Por David Toro
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó el retiro de inmunidad a 11 magistrados y dos jueces señalados de haber interferido en el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justica y Salas de Apelaciones al reunirse, mensajear o hablar telefónicamente con Gustavo Alejos.
La FECI pidió el retiro de antejuicio contra 11 magistrados y 2 jueces que son parte de las nóminas de candidatos a magistrados, quienes habrían cometido los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, porque entre febrero junio en se habrían comunicado o reunido con Gustavo Alejos mientras guardaba prisión preventiva en una sanatorio de la zona 2 de ciudad de Guatemala.
Entre los 13 funcionarios se encuentra Wilber Castellanos, presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), quien en junio denunció a Ericka Aifán, jueza de mayor riesgo, por aprobar diligencias contra él y otros magistrados implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020, denunciado por la FECI.
Además, de las órdenes para retirar el antejuicio a más de una docena de funcionarios judiciales, la FECI detalló, como avance del caso, que encontró que el interés de Gustavo Alejos para intervenir en los nombramientos de magistrados tienen conexión directa con los cinco procesos penales que están abiertos en su contra.
Es un paso importante para transparentar la elección
El abogado Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), opinó que la decisión de la FECI “es un paso importante, para buscar transparencia en un proceso viciado y evitar que estos magistrados y jueces con tachas sigan en posiciones de poder, hay que diferenciar un proceso penal donde lo que rige es la presunción de inocencia y un proceso de elección de cortes donde deben premiar los estándares internacionales para no elegir candidatos sin idoneidad”.
Desde la perspectiva de Cadena, los tres poderes del Estado han utilizado la pandemia a favor de sus intereses, “la pandemia desarticuló el movimiento social y la oposición, porque nadie puede manifestarse en las calles, el propio Congreso trató de evitar que la prensa entrara a cubrir las sesiones plenarias, es evidente que el Gobierno ha utilizado la crisis sanitaria para eliminar derechos y facilitarse a sí mismos tomar decisiones ilegales como la elección de cortes que ha sido un proceso viciado”.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo definitivo a Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), en contra del Congreso por la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, luego de que la FECI presentara el caso de Comisiones Paralelas 2020, en el que indica que los candidatos que no cumplan con el artículo 113 de la Constitución, que refiere a la idoneidad y honorabilidad de los candidatos, deberán ser excluidos.