“Con este decreto pretenden endurecer las penas a aquellas mujeres que sufran abortos espontáneos, en un país donde las mujeres vivimos en condiciones inhumanas”. diputada Sonia Raguay
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Por Juan Calles
La Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República y organizaciones de la sociedad civil, piden al presidente Alejandro Giammattei vetar este decreto que consideran lesivo para la sociedad.
El diputado Edgar Batres de bancada Winaq manifestó su rotundo rechazo al decreto ley 18-2022, denominada “ley para la protección de la vida y la familia”, al indicar que: “Se criminaliza a la mujer guatemalteca, se criminaliza el accionar de las familias en este país y persigue un hecho natural como lo es la diversidad sexual”.
Ana Silvia Monzón, integrante de la mesa nacional por la educación integral en sexualidad, afirmó que rechazan el decreto porque coloca al país en el oscurantismo. “Ser mujer en Guatemala es muy difícil, las niñas, las adolescentes, enfrentan todos los días la violencia, la pobreza, el alza de los precios que afectan a las familias, pero eso no se aborda en esta ley” agregó. Además, subrayó que las razones de la migración que rompe relaciones familiares no se atienden lo que si es motivo de preocupación.
Por su parte la diputada Sonia Raguay opinó que el decreto en mención es una aberración jurídica y una aberración social. “El Congreso de la República castiga a las mujeres y a las familias de este país; con este decreto pretende endurecer las penas a aquellas mujeres que sufran abortos espontáneos, en un país donde las mujeres vivimos en condiciones inhumanas”, es un retroceso en materia de derechos humanos”, declaró la legisladora.
La ley para la protección de la vida y la familia, ley 5272 aprobada ayer por el congreso de la República con 101 votos, señala entre otros aspectos que: “Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Además en dicha ley existen cambios al Código Penal, aumentando las penas contra las mujeres que practiquen cualquier tipo de aborto, poniendo en riesgo de persecución penal a las que sufran un aborto involuntario. Las sanciones van de 5 años hasta los 25 años de prisión no conmutables.
El decreto ley también prohíbe el matrimonio para personas del mismo sexo. Ahora se queda a la espera que el presidente de la República apruebe o vete la ley aprobada por el Congreso lo cual sucederá, por ley, en los siguientes 15 días.
