Por David Toro
El Ministerio de Salud Pública no dio marcha atrás con la reestructuración del pago que realiza a los trabajadores operativos del Hospital Parque de la Industria, 26 de ellos firmaron su contrato por servicios este 21 de septiembre a pesar de la rebaja de Q1 mil al salario acordado previamente
En una acción sin consulta previa y sin posibilidad de negociación para un grupo más de 70 trabajadores de mantenimiento, farmacia, recursos humanos y administración del Hospital Temporal Parque de la Industria, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) decidió continuar con una reforma salarial que de manera sorpresiva redujo entre Q1 mil y Q2 mil del salario mensual que reciben por sus servicios, según el nuevo contrato vigente del 24 de julio a diciembre del 2020.
Un trabajador de la salud que omitió su nombre para evitar represalias, indicó que 26 de sus compañeros decidieron firmar ese contrato ante el miedo a quedarse sin sus puestos de trabajo. “Los compañeros evaluaron la situación y ante el miedo a ser despedidos decidieron firmar aunque les vayan a pagar menos (…) yo sigo en la postura de no dar marcha atrás y por eso enviaron mi contrato de vuelta a la unidad ejecutora”, relató.
Desde el 18 de septiembre los trabajadores realizaron varias acciones públicas para denunciar que el viceministerio administrativo del Mspas decidió reducir sus salarios sin previo aviso.
Los trabajadores que denunciaron la situación exigían a las autoridades del Mspas establecer un diálogo para solucionar la situación y hasta ese día se habían negado a firmar los contratos. Sin embargo, no recibieron una respuesta positiva y la única reacción oficial llegó desde el viceministro de hospitales, Francisco Coma, quien a través de la dirección de recursos humanos reafirmó que la reestructuración de honorarios para equiparar los salarios con los de otros hospitales seguirá en marcha.
La decisión del Mspas que se presenta como una reestructuración, pero que en lo concreto reduce los salarios de los trabajadores, fue tomada sin consultar a las autoridades del Hospital Parque de la Industria, según la denuncia pública que los trabajadores hicieron el 18 de septiembre. En esa ocasión también se conoció que la directora Dania Hernández tampoco tenía información sobre la decisión tomada por el ministerio.
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, recomendó a la ministra Amelia Flores modificar los contratos de los trabajadores afectados.
Román Castellanos, diputado por el Movimiento Semilla, quien ha dado seguimiento a la garantía de los derechos laborales de los trabajadores de la salud durante la pandemia de la COVID-19, señaló que “es muy temprano para equiparar los ingresos de los empleados, porque la pandemia no ha terminado y los riesgos, sumado a la carga de trabajo, siguen siendo grandes”. Además, con alto riesgo de incrementarse debido a las medidas de reactivación económica que incidiría de manera directa con un repunte de casos.
Hasta el 19 de septiembre, el Hospital Parque de la Industria solo había ejecutado Q 41 millones de los Q 111 millones asignados a su presupuesto para hacer frente a la pandemia, según los datos del Ministerio de Finanzas (Minfin).
Sobre ese tema presupuestario, el diputado Castellanos indicó que la baja ejecución durante la pandemia ha sido generalizada en la mayoría de instituciones del Estado. “Es preocupante que cuando se trata del Mspas, que es el rector del control de la pandemia, se mantenga una inversión tan deficiente”, según Castellanos, quien añadió que esta semana tiene previsto reunirse con las autoridades del Hospital Parque de la Industria para conocer mayores detalles sobre la situación de los derechos laborales y carencias de los trabajadores de la salud que trabajan en esa institución.
Durante las últimas semanas, en redes sociales la población también ha expresado su descontento con el Gobierno de Alejandro Giammattei por la baja ejecución del presupuesto asignado a la salud durante la pandemia y la falta de mecanismos confiables de transparencia que garanticen el buen uso de los préstamos millonarios aprobados.
