Por Lourdes Álvarez Nájera
Luego de más de tres días solicitando que fueran escuchadas, las niñas y adolescentes que se encuentran bajo resguardo del Estado en el Hogar Seguro Zafiro I, lograron la atención de funcionarias y funcionarios públicos, para evidenciar sus demandas y la precaria situación de hacinamiento en las que viven.
El miércoles 17 de febrero, varias niñas y adolescentes se subieron al techo de la casa donde se localiza el Zafiro I, ubicado en la 6ª. Avenida entre la 1ª y 2ª calle de la zona 1 de la capital, para denunciar las condiciones en las que se encuentran. Cuando se presentó la jueza de turno Mely González para una exhibición personal a favor de las diez niñas y adolescentes, que habían bajado por una escalera que fue colocada para que pudieran descender del techo hacía la calle, salieron corriendo.
Ante su reacción las autoridades activaron diez alertas Alba-Keneth y este viernes el diputado Édgar Batres, de la bancada Winaq y presidente de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de Guatemala, citó a funcionarios de la Secretaria de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil para que explicaran lo ocurrido.
El diputado Batres, informó vía telefónica que algunas de las niñas y adolescentes que se encuentran en los Hogares Seguros han pasado entre diez y ocho años esperando que se resuelvan las audiencias judiciales, donde han denunciado casos de violaciones a sus derechos humanos.
A la citación acudió Carlos Gómez, subsecretario de la SBS y Omar González, director de los centros de atención a menores, Luis Fernando De León Laparra, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la PDH, Ángel Valladares y Edvin Pineda, del sindicato de la SBS y Ada Valenzuela, en representación de la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
“Luego de las acciones de las niñas en Zafiro I se activaron 10 alertas alerta Alba-Keneth desde el miércoles, pero tenemos conocimiento que varias niñas y adolescentes con justa razón tienen miedo de volver”, agregó el diputado.
Batres dijo que existe un plan integral de atención a la niñez que resolvería varias de las deficiencias que presenta el sistema de la SBS que no ha sido implementado porque el Congreso no establece un mecanismo para nombrar a un titular y a un suplente necesarios para la estructura de ese plan.
“Vemos que existen serias deficiencias en la administración desde SBS y también determinamos las causas, una de las principales es que el Estado no provee la asistencia necesaria a las familias guatemaltecas; las niñas y adolescentes recurren al sistema para ser protegidas pero el Estado las manda a esos hogares y luego las abandona”, indicó Batres.
El funcionario añadió: “hemos encontrado casos que llegan a diez años y ocho años sin que las hayan llamado a declarar, obviamente van a presentar una desesperación ante la falta de atención, ante ese modelo de justicia, porque no dan seguimiento a los casos ni se agiliza su resolución”, puntualizó.
El diputado Batres solicitó al personal de la SBS que en un plazo de cinco días pueda presentar un informe detallado de la situación en la que se encuentran los hogares de resguardo bajo su responsabilidad.
Por su parte Ada Valenzuela agregó que la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos solicitó que se pueda realizar un estudio de manera independiente a los que se han documentado por la SBS o la PDH, debido a que consideran que las niñas y adolescentes en resguardo del Estado tienen temor de hablar con ese personal.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones a sumarse al seguimiento a este tema porque el resguardo y la protección de la niñez nos debe llamar a evitar que se repita la tragedia de marzo del 2017”, aseguró Valenzuela, en referencia a la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción donde 56 niñas fueron quemadas, de las cuales 41 murieron.
Sobre sus impresiones de la citación realizada a los funcionarios de la SBS, Valenzuela indicó: “Me preocupa mucho que la SBS no tenga claridad, ni capacidad en el tema de protección, no solo tiene que ver con el personal, tampoco con las situaciones judiciales que no están a cargo de la SBS, pero nos hacemos la pregunta si debería ser la institución encargada de esa protección a la niñez o debería haber otra institución”, enfatizó.
La defensora de derechos humanos añadió que la PDH ha reiterado que cuenta con informes y recomendaciones importantes que no son asumidos ni implementados por la SBS.
Para Valenzuela el estudio autónomo externo permitiría conocer de primera mano cuál es la situación real de estos hogares y que las niñas puedan hablar de la situación en la que se encuentran sin temor a represalias antes de seguir en los hogares del Estado.
Luego de la citación realizada este viernes se espera que a través del sindicato de la SBS se pueda facilitar el acceso a los hogares de resguardo para que las organizaciones de defensoras de derechos humanos puedan conocer el panorama real en que se encuentran.