El Consejo de Derechos Humanos volvió a evaluar a Guatemala en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y emitió 227 recomendaciones para garantizar los derechos humanos en el país.
Por Rony Ríos
El Gobierno de Guatemala rechazó el 81 por ciento de las recomendaciones enfocadas a garantizar la independencia judicial, el cese a la criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas.
El Consejo de Derechos Humanos volvió a evaluar a Guatemala en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y emitió 227 recomendaciones para garantizar los derechos humanos en el país.
La exfiscal general y representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz, reconoció que el Estado aceptó 126 de las 227 recomendaciones.
Sin embargo, Paz y Paz señaló, “lamentamos profundamente que no haya aceptado el 81 por ciento de las recomendaciones dirigidas a garantizar la independencia judicial, la lucha contra la corrupción e impunidad, fortalecer el sistema de justicia y detener la persecución contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos”.
¿Qué es el EPU?
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo que se desarrolla en un diálogo entre los Estados miembros de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos establecido en las obligaciones adquiridas en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos y otros instrumentos internacionales, de las cuales el Estado de Guatemala forma parte.
El EPU es un proceso circular que comprende tres etapas claves: el examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado; la implementación de las recomendaciones recibidas por el Estado examinado y los compromisos voluntarios asumidos para dicho cumplimiento; el monitoreo constante del nivel de cumplimiento de esas recomendaciones con participación de la sociedad civil, las procuradurías de los derechos humanos y las instituciones del Estado.
Diferentes ejes
Las integrantes de la coalición EPU Guatemala Sonia Acabal, Olga Hernández, Juana Sales y Stacy Velásquez se pronunciaron respecto a la aceptación de algunas de las recomendaciones y el rechazo de otras.
Velásquez señaló que el conservadurismo, aliado con la corrupción, hacen mucho daño al país. Además, lamentó que las iniciativas de ley de identidad de género y de la criminalización por prejuicio no avanzaran en el Congreso, ya que las mismas eran importantes para la población LGBTIQ+.
Asimismo, Velásquez enfatizó que desde el 2017 se han registrado 90 ataques a mujeres trans y que el Ministerio Público (MP) solamente ha atendido el 15 por ciento de esas denuncias.
Por su parte Sales, criticó que el Gobierno presentara como logros de su administración los escasos avances que ha tenido el Estado a largo del tiempo, cuando realmente se eliminó el Consejo y la Secretaría Técnica de la Paz, que eran instituciones contenidas en la firma de los Acuerdos de Paz.
Sales también cuestionó la inexistencia de políticas reales para reducir el racismo y discriminación.
Acabal dijo estar de acuerdo con el gobierno la aceptación de las recomendaciones para combatir la violencia contra la mujer, pero lamentó que no aceptara las relacionadas con la reducción de la violencia sexual, embarazos y maternidades forzadas.
“La violencia contra la mujer sigue siendo el delito más denunciado y a su vez el más impune”, aseveró Acabal, quien dijo que aunque el MP diga que hay más Fiscalías para el combate de ese flagelo, pues es complicado el acceso porque no se tienen interpretes para los idiomas de la región, ni presupuesto o personal suficiente.
En tanto, Hernández manifestó su preocupación por el deterioro del Estado de derecho, la independencia judicial y la criminalización de defensores de derechos humanos en Guatemala.
