Rony Morales
Representantes de las comunidades Libertad, de Dolores Guadalupe; Q´eq´xib´al, de San Juan Chamelco; Santa Inés, de Santa Cruz; así como representantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), de la Instancia de Pueblos Q´eqchi´ y Poqomchi´ y miembros del Colectivo de Organizaciones de las Verapaces denunciaron el 17 de enero de 2017 los desalojos y amenazas de desalojos que tienen en el territorio de Tezulutlán.
Carlos Morales (UVOC) planteó que la problemática agraria en las Verapaces fue construida de forma histórica, y es la mayor causa de la desigualdad, de la pobreza y de la conflictividad social. También se dio a conocer la posición de las comunidades indígenas y campesinas ante el modelo extractivo que los gobiernos de turno han promovido e impuesto de forma violenta en el país. La conflictividad agraria y socioambiental ha sido llevada a niveles extremos, vulnerando el derecho de las familias indígenas y campesinas a una vida digna y en paz en sus tierras y sus territorios.
Santa Inés ha sufrido cuatro desalojos, dos de tipo judicial en los que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público, un juez de paz, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y aproximadamente 160 elementos de la Policía Nacional Civil y un pelotón de miembros del Ejército Nacional. Estos desalojos se realizaron en 2002 y en 2004. Un tercer desalojo extrajudicial sucedió en 2006, en el que participaron personas armadas contratadas por la supuesta propietaria, María de Jesús Sosa Lemus, que apareció en 2001 con un supuesto título de propiedad.
Actualmente se lleva una mesa de conflictos agrarios por este y otros casos, con autoridades de Alta Verapaz. El proceso inició desde hace 16 años, y en él se ha pedido hacer un geoposicionamiento, determinar la ubicación física y hacer investigación registral y catastral de la finca. Estos requerimientos se han establecido como compromisos con la mesa de negociación, en donde participan el Ministerio de Gobernación, las municipalidades, la Secretaría Agraria, el Fondo de Tierras, el Catastro Nacional, organizaciones de derechos humanos y las comunidades afectadas.
El 5 de enero de 2017 hubo cuatro detenciones de personas de la comunidad Santa Ines Santa Cruz A.V. Los nombres de las personas detenidas son Albina Cocooj Col (quien está embarazada), Romelia Veliz Caal, Cristóbal Mo Ti y Crisanto Tul Cojoc. Las autoridades de la comunidad, que fueron a la cárcel por el tema de la usurpación agravada, han quedado en libertad con medida sustitutiva.
Según el CCDA, se sabe que existe una orden de desalojo emitida para la comunidad de Guadalupe, sobre el río Dolores en el municipio de Cobán. Dicha comunidad lucha por la defensa de la tierra y del río Dolores. Ante la implosión de proyectos de muerte, este desalojo se realizará el 18 de enero del presente año.
Según la Instancia de Pueblos Q´eqchi´ y Poqomchi´, también hay una orden de desalojo para el 25 de enero en la comunidad Q´eq´xib´al en San Juan Chamelco, Alta Verapaz. El objetivo de esta orden es despojar a la comunidad de su territorio y consolidar el despojo del pueblo q´eqchi´ por la influencia de los ex trabajadores de la finca Caquipec S.A., una minera que extrae hierro. “El territorio del Tezulutlán es un espacio territorial en donde habitamos los pueblos q´eqchi´, poqomchi´ y Achi’, no podemos dejar que un grupito de empresarios y finqueros intenten consolidar más su poder queriéndolo lograr mediante la vía violenta para enriquecerse, así sin más, y dejando a las comunidades en la calle”, afirmaron representantes de dicha instancia.
Los conflictos agrarios se refieren a disputas por intereses y derechos sobre la tierra. Según hemos visto, estos conflictos están determinados en Guatemala por los continuos procesos históricos de usurpación de tierras y de explotación de unos grupos sociales sobre otros. Esta es la disputa del derecho histórico de las poblaciones indígenas por la tierra, el territorio y el derecho que se atribuyen los propietarios terratenientes en función de la propiedad de la tierra respaldada por el Registro de la Propiedad.