El exfuncionario no sólo fue acusado de corrupción sino que, en 2013, estuvo involucrado en un escándalo por la publicación de videos de contenido sexual en el IGSS.
Por Alexander Valdéz
Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) reactivó el caso que inició en 2015 contra el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Luis Reyes Mayen, quien fue acusado de abuso de autoridad y prolongación de funciones.
El fallo emitido por la CC favorece al exfuncionario, ya que deja en suspenso la resolución que había ordenado que enfrentara debate por los delitos arriba citados. “Se concluye en que la autoridad cuestionada, al emitir el acto reclamado, infringió el debido proceso, lo que torna procedente otorgar el amparo instado”, indica la resolución.
En la acción legal, Mayén, alegó que la acusación que el Ministerio Público (MP) presentó en su contra carecía de sustento y evidenciaba el origen espurio del señalamiento y sostuvo que no hubo una prolongación de su puesto ni abusó del mismo.
“Al revocar el sobreseimiento, se limitó a indicar que los argumentos externados en la etapa intermedia, respecto de su inocencia, podrán ser revisados en el debate oral y público, y evaluados por el tribunal de sentencia; lo que resulta contrario a la ley, pues no es imperativo que una persona tenga que llegar a juicio oral y público para discutir su inocencia, al contrario en etapas previas, como la intermedia…”, dice el alegato del expresidente del IGSS.
La CC aceptó los argumentos emitidos por el acusado, y por ello concedió la protección constitucional. A criterio de los magistrados, al momento de resolver la situación legal del exfuncionario, la Sala Primera de Apelaciones no externó el “análisis de hecho y de derecho” que permitiera determinar la razón por la cual el ahora postulante debía ser enviado a juicio.
“Se concluye en que la autoridad cuestionada, al emitir el acto reclamado, infringió el debido proceso, lo que torna procedente otorgar el amparo instado. Al haber resuelto en sentido contrario al Tribunal a quo, procede declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la sentencia de primer grado. En el segmento resolutivo de este fallo se precisan los efectos que motivan la protección constitucional que se concede”, dice el fallo de la CC.
El caso
Este caso de presunta corrupción se presentó en 2015, y surge por una denuncia del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Stigss) contra el entonces titular del IGSS, por supuestamente haber prolongado sus funciones más allá del período para el cual fue designado, en 2013.
El 2 de septiembre del 2014, el juez José Luis Patán, del Juzgado Décimo Penal, ordenó su captura por abuso de autoridad, prolongación de funciones y restitución de una remuneración adicional a su cargo (emolumentos).
Además de este proceso, en 2013, el exfuncionario enfrentó un proceso en un juzgado de Paz Penal, por supuestamente haber grabado cuatro videos en los cuales se observa que sostiene relaciones sexuales con una empleada del IGSS.
El MP le imputó el delito de violación a la intimidad sexual. La investigación señala que el acusado supuestamente le pidió a una subalterna que sostuviera relaciones sexuales con él, a cambio de concederle un mejor puesto de trabajo.
