Contra Arteaga pesan muchos señalamientos, sobre todo por la forma en que ha resuelto los casos que involucran a defensores del territorio como Abelino Chub, María Cuc Choc y la Gremial de Pescadores Artesanales, periodistas y el caso de la muerte de los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala en Izabal.
Por Regina Pérez
Edgar Aníbal Arteaga López, Juez de Primera Instancia en el municipio de Puerto Barrios, Izabal, quien ha conocido varios casos que implican a defensores de derechos humanos, enfrenta actualmente una solicitud de antejuicio en su contra presentada por el Ministerio Público (MP) por supuestamente recibir dinero de presuntos narcotraficantes. Escuchas telefónicas reproducidas en una audiencia del caso Onix, sugieren que el juez recibió dinero a cambio de beneficiar a los detenidos.
Contra Arteaga pesan muchos señalamientos, sobre todo por la forma en que ha resuelto los casos que involucran a defensores del territorio como Abelino Chub, María Cuc Choc y la Gremial de Pescadores Artesanales, periodistas y el caso de la muerte de los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala en Izabal.
Incluso ha sido denunciado administrativamente en la Supervisión de Tribunales, sin embargo, las denuncias en su contra no han prosperado, afirmó el abogado Francisco Vivar, que defendió a integrantes de la Gremial.
En esta ocasión los señalamientos en su contra van acompañados de una denuncia del Ministerio Público, que señala que Arteaga habría recibido dinero de presuntos narcotraficantes. La Fiscalía de Delitos Transnacionales solicitó quitarle la inmunidad al juez el pasado 19 de noviembre por los delitos de asociación ilícita, prevaricato y cohecho pasivo. También presentó una solicitud contra el juez de Paz de Izabal, Julio Vásquez Xol, por prevaricato y cohecho pasivo.
La Fiscalía señala a los jueces Xol y Arteaga de haber beneficiado en la audiencia de primera declaración a presuntos narcotraficantes detenidos en el operativo denominado “Río Escondido”, ligándolos a proceso por un delito menor, pese a que fueron capturados de forma flagrante con paquetes de cocaína. Además, dos de esas personas fueron enviadas a un centro hospitalario sin haber sido diagnosticadas con algún padecimiento de salud, con el fin de evitar prisión.
En una audiencia realizada el pasado 30 de noviembre, en el Juzgado B de Mayor Riesgo, que preside el juez Miguel Ángel Gálvez, la Fiscalía de Delitos Transnacionales reprodujo escuchas telefónicas que sugieren que el juez habría recibido dinero a cambio de otorgar la libertad a los acusados.
Juez con tradición de denuncias por su actuar
Arteaga es un juez que lleva más de 20 años laborando en el Organismo Judicial. Según su hoja de vida, comenzó a laborar como juez del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Zacapa, en 2000. Fue juez del Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva de donde fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios Izabal del 14 de mayo de 2014, donde labora hasta la fecha.
Una característica del juez, según abogados y personas que han litigado en su juzgado, es que aparentemente tiene una cercanía o parcialidad a favor de las mineras.
Carlos de León, padre de Ángel de León, uno de los tres estudiantes fallecidos en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, en 2012, lo señala como “un corrupto”.
En el caso de nosotros, lo resolvía todo a favor de la minera, estuvimos a punto de que diera por terminado el caso, indicó. A raíz de eso, interpusieron una queja en el Organismo Judicial en contra del juez y fue recusado.
De León describe también cómo eran notificados a audiencias y cuando ya estaban en camino les avisaban que estas se suspendían. Hubo una vez que la suspendieron porque al representante de la minera le dio un dolor de muelas, “lo que trataba él era ir retardando el proceso y provocar desgaste en nosotros”, señaló.
También indicó que el juez resolvía de manera anticipada a la mina CGN, como ocurrió en una ocasión cuando notificó a los fiscales que se suspendía la audiencia a petición de la minera, y estando los fiscales en el juzgado llegó la solicitud. A raíz de eso el juez fue recusado y él mismo se excusó del caso.
La abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas, quien ha llevado la defensa de la traductora Q’eqchi’ María Cuc Choc en el Juzgado de Arteaga, en Puerto Barrios, Izabal, señaló que, en lugares alejados de la ciudad capital, por ser lejanos y fronterizos, “existe una serie de delitos que tienen que ver con tráfico de drogas, piezas arqueológicas, autorizaciones mineras o desalojos y por el tipo de territorio donde está él se ha prestado a estas situaciones”.
Ella recordó que en un caso el juez dio medidas sustitutivas a personas detenidas que no eran de Guatemala, sin acreditar el arraigo, en tanto en el caso de Cuc Choc, traductora Q’eqchi’ que es originaria de ese departamento, la envió a prisión preventiva y no la benefició con arresto domiciliario, pese a que los delitos de los que la acusaban eran menos graves.
Es importante mencionar que existe una preferencia o parcialidad hacia las empresas (de parte del juez) porque a todas las audiencias a donde nosotros hemos ido, si está programada a las 9 y el querellante adhesivo no está, esperamos por horas hasta que el querellante llega, indicó la abogada.
Un juez cuestionado y la esperanza de Abelino Chub Caal de justicia
El abogado Vivar, quien defendió a integrantes de la Gremial de Pescadores, dijo que en otros casos “sus resoluciones han sido cuestionadas, nosotros hemos sido cautos porque no hemos tenido las pruebas que realmente puedan demostrar nuestra sospecha de que él ha sido complaciente con las contrapartes”.
Arteaga giró órdenes de captura contra los integrantes de la Gremial de Pescadores y periodistas en 2017. El abogado Vivar indicó que les generaron dudas estas órdenes de detención y ahora están en proceso de impugnación de una de sus resoluciones.
“El actuar de él para nosotros ha sido dudoso, pero hemos sido cautos, porque no hemos tenido las pruebas para poder denunciarlo, pero sí hemos puesto denuncias administrativas en relación al actuar del juez, porque consideramos que no ha sido un actuar legal…” dijo Vivar.
Vivar dijo que ellos han denunciado administrativamente al juez en la Supervisión de Tribunales, sin embargo, estas no han prosperado.
“No va a haber justicia mientras tengamos jueces como él”
Sobre las implicaciones de que continúe en el sistema de justicia, Carlos de León señaló que el juez “es un cómplice de la corrupción y de la impunidad en Izabal, principalmente a favor de la minera”.
“No va a haber justicia mientras tengamos jueces como él, es increíble que la Supervisión de Tribunales no lo sancionen” manifestó. “Yo pienso que la población debe exigir y organizarse, para exigir justicia”, afirmó.
Por su parte la abogada López manifestó que ven positivo que se investigue a profundidad cuáles son las acciones concretas que el juez está realizando.
Casos que ha conocido Arteaga
Caso de la Gremial de Pescadores. En 2017, varios representantes de la Gremial de Pescadores, así como el periodista Carlos Ernesto Choc, fueron detenidos y ligados a proceso. Entre los ligados a proceso están los pescadores Cristóbal Pop y Eduardo Bin Pouu.
Arteaga es el juez que firmó la orden de desalojo de la comunidad Palestina, en la finca Chabiland, El Estor, Izabal, el pasado 16 de noviembre, donde unas 90 familias fueron afectadas y sus champas fueron quemadas.
También giró órdenes de captura en contra de autoridades del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’, del área sur de El Estor, Izabal, a principios de noviembre.
Asimismo, conoció el caso en contra del defensor del territorio, Abelino Chub, contra quien en junio de 2017 el MP pidió cerrar el caso pero el juez no lo liberó sino que trasladó el mismo a la ciudad de Guatemala. Chub salió en libertad tras pasar más de dos años y dos meses en prisión.
Juez de Puerto Barrios famoso por casos de criminalización aspiraba a magistrado y fue depurado