Jorge Requena Contreras figura como acusado en la investigación que el MP inició contra un grupo de personas que habían estafado a vendedores de una finca en San Lucas Tolimán, la suma asciende a Q5 millones.
Por Prensa comunitaria
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a Jorge Alejandro Requena Contreras como candidato a diputado por el partido oficialista Vamos, pese a que actualmente está ligado a un proceso penal por el delito de casos especiales de estafa, por un presunto fraude de Q5 millones a los vendedores de una finca en San Lucas Tolimán, Sololá.
Requena Contreras, quien fue inscrito en la casilla cuatro del listado por Escuintla, es una de las personas que está procesada en esa investigación. En enero, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) por haber incumplido una citación a primera declaración.
“Procedente lo solicitado por el partido político Vamos por una Guatemala diferente -Vamos-, a través del representante legal Sergio David Arana Roca, en cuanto a la inscripción de la planilla de candidatos a Diputados al Congreso de la República por el Distrito Escuintla”, resolvió el Registro de Ciudadanos del TSE.
Proceso activo por corrupción
El Juzgado Penal de Turno resolvió, en enero de este año, ligar a proceso al secretario general del partido político “Mi Familia”, Byron André López Maldonado, por el delito de falsedad ideológica y casos especiales de estafa. López Maldonado también fue inscrito por el TSE en la casilla uno de esa agrupación política.
TSE inscribió a candidato del partido Mi Familia pese a proceso penal por estafa
En esa misma audiencia de primera declaración, Jorge Alejandro Requena Contreras fue procesado por la presunta comisión de casos especiales de estafa y, a Regina Elizabeth Pérez Oviedo por falsedad ideológica y casos especiales de estafa.
Las personas fueron capturadas durante un operativo del Ministerio Público (MP), que las acusó de realizar una presunta estafa a los vendedores de una finca en San Lucas Tolimán, la suma asciende a Q5 millones.
Según consta en la acusación del MP, López Maldonado fue representante legal de la empresa “1, 2, 3 L y M”, en 2012, y en esa época firmó un contrato millonario por emergencia con el Fondo para la Vivienda (FOPAVI), el cual beneficiaría a 400 casas en las faldas del volcán Tolimán.
La denuncia que originó el caso se hizo por las familias afectadas por la tormenta Agatha en 2010. Se documentó que un año después, cuando inició la construcción de las viviendas con fondos de FOPAVI y la organización Caritas, hasta el 2012 se habían entregado únicamente 374 sin condiciones mínimas, pese a que ya se había realizado un desembolso de un 90 por ciento del costo del proyecto.
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) exigió a las autoridades que a la brevedad entreguen la titulación de propiedad para las 406 familias de la comunidad, que “por muchos años han estado en la incertidumbre de la certeza jurídica de su propiedad”.
