va a llegar. Se está generando una gran incertidumbre. Por otra parte, la Procuraduría General de la República (encargada de la defensa pública), por la masividad de casos que está recibiendo, solo tiene 263 defensores públicos y a este día la PNC está reportando 32 529 personas detenidas (123 detenidos por procurador). Es materialmente imposible que la PGR realice una defensa efectiva, lo cual implica otra vulneración de derechos.
PC: ¿Qué pasará cuando finalmente se levante el régimen de excepción?
ZN: Lo más grave de todo esto es lo que ocurrirá después, a partir de las reformas penales, que incluyen varias cosas. La primera es dar medidas alternativas a la detención provisional cuando las personas son procesadas por delitos relativos al terrorismo, por eso es que en la mayoría de los casos los jueces solo son pasapapeles cumpliendo la solicitud de la fiscalía que pasen a instrucción y están decretando la detención provisional en la mayoría de los casos. El mismo ministro de seguridad dijo que solo 163 personas habían salido en libertad del total de personas que ya habían sido procesadas y pasadas a audiencia, en ese momento 15,000 personas.
Otra de las situaciones graves por la reforma penal es que se ha eliminado el límite para estar en detención provisional, que antes era de dos años. Hasta ahora, cuando la Fiscalía no ha podido establecer la participación de una persona pedía seis meses de prórroga. No existiendo la limitante de dos años va a ser posible que la fiscalía siga manteniendo detenidas a estas personas. Es indeterminado el tiempo que la persona puede llegar a estar en detención provisional y esto vulnera ampliamente las garantías de presunción de inocencia, del derecho a la defensa, de ser juzgado por el juez natural, la independencia judicial, el principio de legalidad, el principio de igualdad entre otras garantías constitucionales.
PC: El periódico El Faro reveló hace poco más pruebas de que el gobierno tiene un pacto con las pandillas, ¿qué dice ese pacto en todo este contexto de régimen de excepción, detenciones arbitrarias, violaciones de derechos?
ZN: El reportaje de El Faro revela lo que ya presumíamos, que el gobierno había realizado algún tipo de negociación con las pandillas. No había habido variación en los planes operativos ni en los procedimientos policiales ni de la Fuerza Armada respecto a lo que se hacía en gobiernos anteriores. Las extorsiones y las denuncias de control por parte de las pandillas seguían siendo constantes en las comunidades. Sin embargo, sí había una disminución de homicidios.
Lo que revela y prueba que sí se produjo una negociación es que en tres días estas estructuras delincuenciales tuvieron la capacidad de ejecutar a 87 personas o más, lo que es una afrenta directa al gobierno. Obviamente el gobierno responde de una manera inesperada para las pandillas. Más allá de la guerra contra las pandillas, el gobierno les está tocando esa base social más sensible, que son las familias.
Es una política de seguridad es muy peligrosa, porque al no haber investigación previa no se tiene seguridad de que a quienes se está deteniendo son realmente miembros de las pandillas y están cometiendo delitos. Los cientos y miles de personas de personas que han detenido que no tienen estas características (de pertenencia a pandillas) se convierten en detenciones arbitrarias. La lectura es que esto está generando una crisis humanitaria para las familias que han sido víctimas de estas detenciones arbitrarias. El gobierno no está dando alternativas a la extrema pobreza que existe en estas familias y que -por las detenciones arbitrarias- se han quedado sin la persona que provee, las que tenían empleos formales e informales.
PC: Entre los detenidos si habrá algunos que son pandilleros…
ZN: Sobre esas personas a las que el gobierno ya tenía perfiladas por pertenecer a pandillas la pregunta que se abre es porque el gobierno no las capturó antes. Todo esto nos lleva a presumir que esta información que se ha revelado (del pacto entre el gobierno y las pandillas) tiene un sustento. Es decir que el plan de control territorial no era real, que las pandillas seguían controlando territorios y extorsionando. Las pandillas hacen un alto, desafían al gobierno y el gobierno responde con capturas generalizadas. Hay que decir que todavía hay denuncias de extorsiones y de desplazamientos por la violencia de las pandillas.
PC: ¿Es justo decir que el pacto termina convertido en una política de Estado que al final genera todo esto, el régimen de excepción, los abusos?
ZN: Es una política pública porque es una decisión del Estado aunque no esté estructurada formalmente como tal, pero no es una política que resuelva el tema estructural de la formación y desarrollo de las pandillas o que busque dar sostenibilidad a una reducción de delitos atribuidos a las pandillas. Estamos viendo una política muy similar a las manos duras, que también incluyeron capturas masivas, con la diferencia de que entonces había un contrapeso en el órgano judicial. Hoy el presidente controla al Legislativo y al Judicial lo que hace que todas estás arbitrariedades no tengan reparo y que no exista control. Sin embargo esto no es sostenible.
PC: ¿Se avecina una crisis en el sistema penitenciario?
ZN: Lo más seguro es que estas personas queden detenidas al menos por un año y esto se va a convertir en una crisis para el sistema penitenciario. Las declaraciones de algunos funcionarios de que en El Salvador hay más de 70 000 pandilleros indican que el gobierno lo sabía y no estaba haciendo acciones ni de prevención y mucho menos de persecución del delito. Que ahora pretenda encarcelar a tantas personas es insostenible para el sistema penitenciario a pesar de que estén hablando que van a construir cárceles; solo lo que esto implica en términos de alimentación, de personal, de avituallamiento, representa un gasto exagerado para el país. Más parece una política de propaganda que pretende mantener a estas personas detenidas, pero esto es una bomba de tiempo. Nosotros ya tenemos documentado 16 casos de personas que han sido ejecutadas bajo responsabilidad del Estado ya sea en el momento de la detención, cuando están dentro de un penal o cuando salen del penal. No tenemos precedentes de situaciones similares a esta.
