“Por el formalismo de que las solicitudes que se presentaron ante la Comisión no llenan expectativas, se está dejando de discutir bastante cosas concernientes al perfil de la persona, hay varios perfiles que preocupan”. Andrea Reyes.
Por Regina Pérez
Quince candidatos han quedado en la carrera para ocupar el cargo de Fiscal General. Cinco de ellos, incluida la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, tendrán que desvanecer ante la Comisión de Postulación los impedimentos presentados en su contra. De los 15 candidatos, hay varios perfiles que preocupan y que son nombres recurrentes en ser señalados mientras que de otros poco se sabe.
La fase de presentación de tachas y pruebas de descargo que finaliza esta semana, es una oportunidad para que los integrantes de la Comisión de Postulación puedan recibir de la ciudadanía información de los candidatos, que no tienen necesariamente, según Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia. Sin embargo, esta información tiene que estar fundamentada.
La semana pasada, los comisionados aceptaron cinco tachas en contra de Consuelo Porras, actual Fiscal General, por su inclusión en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, conocida como Lista Engel, por el plagio de su tesis doctoral y por incumplir méritos de idoneidad y capacidad.
También fueron aceptadas cuatro tachas en contra de Jorge Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nación (PGN), por haber defendido a una persona vinculada con la familia Mendoza Matta, señalada de narcotráfico, lo cual ocultó a la Comisión; por carecer de idoneidad y honorabilidad; por abuso de autoridad y por conducta negligente como PGN.
La Comisión aceptó dos objeciones en contra de Óscar Dávila, titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, presentadas por José Figueroa Sánchez y Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, por no contar con 10 años de ejercicio profesional.
Otra objeción que se presentó fue en contra de Eliseo Quiñónez, fiscal del MP, por la abogada Amanda Santizo, quien con anterioridad accionó en contra de la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
El último impedimento aceptado por la Postuladora fue en contra del magistrado Henry Alejandro Elías, de la Sala 1era de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidios, por aparecer en una grabación con Gustavo Alejos, empresario señalado de manipular la elección de las altas Cortes en 2019.
Ibarra, de Pro Justicia, explicó que en esta fase, los comisionados no piden pruebas férreas, sino que requieren que haya una sustentación de las tachas para que sean tomadas en cuenta. Esto viene desde 2009, cuando comenzaron a funcionar las Postuladoras y se pidió no tachar sin fundamento o porque una persona tenga una denuncia penal o un proceso de antejuicio.
“Si hay algo que está en el MP o que ya tenga control judicial, la comisión no puede actuar como juez sino tiene que tener a la vista elementos que los convenzan de que esta persona, más allá de un proceso judicial, es idónea”, indicó Ibarra.
Preocupan varios perfiles de candidatos
La abogada Andrea Reyes, quien presentó dos objeciones, una en contra de la Fiscal General, que fue aceptada y otra en contra del candidato José Enrique Urrutia, dijo a Prensa Comunitaria que ve con preocupación como está avanzando el proceso de elección, puesto que comenzó vedándole la participación a jueces y magistrados que tienen experiencia y doctrina, en material penal.
Esto porque la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo al abogado Raúl Falla, que impidió la participación de los jueces de primera instancia, que no demuestren contar con 10 años de ejercicio como abogados o un periodo igual como magistrados.
Reyes señaló que al vedarle la participación a excelentes cuadros, ahora existe la posibilidad de que José Enrique Urrutia, un abogado que solo ha litigado procesos civiles, sea considerado más apto, según la CC, para ser Fiscal General, que un juez penal.
Por otro lado, la abogada indicó que ven como un “triunfo ciudadano” que mucha gente se haya animado a presentarle tachas a Porras, aunque la Comisión dejó afuera varios impedimentos que hubieran sido importantes discutir. “Por el formalismo de que las solicitudes que se presentaron ante la Comisión no llenan expectativas, se está dejando de discutir bastante cosas concernientes al perfil de la persona, hay varios perfiles que preocupan”, dijo.
En el caso de José Enrique Urrutia, elPeriódico publicó el pasado lunes que es testaferro de la “off shore” por medio de la cual la empresa Sigma Constructores S.A. transfirió dinero que se canalizó a cuentas del Partido Patriota (PP) en concepto de sobornos. A criterio de Reyes, esto constituye un conflicto de intereses para su candidatura. “Creemos que no es un personaje idóneo y podría ser destructivo para el país que alguien como él quede”, indicó.
Para Ibarra, aunque la fase de tachas es la oportunidad de conocer más sobre los candidatos, a veces la información surge después, como en este caso, cuando ya se había cerrado la oportunidad de presentar las objeciones.
Según las tachas presentadas en contra de Urrutia, está vinculado a la Fundación contra el Terrorismo y ha participado en hostigamiento en redes sociales contra jueces y defensores de derechos humanos. Tampoco tiene formación académica en el área penal, sin embargo, todas las objeciones en su contra fueron rechazadas.
Otra particularidad de este proceso, para la directora de Pro Justicia, es que desde la opinión pública donde ella participa, ningún candidato inspira confianza.
Por ejemplo, hay aspirantes que no recibieron objeciones, como Gloria Suchité, quien ha integrado salas como magistrada suplente y que ha desbaratado casos y favorecido a personas señaladas en casos de corrupción, como el exdiputado Armando Escribá. Como parte de la Sala Segunda Suchité anuló las actuaciones en el caso Fénix, sobre un desfalco millonario al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Otro candidato cuestionado es el magistrado Henry Alejandro Elías Wilson, de la Sala de Femicidio, quien aparece en el caso de Comisiones Paralelas 2020, “no dan confianza porque uno cree que van a desbaratar casos, algunos de ellos podrían seguir la línea de la FG”, dijo Ibarra.
De otros candidatos como el magistrado Gabriel Estuardo García Luna, presidente de la Junta de Disciplina Judicial o el magistrado Néctor Guilebaldo de León, poco se sabe.
Sandoval: Porras pudo haber recibido tachas por obstrucción a la justicia
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, expresó en un foro promovido por Pro Justicia, los motivos por los cuales a su criterio, Porras pudo haber sido cuestionada, además de las tachas que se le presentaron, por situaciones en las que él considera que la Fiscal General pudo haber obstruido la justicia e investigaciones, que son hechos que no han prescrito.
Estos son: manipulación de los tiempos de la investigación en el caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE, en el caso TIGO y financiamiento del partido Unionista; retiró de la FECI casos que habían avanzado relacionados al Ministerio de Salud y realizó gestiones para que fiscales, entre ellos Sandoval, fueran sancionados.
Agregó que Porras protegió a la magistrada de la CC, Leyla Lemus, incumplió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha protegido a Ricardo Méndez Ruiz al retirar una investigación de la FECI y empujó la investigación del caso Comisiones Paralelas para que se procediera a capturar al exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, situación que se ha convertido en un instrumento de negociación dentro de la Comisión de Postulación, por la manera en que se manejan los casos penales relacionados a Gálvez.
Sandoval señaló que Porras protegió al ahora magistrado de la CC, Néster Vásquez y benefició al exjuez Mynor Soto, para que no se accionara contra él; detuvo investigación relacionada a cómo se vendía información desde su despacho a personas que estaban vinculadas a investigaciones de la FECI; protegió al dirigente magisterial Joviel Acevedo y ha realizado acciones en defensa del presidente Alejandro Giammattei, entre otras situaciones.
En esta elección, Porras es una de las candidatas que menos confianza generan, según Carmen Aída Ibarra.
El proceso de elección de Fiscal General avanza en medio de un clima de persecución en contra de jueces, exfiscales y abogados que han sido parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Esta semana, la jueza Erika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D, renunció a su cargo por hostigamientos y amenazas en su contra en tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) separó al juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, quien ya no cuenta con su inmunidad, al ser denunciado por el MP.
