1. Nuestro repudio e indignación por la crisis en la que el gobierno del señor Alejandro Eduardo Giammattei Falla; la señora María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General del Ministerio Público; Diputados y políticos corruptos; la mayoría de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia presidida por la señora Silvia Patricia Valdez y de la Corte de Constitucionalidad; jueces y magistrados de categoría inferior que en alianza con sectores empresariales corruptos, mafiosos, crimen organizado, narcotráfico, violadores de derechos humanos y autores de delitos de lesa humanidad, tienen cooptada la justicia ordinaria y constitucional; así como, la institucionalidad del país, para consolidar la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencia, para tener una justicia a su medida y lejos de fortalecer la justicia independiente, criminaliza a quienes pretenden realizar sus funciones conforme a la ley.
2. Repudiamos el hecho de que la última víctima de este sistema corrupto, de tráfico de influencias e impunidad sea la Jueza Erika Lorena Aifán Dávila, que se suma a la lista que ya es larga de funcionarios del sector justicia que han tenido intervención en casos de corrupción e impunidad de las élites económicas, políticas, militares y de poder en Guatemala y que por su actuación son criminalizados y han tenido que ejercer su derecho al exilio para garantizar su seguridad, integridad física y su vida; al ser víctimas de los sectores de poder que operan en la oscuridad, que durante años han mandado en el país.
3. El gobierno de Guatemala, no puede hablar de democracia y de respeto de los derechos humanos, si no garantiza una justicia independiente, apegada a la constitución política de la república, el bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
4. Así mismo, exigimos al señor Alejandro Eduardo Giammattei Falla presidente de la corrupción y la impunidad, no continuar mintiendo al pueblo de Guatemala con informes falsos y a la comunidad internacional que su gobierno brinda protección a funcionarios del sector justicia que luchan en contra de la corrupción, nuestra mejor prueba está en el número de funcionarios del sector justicia entre fiscales, jueces y magistrados que se encuentran en el exilio y procesados penalmente.
5. También responsabilizamos al señor Gimmattei Falla, a la señora María Consuelo Porras Argueta y demás integrantes del pacto de corruptos, de la destrucción de la incipiente democracia y la obstaculización de la acción penal en materia de corrupción e impunidad en el país.
6. Pedimos de forma urgente al Relator de Naciones Unidas Diego García-Salán, al Relator Especial para pueblos indígenas del Naciones Unidas Francisco Calí, a la Relatora de Derechos Humanos Michelle Bachellet, así como al Comité y al Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, para pronunciarse sobre la crisis sobre la independencia judicial, la seguridad de funcionarios del sector justicia, la vigencia de los derechos humanos y derechos específicos de los pueblos indígenas en Guatemala y condenen estos actos de persecución.
7. Pedimos a la comunidad internacional sancionar a los responsables del gobierno de Guatemala por estos actos indignantes de incumplimiento del principio pacta sunt servanda, para garantizar la observancia de los compromisos adquiridos en el derecho convencional en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento de la independencia judicial, los objetivos de desarrollo sostenible y otros compromisos para consolidar el respeto de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho constitucional y plural; tomando medidas y aplicando sanciones en contra de los responsables de estos hechos que son de conocimiento público en el ámbito internacional.
8. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia terminar con la persecución penal espuria en contra de los jueces y magistrados que están siendo víctimas del pacto de corruptos, que conocen casos de corrupción e impunidad, que por su poca cobertura mediática no son conocidos a quienes también presentamos nuestra solidaridad, al igual que a los demás funcionarios del sector justicia exiliados y procesados.
9. Exigimos a los fiscales honestos del Ministerio Público investigar de manera objetiva como dice la Constitución Política de la República y el Código Procesal Penal, las denuncias presentadas por la Juez Aifán Dávila y dejar de criminalizarla; así como las denuncias presentadas por otros operadores de justicia que son criminalizados por su trabajo objetivo y que por medio del derecho penal pretenden cobrarles venganza.
10. Exigimos al pueblo de Guatemala a no seguir permitiendo el socavamiento de la democracia y el Estado constitucional de derecho plurinacional realizando las acciones pacíficas que estén a su alcance para manifestar su descontento y rechazo a las autoridades responsables de esa persecución y la corrupción.
Territorio Ixil, 23 de marzo del año 2022.
