
Organizaciones presentan acción de inconstitucionalidad contra decreto 8-2023
Integrantes del Bufete para Pueblos Indígenas señalaron que el decreto crea “tipos penales desproporcionados” y solo protege los intereses empresariales mientras criminaliza a comunidades. Por Isela Espinoza Organizaciones de la sociedad civil presentaron este lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del decreto 8-2023 que pena el robo de energía eléctrica, agua o gas con hasta 12 años de prisión. El pasado 22 de marzo, el Congreso aprobó con 105 votos a favor, el decreto que contiene reformas










