Por Regina Pérez
A más de 45 días su captura por las desapariciones forzadas de opositores políticos que aparecen en el Diario Militar, el Ministerio Público (MP) no ha podido imputarles los delitos a dos militares retirados, porque según la defensa no pueden escuchar ni comprender de qué se les acusa. Colocándolos en un “limbo jurídico”, ya que la judicatura a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez tendrá que buscar una solución para que ambos puedan enfrentar la audiencia de primera declaración.
Este jueves, el juez Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, escuchó los resultados del examen de audición realizado por la doctora Claudia del Cid Chúa, del Centro Médico Militar, a dos de los militares retirados, así como las peticiones del MP, querellantes y abogados defensores de los acusados.
En el caso del general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, de 78 años, capturado el pasado 27 de mayo, su defensa indicó que sufría problemas de audición y que no podía entender al juez en la audiencia donde se le iba a notificar los motivos por los que fue detenido, por lo que se ordenó que se le realizaran exámenes médicos.
En tanto, el teniente coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco, de 80 años, enfrentaría audiencia el 22 de junio pasado, pero esto no pudo realizarse por sufrir de padecimientos de salud.
Del Cid explicó que Vásquez Echeverría tiene una disminución de la audición en ambos oídos, problema que tiene desde hace 10 años. La recomendación es que use auxiliares auditivos.
En el caso de Oliva Blanco, tiene una pérdida severa de la audición en ambos oídos, padecimiento que ha sufrido desde hace 20 años, según la médica. La recomendación fue la misma.
Del Cid dijo que el Centro Médico Militar (CMM) no provee los aparatos auditivos a los militares retirados, sino que tienen que ser adquiridos en negocios privados. Los costos se estiman entre Q4 mil a Q20 mil, según la experta.
El representante del MP solicitó al juez que se emplace al Ministerio de la Defensa, para que el Centro de Atención a Discapacitados (CADEG), provea los aparatos a los sindicados, en un plazo de 72 horas.
El querellante Paulo Estrada indicó que los militares tienen la capacidad de adquirir esos aparatos por su rango militar de general y coronel, que tuvieron una trayectoria larga en la institución armada. Lo que se está haciendo aquí es tratar de aplazar esa audiencia para que no se le imputen los delitos, vemos que es un continuum para mantener la impunidad, ya llevamos más del mes de la captura, dijo.
Estrada pidió que se garanticen los derechos de las víctimas y que no se pretenda con esto medidas dilatorias para seguir manteniendo la impunidad.
Por su parte, el juez Gálvez manifestó que no se puede tener esta situación de manera indefinida por lo que habrá que buscar una solución legal. “La ley no regula que porque no escucha, yo decida mandarlo a su casa, no lo puedo hacer”, manifestó.
El juez también señaló que emplazarán a los familiares de los acusados, en un plazo de 48 horas, para darles a conocer la necesidad que tienen de contar con los aparatos auditivos. “Si no, ya emplazamos al ministro de la Defensa”, añadió.
La audiencia se llevó a cabo en medio de la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del COVID-19. Hace dos semanas uno de los abogados de los querellantes resultó positivo y hoy se informó en la audiencia que la abogada de una de las querellantes, Jovita Tzul, también dio positivo.
Gálvez fijó audiencia para el próximo 23 de julio, para resolver la situación jurídica de los acusados.
Ligados a proceso
Por este caso, nueve militares y policías retirados ya fueron ligados a proceso: el general Marco Antonio González Taracena, el exjefe de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, Juan Francisco Cifuentes Cano y los exespecialistas del Estado Mayor Presidencial: Eliseo Barrios Soto, Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara y Edgar Corado Samayoa, así como los exespecialistas del Estado Mayor de la Defensa, Edgar Virginio de León Sigüenza y José Daniel Monterroso y el coronel Jacobo Sánchez Salán.
Juez liga a proceso al general González Taracena, séptimo acusado del caso Diario Militar