Lo que sería una audiencia de trámite y cumplimiento a lo que dictó la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, se convirtió en un procedimiento que duró más de 15 horas en el que se cerró el acceso a la prensa para conocer la acusación del Ministerio Público contra la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra.
Por Shirlie Rodríguez
“Yo, honorable juzgadora, no confío en su imparcialidad”, estas fueron las palabras que repetía constantemente Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango a la jueza Carmen Lucía Acú, encargada del Juzgado de Primera Instancia Penal de ese lugar, durante la audiencia que se realizó este martes 3 de enero.
Virginia Laparra tenía pendiente una segunda orden de detención tras una denuncia presentada en su contra por Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo, en la cual la acusó de supuestamente revelar información que estaba en reserva y, por lo tanto, el Ministerio Público (MP) solicitó este segundo proceso, diferente al que se conoció en un juzgado de la ciudad capital.
La jueza Carmen Acú, fue quien giró la orden de detención y debía conocer la primera declaración de Laparra presentó una excusa porque indicó que el denunciante fue su asesor de tesis doctoral.
Por esa razón, el expediente fue trasladado a la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, sin embargo, los magistrados decidieron que no existía un impedimento para que ella conociera el caso.
El pasado 25 de octubre cuando se pretendía hacer la audiencia de primera declaración, la defensa de Laparra presentó una recusación contra la jueza. Esto porque no confiaban en su criterio, al tener una relación académica con el denunciante. En esa ocasión, Acú dijo que no iba a proceder con la audiencia o alguna diligencia porque debía trasladar el expediente al órgano superior que es la Sala Quinta y así ellos decidieran cómo proceder, para no caer en ilegalidades o procedimientos viciados.
La Sala regresó el expediente al juzgado porque había un error. Se debía hacer una audiencia para conocer el argumento de la defensa para esta recusación y el martes reciente convocaron a las partes involucradas para cumplir con lo solicitado por los magistrados.
En la audiencia estuvo presente el representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) quien pidió ser tomado en cuenta como agraviado, también la Fundación contra el Terrorismo, el abogado Omar Barrios y Lesther Castellanos, quienes solicitaron ser querellantes adhesivos en dicha diligencia. La defensa de la exfiscal se opuso porque solo fueron convocados a una audiencia para cumplir con lo ordenado por la Sala y no era la etapa para aceptarlos como parte del proceso. La jueza se negó y los aceptó.
Además, los querellantes pidieron a la jueza que Laparra solo fuera representada por dos abogados porque en la sala se encontraban tres, por lo tanto, decidieron que sería Luis Laparra y Juan Carlos Murgos quienes participarían de forma activa, y Wendy López como auxiliar.
La defensa de Laparra nuevamente dio a conocer que no confiaba en el criterio de la jueza para conocer el proceso, porque sus decisiones podrían estar enfocadas en beneficiar al denunciante. Los querellantes y la PGN se opusieron a la recusación. Luego de varias horas de argumentos y recursos presentados por la defensa de la exfiscal, la jueza Acú decidió que no existía una razón de peso para que ella conociera el caso y por lo tanto iba a seguir con la audiencia para otras solicitudes y la primera declaración.
Laparra, a través de sus abogados, solicitó unificar los dos casos que le sindican (uno en la capital y otro en Xela); la defensa aseguró que Castellanos estaba utilizando una misma carpeta judicial, por lo que la juzgarán dos veces por el mismo hecho.
Castellanos dijo que él denunció un hecho cometido en Xela y otro en la capital por lo tanto se opuso y la jueza le dio la razón. Rechazó nuevamente la petición de Laparra.
Acú dijo que seguía con la primera declaración, a pesar de la negativa de la defensa por la desconfianza que existía hacia ella. Los defensores de la acusada presentaron varios recursos para evitar que siguiera la audiencia, todos estos fueron negados por la togada, asegurando que se hizo la petición fuera de tiempo y que son hechos distintos.
Jueza realiza primera declaración a pesar de tener pendiente respuesta de la Sala
Seguía el transcurso de las horas y los querellantes pedían que se conociera la primera declaración, Laparra pidió que se reprogramara la audiencia y le dieran tres días porque no tenía los documentos que le servirían para su defensa. “No fui notificada en ningún momento que hoy sería la primera declaración”, dijo la exjefa de FECI.
La jueza nuevamente dio una negativa a esta solicitud y contrario a su postura de evitar la diligencia por la respuesta pendiente de la Sala, esta vez sí quiso seguir con el proceso.
Previo a que el Ministerio Público empezara con la imputación de los hechos, el fiscal Noé Rivera pidió que el proceso fuera reservado y que la prensa que daba cobertura saliera de la sala. Según sus argumentos, en el caso se conocerían hechos que con información a la que la prensa no podía acceder porque podría afectar el proceso.
Los querellantes en el caso se unieron a la petición y señalaban que la audiencia no debía ser pública. La defensa y Virginia Laparra presentaron nuevamente varios recursos legales para evitar que se obstaculizara el acceso a la prensa, indicaron que la Fundación contra el Terrorismo era quien realizaba publicaciones en redes sociales de lo que pasaba en la audiencia y por lo tanto no era una razón para reservar la audiencia.
La jueza Acú nuevamente se negó a la petición del equipo legal de Laparra y declaró que el proceso era reservado, pidió que la prensa saliera y fue el abogado Omar Barrios quien cerró con seguro la puerta de la sala.
En esta parte, además de retirar a la prensa, los querellantes y el denunciando pidieron que también se retirara la abogada Wendy López, quien estaba participando de forma pasiva en la audiencia. La jueza aceptó la solicitud y López tuvo que dejar el lugar.
Vulneran el acceso a la información y la defensa de Laparra
“Nosotros no queremos jueces amigos y allegados a nosotros, nosotros no queremos ir a desayunar con el fiscal. Queremos el respeto de un Estado de Derecho, queremos un juego limpio y una buena fe al momento de litigar. Estas acciones son las que van en detrimento del sistema de justicia y esa es la razón porque el sistema de justicia está como está. Queremos aplicación de justicia no de intereses”, dijo López después de ser retirada de la sala del juzgado.
Agregó que ella forma parte de la defensa de Virginia y por lo tanto al sacarla le están negando acceso a la información del proceso y por lo tanto están vulnerando el derecho de defensa. Contó que Laparra tenía preparados argumentos con su defensa material, pero no le dieron tiempo para que se preparara.
“Lesther Castellanos se ríe de nosotros, nos dice que damos pena ajena, y la jueza no dice nada, además estamos defendiendo el control social a través de la prensa para que no se declarara la reserva”, concluyó López.
La jueza Acú nuevamente se negó a la petición del equipo legal de Laparra y declaró que el proceso era reservado, pidió que la prensa saliera y fue el abogado Omar Barrios quien cerró con seguro la puerta de la sala.
En esta parte, además de retirar a la prensa, los querellantes y el denunciando pidieron que también se retirara la abogada Wendy López, quien estaba participando de forma pasiva en la audiencia. La jueza aceptó la solicitud y López tuvo que dejar el lugar.
Vulneran el acceso a la información y la defensa de Laparra
“Nosotros no queremos jueces amigos y allegados a nosotros, nosotros no queremos ir a desayunar con el fiscal. Queremos el respeto de un Estado de Derecho, queremos un juego limpio y una buena fe al momento de litigar. Estas acciones son las que van en detrimento del sistema de justicia y esa es la razón porque el sistema de justicia está como está. Queremos aplicación de justicia no de intereses”, dijo López después de ser retirada de la sala del juzgado.
Agregó que ella forma parte de la defensa de Virginia y por lo tanto al sacarla le están negando acceso a la información del proceso y por lo tanto están vulnerando el derecho de defensa. Contó que Laparra tenía preparados argumentos con su defensa material, pero no le dieron tiempo para que se preparara.
“Lesther Castellanos se ríe de nosotros, nos dice que damos pena ajena, y la jueza no dice nada, además estamos defendiendo el control social a través de la prensa para que no se declarara la reserva”, concluyó López.
Querellantes del proceso realizaron publicaciones en redes sociales e incluso dieron detalles de cómo concluyó el procedimiento y la decisión de la jueza.
Laparra fue trasladada en la madrugada hacia la cárcel de Matamoros, en donde guarda prisión desde hace más de 10 meses. Este proceso aún no concluye y la Sala Quinta de Apelaciones aún debe resolver la recusación, si los magistrados cambiarán el criterio y resolverán que Acú no es idónea para conocer el caso de Laparra, todo el procedimiento conocido este pasado 3 de enero quedaría sin efecto y tendría que hacerlo otro juez desde un inicio. La defensa asegura que esto representaría más atraso y tiempo de prisión para la exfiscal anticorrupción.
