Gustavo Adolfo Morales Duarte y René Guillermo Girón Palacios, magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron una apelación del Ministerio Público, que envía de nuevo a prisión a Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes por delitos por los cuales no fueron juzgados. Pese a múltiples voces de rechazo, señalamientos de actos corrupción y manipulación de la elección de Cortes en 2020, los dos magistrados lograron entrar en la lista de 26 aspirantes que fue enviada al Congreso de la República.
Por Eder Juárez
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Adolfo Morales Duarte y René Guillermo Girón Palacios, quienes integran la Cámara Penal, han emitido resoluciones que perjudicaron a dos autoridades indígenas del norte de Huehuetenango, Rigoberto Juárez Mateo y a Ermitaño López Reyes, condenándolos por delitos por los que no fueron juzgados, y beneficiando a las empresas hidroeléctricas que los denunciaron, por un caso que se remonta al año 2016.
Rigoberto Juárez Mateo, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional, fue una de las voces con mayor protagonismo en la resistencia contra el golpe de Estado, y en la defensa del voto ciudadano para el restablecimiento de la democracia, en las jornadas de 2023. Además, es integrante de una forma de organización que data de cientos de años que articula a diversas naciones ancestrales que habitan en Huehuetenango.
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Buscan la reelección
Gustavo Adolfo Morales Duarte, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue el quinto candidato escogido por la Comisión de Postulación para la CSJ, con 27 votos a favor a pesar de haber sido señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, por el amaño de la elección de Cortes. Ahora busca su reelección pese a que organizaciones han manifestado el conflicto de interés al ser candidato e integrar la Comisión de Postulación de Sala de Apelaciones, además de haber criminalizado a dirigentes y autoridades indígenas en el departamento de Huehuetenango.
Morales Duarte tiene vínculos con el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez Pimentel, a quien se le señaló de presionar para que la Comisión de Postulación incluyera al actual magistrado de la CSJ y de esa forma ser reelecto para el período 2024-2029.
En mayo de 2020, el Ministerio Público (MP) reportó al Congreso de la República que Morales Duarte registraba una denuncia por el delito de usurpación de funciones. Las autoridades indígenas colocaron una tacha en contra de todos los actuales magistrados titulares por corrupción y cooptar el sistema de justicia.
Por su parte, el actual magistrado de la CSJ, René Guillermo Girón Palacios fue electo para integrar la nómina de candidatos a Corte Suprema de Justicia con 27 votos a favor. Girón Palacios fue apoyado por el partido Vamos, dirigido por el expresidente Alejandro Giammattei.
Girón ha dictado resoluciones para criminalizar a Rigoberto Juárez Mateo y a Bernardo Ermitaño López Reyes, por oponerse a la implementación de una serie de hidroeléctricas que operan sin consulta a los pueblos originarios del departamento de Huehuetenango, y que afecta a las comunidades de los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas.
Es magistrado Vocal II de la Corte Suprema de Justicia de 2019 a 2024 y fungió como asesor jurídico del Segundo Registro de la Propiedad en Quetzaltenango durante el año 2004. Fue juez en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala de 1995 a 1996, entre otros cargos durante su carrera en el Organismo Judicial.
Han favorecido a la corrupción
Rigoberto Juárez Mateo manifestó que el haber incluido a los dos magistrados de la CSJ a la nómina de candidatos “es una actitud nefasta de parte de la Comisión de Postulación”, pese a la permanente manifestación de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional en cuanto a pedirle a los comisionados actuar de la manera más correcta y evitar incluir a personajes señalados de “la manipulación de la ley y torcer la justicia en el país”.
Además, considera que la nómina de candidatos a la CSJ demuestra otra vez “el retroceso a la justicia guatemalteca” que afectará a la ciudadanía que está esperando una justicia pronta, cumplida e imparcial. “Es obvio lo que va a suceder con la CSJ en los años venideros”, indicó.
“Hay un rechazo total a esta nominación, en el caso nuestro fue tan evidente que ellos trastocaron una sentencia en donde un Tribunal tuvo suficiente tiempo para valorar las pruebas, con las que emitió una sentencia, sin embargo, la actuación de la Cámara Penal se inclinó a favorecer los actos corrupción que tanto daño han hecho a nuestro país”, manifestó Juárez Mateo.
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Según la autoridad Q’anjob’al, el “Pacto de Corruptos” ha estado ejerciendo una influencia en la Comisión de Postulación para nominar a estos dos magistrados. “Ahí hay prácticamente una actitud a favor del Pacto de Corruptos, principalmente para aquellos que han desangrado al pueblo; van a llegar aquellos que seguirán protegiéndolos y quienes le han robado al país”, señaló.
Asimismo, recuerda que hay autoridades indígenas y ancestrales, defensores de derechos humanos que han clamado por justicia, y que hoy están siendo perseguidos precisamente por el Pacto de Corruptos. “Se va incrementar más esta persecución si estos personajes llegan otra vez al Organismo Judicial”, agregó.
Juárez Mateo hizo un llamado a los 160 diputados al Congreso de la República para que no incluyan a estos magistrados y escuchen las demandas de la población porque, “tienen la palabra sagrada de salvar la justicia de manos de estos personajes reconocidos con una trayectoria de corrupción en el ejercicio del poder”.
Agregó que los diputados deben de actuar de manera correcta a petición de la población y responder a la ciudadanía que votó por ellos. “La población espera la mejor actitud correcta de parte de ellos (diputados). En sus manos está el retomar a Guatemala un Organismo Judicial que pueda reorientar a la justicia a favor de la población”, dijo.
“El país merece un Organismo Judicial con personas honestas, honradas y capaces de hacer su trabajo sin necesidad de robar”, mencionó.
También hizo un llamado a la población para alzar la voz y exigir al Congreso de la República para que excluya de esta elección a los personajes que notoriamente han servido a la corrupción. “Es importante reafirmar que el Congreso no se debe, asimismo, ni a los partidos políticos, sino a la población, por lo tanto, es muy importante que tomen en cuenta la actitud que deben tener en la elección de magistrados de la CSJ como de Salas de Apelaciones”, finalizó.
Resoluciones contrarias a la justicia
El Ministerio Público apeló en agosto de 2006 la sentencia de seis meses de prisión conmutables por el delito de coacción que la jueza Yassmín Barrios dictó contra Rigoberto Juárez Mateo, mientras que Ermitaño López Reyes fue condenado a dos años de prisión conmutable por el delito de obstaculización a la acción penal, ambos defensores del territorio y autoridades ancestrales en el área norte de Huehuetenango.
En 2021, una Sala de Apelación resolvió agregar en una resolución el delito de detenciones ilegales a las sentencias emitidas por Barrios, pero con más años de prisión inconmutables. Con esta resolución Juárez Mateo y López Reyes, tendrían condenas más largas de siete y 23 años, respectivamente.
La Cámara Penal de la CSJ rechazó un recurso planteado por la defensa de Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes, que buscaba dejar sin efecto la resolución de la Sala de Apelación del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.
Dicha resolución fue sujeta a un recurso de casación, sin embargo, la Cámara Penal no aceptó los argumentos presentados por la defensa de Juárez Mateo y López Reyes, quienes defienden los territorios Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’ y mestizo en Huehuetenango, además de ser autoridades ancestrales de las comunidades del área norte de Huehuetenango.
En 2021, se presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) ya que la Cámara Penal, no aceptó los argumentos presentados por la defensa sobre el papel de las autoridades ancestrales y la organización de los pueblos indígenas de Huehuetenango, pero la Corte rechazó dicho amparo, dejando así el camino libre a la Cámara Penal para que resolviera en contra de las autoridades ancestrales.
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No a la reelección
Las autoridades indígenas y ancestrales buscaron que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia no fueran parte de la nómina entregada al Congreso de la República, al presentar 12 objeciones en contra de dichos funcionarios judiciales, señalándolos de tener conflictos de interés al evaluar los expedientes de los magistrados de Salas de Apelaciones que formaban parte de la Postuladora de la CSJ que también buscan reelegirse.
Sin embargo, la postuladora para la CSJ, acordó no aceptar señalamientos en contra de candidatos que no tuvieran una sentencia firme y ejecutoriada.
Las objeciones fueron en contra de los magistrados Benicia Contreras, José Luis Samayoa Palacios, Ronald Manuel Colindres Roca, Evert Obdulio Barrientos Padilla y Manuel Reginaldo Duarte Barrera, este último incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos como “actor corrupto y antidemocrático”.
Los señalamientos también fueron contra los magistrados Gustavo Adolfo Morales Duarte, René Guillermo Girón Palacios, Elvia Ester Velásquez, Carlos Humberto Rivera, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Jorge Eduardo Tucuxy Claudia Lucrecia Paredes.
De acuerdo con las autoridades ancestrales, los magistrados no cumplen con la cualidad necesaria para emitir votos de manera imparcial.
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