01 de marzo 2019
La mina San Rafael ofreció desarrollo económico y social, pero un estudio multidisciplinario titulado “Desigualdad, extractivismo y desarrollo en Santa Rosa y Jalapa” revela que durante sus años de funcionamiento, únicamente dejaron arsénico (veneno) en las fuentes de agua, criminalización de líderes, división social y los mismos niveles de pobreza en las comunidades afectadas.
La minera San Rafael es propiedad de Tahoe Resources —compañía canadiense—. El territorio xinka de Santa Rosa, tuvo el infortunio de albergar el proyecto El Escobal, una mina que ocupó 19 mil kilómetros cuadrados para extraer oro, plata y otros minerales, desde el 2013 hasta la suspensión de su licencia el 5 de julio del 2017. Las operaciones de la minera San Rafael en los departamentos Santa Rosa y Jalapa, fueron objeto del estudio realizado por la Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza (Codidena), el Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) y la universidad estadounidense Virginia Tech.
Daños socioambientales identificados por el estudio
La minería sólo representa el 5% del producto interno bruto de Guatemala. En el caso específico de Minera San Rafael, han ganado más de Q200 mil millones, invirtiendo apenas un 4% de regalías del total extraído. En los municipios donde operó el proyecto El Escobal, el 51% de la población sigue viviendo en pobreza y pobreza extrema.
Tomando en cuenta el posible cierre definitivo de la mina y al no estar este proceso contemplado en la Ley de Minería, podría ser el propio Estado el que cargue con el monto de cierre, que según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) podría ir desde Q843 millones hasta Q4 mil millones.
Los investigadores tuvieron acceso a los tanques de agua de las municipalidades. El primer dato interesante es que la mina utilizaba 250 galones de agua por minuto para poder extraer metales y minerales, para dicha producción se utiliza arsénico, plomo y cadmio (elementos altamente tóxicos).
El estudio tiene una asesoría toxicológica. Tomaron una muestra de 47 personas de Ayarza, Tecuaco, Morales y San Rafael las Flores, donde se encontraron varios metales dentro de la sangre de los habitantes de los pueblos afectados, los valores encontrados están en la siguiente tabla. Los investigadores destacan que aunque los niveles actuales son “normales” —a excepción de Tecuaco, donde los hombres tienen una cantidad preocupante de arsénico en la sangre—, si la gente sigue exponiéndose a estas fuentes contaminadas, podrían tener serias enfermedades crónicas a mediano plazo.
División social y criminalización
Al igual que en la mayoría de modelos de proyectos mineros, la Minera San Rafael ha dejado estragos a nivel social dentro de las comunidades de Santa Rosa y Jalapa. Los xinkas se dedican principalmente a la agricultura y la pesca, la contaminación de sus aguas y el desplazamiento de sus tierras afectó seriamente sus modos de vida, según el estudio.
Las comunidades de Santa Rosa se han mantenido en resistencia durante años, ha sido una lucha dura contra este proyecto minero. El estudio no dejó pasar por alto este detalle e indica que a niveles psicosociales ha causado desgaste y una constante tensión en los pobladores.
La Minera San Rafael no realizó una consulta comunitaria previa (proceso que muchas veces parece ser de mero trámite). El irrespeto al derecho de los comunitarios y la posterior persecución por presentar oposición a la mina, es otro efecto encontrado por los investigadores.
