Por Elmer Ponce
Las comunidades de la Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, en Petén, rechazaron este lunes, la criminalización y los desalojos gubernamentales que han sufrido desde 1990, cuando se declaró áreas protegidas las tierras donde habitan con temor.
Los manifestantes argumentaron que desde 2016, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) se ha opuesto al diálogo con las comunidades que se localizan en esta zona, cuando presentaron cuando las comunidades una propuesta de desarrollo integral y sostenible para las comunidades.
Además, indicaron que las acciones del Estado solo benefician a empresas transnacionales y ve con indiferencia la pobreza, la desnutrición, y la insalubridad en la que vive la población, como el caso del desalojo de Laguna Larga San Andrés y la población Q’eqchi’ de El Estor, Izabal.
