Por: Carlos Ernesto Cano
Durante las últimas semanas, al menos 6 personas han sido asesinadas en varios departamentos del país y no son asesinatos que estén asociados con la “delincuencia común”, son asesinatos a todas luces con tinte de violencia política. Las víctimas eran dirigentes de organizaciones campesinas tales como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
Este tipo de violencia es el último eslabón en la cadena de la criminalización en donde la persecución, la difamación y la prisión política son partes fundamentales de la violencia ejercida en contra de dirigentes campesinos, comunidades y movimientos que defienden la vida, el territorio, el agua y que resisten al embate neoliberal que las empresas extractivistas y de monocultivo realizan en contras de las poblaciones indígenas y mestizas en el país.
El Estor, municipio ubicado en las riberas del lago de Izabal, es el territorio en donde la violencia política es más cruenta y agresiva en contra de la población q´eqchi´, así como de la población mestiza que habitan el lugar. Son este manto acuífero y sus alrededores, así como las comunidades que rodean al río y el valle del Polochic en Alta Verapaz, los que están siendo asediados, por la extracción minera, el monocultivo de palma africana y caña de azúcar, así como por las hidroeléctricas que operan en las cercanías de esta vasto territorio y por terratenientes que desalojan sistemáticamente a comunidades enteras en contubernio con el crimen organizado (narcotráfico sobre todo).
Hay en la zona una empresa extractora de níquel de origen ruso, que ha promovido la criminalización en contra de pescadores artesanales que han denunciado la contaminación del lago más grande de Guatemala. Esto les ha valido a estos pescadores la persecución, criminalización y por consecuencia a algunos de ellos la prisión, igual que a varios periodistas que han denunciado los atropellos e incluso asesinatos de comunitarios en El Estor.
La corrupción que impera en todo el estado guatemalteco ha sido fundamental para que todos los casos de criminalización que existen en esa área de Izabal sean remitidos a un solo juez. Este juez con total impunidad y arbitrariedad emite fallos en favor de la empresa extractora de níquel y de terratenientes que ejercen influencia sobre el sistema de justicia en el departamento del caribe guatemalteco.
Esta mina de níquel, que ha operado en Guatemala desde hace más de 50 años, es la planta procesadora de níquel más grande en Latinoamérica, tiempo durante el cual ha ocasionado un gravísimo deterioro en el ecosistema del lago de Izabal y su cuenca, así como en la salud de las y los estoreños y aldeas cercanas.
No se tiene certeza de cuántas personas han padecido enfermedades en todos estos años de existencia de la mina en la región, debido a que los sistemas de salud en el área no tienen registros de enfermedades relacionadas con la contaminación. Tampoco se conoce cuántas personas han sido criminalizadas por denunciar la contaminación en El Estor y la cuenta de personas criminalizadas, detenidas ilegalmente, presos políticos y asesinatos políticos sigue en aumento.