“A la gente se le ha engañado, el estado de Guatemala no ha sido transparente en las negociaciones, pretende que una solución que debería constituir una reparación para sus derechos, se convierta en una deuda para la gente”
Por Regina Pérez
El 2 junio de 2017, alrededor de 1 mil 500 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército desalojaron a más de 100 familias que vivían en la comunidad Laguna Larga, en el municipio de San Andrés, Petén, con el argumento de que ocupaban un área protegida. Hasta la fecha y pese a contar con medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano y con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), el gobierno de Alejandro Giammattei no ha reinstalado a las familias ni ha cumplido con las medidas ordenadas.
En una rueda de prensa, abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), que asesora a la comunidad, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), que les da acompañamiento y el diputado Aldo Dávila, pidieron al gobierno del presidente Giammattei que cumpla con la reubicación de las familias, que ahora están asentadas en la zona fronteriza con México y corren el riesgo de ser desalojados debido a que el lugar donde se encuentran pasó a manos de un nuevo dueño.
Carlos Martínez, del BDH, señaló que el estado guatemalteco no ha cumplido con las medidas cautelares de las cuales son beneficiarios los pobladores de la comunidad. Según Martínez, lo que ocurre en Laguna Larga ha sido reconocido como una crisis humanitaria en la que se violentan los derechos de los habitantes de esa comunidad, desde el acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna.
El abogado agregó que también hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena al presidente Alejandro Giammattei y a sus ministros, cumplir con las medidas cautelares así como otras condiciones. “A la gente se le ha engañado, el Estado de Guatemala no ha sido transparente en las negociaciones, pretende que una solución que debería constituir una reparación para sus derechos, se convierta en una deuda para la gente”, indicó.
El Gobierno pretende que los pobladores paguen por lo menos el 50 por ciento del valor de la finca donde serán instalados.
Una de las peticiones que se han hecho al gobierno es de que reinstalen temporalmente a los comunitarios en su lugar de origen mientras se encuentra una solución al problema. No obstante, eso no ha sido aceptado por el Estado.
Leocadio Juracán, del CCDA, señaló que ellos solicitan que se les permita retornar a Laguna Larga mientras encuentran un lugar definitivo para vivir. Lo irónico es que las familias fueron desalojadas con el argumento de que estaban viviendo en un área protegida, ahora que han visitado algunas fincas donde podrían ser reinstalados, estas tierras también se ubican en área protegida, indicó.
Los pobladores se instalaron en Laguna Larga en 1984, cinco años antes de que entrara en vigencia la Ley de Áreas Protegidas, en 1989.
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Según el integrante del CCDA, esa ley es la que está invadiendo los territorios de los pueblos originarios. Por otro lado, la comunidad era reconocida por el mismo Estado, ya que contaba con una escuela reconocida por el Ministerio de Educación y tenía un Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE).
Según Juracán, el desalojo fue el argumento oficial para desalojar a la comunidad, sin embargo, considera que hay un interés de despojo y de control de los bienes naturales en ese territorio.
Rubén Domingo, del equipo asesor del Bufete, indicó que la región de Laguna del Tigre, donde se ubica la comunidad, en el municipio de San Andrés, Petén, es una zona donde ha habido una lucha por el apoderamiento de la tierra y recursos de la zona.
La comunidad fue expulsada porque para los intereses locales de allá son un estorbo y la razón de no regresarlos es porque se les acusa a ellos de usurpar áreas protegidas, de ser parte del crimen organizado, de depredar la flora y la fauna. Se les inició un expediente por parte del CONAP y el Ministerio Público en el que no se les dio oportunidad de un debido proceso y de defensa, dijo Domingo, quien señala que esa es la razón más principal por la que no les permiten regresar a Laguna Larga.
Piden renuncia del director de COPADEH
Por otro lado, Juracán también solicitó la renuncia del actual director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), Rigoberto Casasola, porque como titular de la institución que sustituyó a la COPREDEH, encargada de resguardar los derechos humanos, no ha tenido la capacidad de evitar que el Estado deje de seguir violentando los derechos de los pobladores.
Juracán dijo que no existe un plan de implementación de las medidas cautelares, por lo que ante su ineficiencia e incapacidad, piden que deje el cargo.
Para los próximos días se prevé que una comisión realice una visita en la comunidad, tras lo cual darán un informe sobre las condiciones en que viven, que son infrahumanas y precarias.
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