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Reformas a la Ley de Contrataciones aprobadas por el Congreso favorecen la corrupción

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Créditos: Congreso de la Republica.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Regina Pérez

Las reformas a la Ley de Contrataciones que el Congreso de la República aprobó el pasado 28 de abril favorecen e incentivan la corrupción, afirmaron Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el diputado Samuel Pérez.

Con el voto de 82 diputados de la alianza oficialista, se reformaron varios artículos de la referida ley, que lleva una dedicatoria para la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), cuyos integrantes llegaron ayer al Congreso y celebraron la aprobación de la iniciativa.

Entre los artículos reformados está el 9, sobre Autoridades competentes, que abarca el Congreso, el Organismo Judicial (OJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Organismo Ejecutivo, Municipalidades y sus empresas, las cuales podrán hacer compras que no pasen de Q2 millones. Antes la ley permitía únicamente que fueran Q900 mil.

También se reformó el artículo 38, que permite que las municipalidades y otras entidades del Estado puedan hacer la compra o contratación por el sistema de cotizaciones cuando el precio de los bienes y obras exceda los Q200 mil, hasta por Q2 millones. Antes la ley permitía la cotización por Q900 mil.

“Es una reforma totalmente anómala, ilegítima y favorable a la corrupción”, señaló Barrientos, sobre la aprobación de dicha ley.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo ayer que con la aprobación se cumplió una promesa de campaña del presidente Alejandro Giammattei, para apoyar a los gobiernos municipales.

Para Barrientos, dicha afirmación es fatal, ya que la alianza oficialista no está legislando por los intereses de la ciudadanía sino por los del partido oficial. Por otro lado, señaló que las leyes no pueden tener una dedicatoria a un sector específico, como lo ha dado a entender el presidente de la ANAM, Miguel Ovalle, al señalar que fue una propuesta que ellos hicieron y que Giammattei prometió impulsar en el Congreso.

El analista de ICEFI señaló que las reformas aprobadas atienden la solicitud de un grupo de alcaldes que por razones diversas no pueden atender y cumplir los controles establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Congreso de la Republica.

Por ejemplo, los jefes ediles dicen que la Ley de Contrataciones solo les permitía hacer compras hasta por Q25 mil, lo que evidencia ignorancia de la normativa o una intencionalidad de eludir los controles.

Según el experto, la Ley de Contrataciones tiene varias modalidades para hacer compras, entre ellas la cotización, la licitación, los contratos abiertos, los casos de excepción, la subasta inversa, la compra directa y las compras de baja cuantía y que los alcaldes únicamente se refieren a esto último.

Agregó que donde se perpetran más abusos y actos de corrupción en el sector público es en el sistema de adquisiciones públicas. Este sistema “es el blanco predilecto de los corruptos”, indicó.    

Por lo tanto, cuando los alcaldes afirmaban que solo podían hacer compras por Q25 mil quiere decir que es la única modalidad que usan, las compras de baja cuantía, que es la que tiene menos controles, dijo Barrientos.

Otra reforma de la ley fue al artículo 43, que permitía compras de baja cuantía hasta por Q25 mil y de compra directa por Q90 mil. Ahora este monto se elevó a Q100 mil para compras de baja cuantía y hasta Q200 mil para la compra directa.

Con esto, según Barrientos, el Congreso les regala una “autopista de velocidad” a los alcaldes, que son los que están más señalados de corrupción. Pueden comprar y contratar sin ningún tipo de control y ningún tipo de rendición de cuentas hasta por Q100 mil, mencionó.

Por otro lado, una práctica común que realizaban las municipalidades antes era fraccionar las compras, pero la Contraloría las sancionaba por eso, ahora la ley les permite las compras por Q100 mil por lo que ya no tendrían necesidad de fraccionarlas en cuatro compras de baja cuantía por Q25 mil, por ejemplo. “Es una ley para la corrupción”, señaló.

Para el diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla, ahora hay un margen más amplio de la cantidad de dinero que pueden gastar las entidades y municipalidades, sin ningún tipo de control.

“Casi que decisiones arbitraritas a dedo, a quien le dan los contratos públicos y lo más seguro que los incentivos estén puestos para que se los den a los diputados distritales, a los socios y a los financistas”, indicó.

Por otro lado, no existen garantías de transparencia o auditoría de los montos. “Lo que hicieron fue incentivar la corrupción”, dijo Pérez.

El congresista fue uno de los que se opuso a la aprobación de dicha iniciativa y durante su intervención el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, le cortó el audio, por lo que no pudo finalizar. Para justificarlo, Rodríguez subrayó: “El presidente soy yo”.

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