Según la Oficina contra la Tortura, Virginia Laparra “recibe el sol las 24 horas”. En febrero pasado Amnistía Internacional expresó preocupación por la salud de la exfiscal. Ella fue intervenida quirúrgicamente el 15 de marzo.
Por Regina Pérez
Integrantes de la Oficina Nacional contra la Tortura fueron cuestionados en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, sobre qué han hecho en el caso de la exfiscal Virginia Laparra, condenada en diciembre de 2022 a cuatro años de prisión conmutables, ante los pronunciamientos de que está siendo víctima de una tortura institucional.
Laparra atraviesa problemas de salud que la llevaron a ser intervenida en el Hospital San Juan de Dios el 15 de marzo pasado. En febrero último Amnistía Internacional (AI) expresó preocupación por su condición y porque no había sido atendida.
La diputada Lucrecia Hernández Mack recordó que el 23 de febrero Laparra cumplió un año de prisión preventiva y que la gravedad de su caso la llevó a ser declarada “presa de conciencia” por AI. “Además, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura han planteado que Virginia Laparra sufre de una tortura institucional. ¿Quiero saber qué han hecho ustedes como relatores al respecto?”, preguntó Mack.
Castellanos, quien es actualmente Relator Titular y que como juez denunció a Laparra, tomó la palabra. “Este es un tema fuera de la citación requerida…la doctora Laparra por supuesto que se encuentra condenada, en prisión, no es prisión preventiva”, dijo.
Hay recursos pendientes, es un tema de independencia judicial, nosotros no tenemos nada que ver ahí, agregó. No obstante, fue Castellanos quien denunció a Laparra y fue querellante adhesivo y testigo en el proceso.
La diputada indicó que ella había hecho la pregunta a los demás integrantes de la Oficina ante los pronunciamientos de organismos internacionales de que Laparra está sufriendo tortura institucional y que no esperaba una respuesta de Castellanos, quien tiene conflicto de interés por ser parte del proceso.
Ante ello, el relator Carlos Solórzano respondió que han visitado la cárcel de Matamoros donde está recluida. Ella está en un lugar donde solo hay dos personas, es un lugar cerrado, recibe sol las 24 horas, no como los demás que solo tienen una hora, dijo. Sobre el tema de visitas, que las abogadas han denunciado de manera constante, Solórzano señaló que es la exfiscal quien las autoriza y que se ha negado a recibir a integrantes de dicha Oficina A lo mejor no esperan nada favorable”, dijo.
Cuando era juez de Mayor Riesgo, Castellanos denunció a Laparra, quien fungió como jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, luego de que ella lo denunciara administrativamente en cuatro ocasiones al notar que el exjuez cometió actos anómalos al momento de defenderse ante una denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ).
La exjefa de la FECI en Quetzaltenango forma parte de un grupo de operadores de justicia, entre jueces, fiscales y exfiscales que han sido objeto de persecución penal por la administración de Consuelo Porras. El último en ser detenido fue el exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, quien fue ligado a proceso el pasado 21 de marzo.
