La justicia guatemalteca ha rechazado todos los recursos legales de Rigoberto Juárez y Ermitaño López, ambos defensores del territorio en el norte de Huehuetenango. En julio de 2016 fueron criminalizados por rechazar la imposición de hidroeléctricas en Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas.
En ese entonces, la jueza Yassmin Barrios los absolvió porque no habían cometido ningún delito, sin embargo, el Ministerio Público apeló la sentencia. Ahora se encuentran al borde de la cárcel nuevamente, acusados por empresas hidroeléctricas que buscaban operar de manera opaca en el territorio.
Por Simón Antonio Ramón
En agosto de 2016, el Ministerio Público (MP) apeló la sentencia de seis meses de prisión conmutable por el delito de coacción que la jueza Yassmin Barrios dictó para Rigoberto Juárez Mateo. Ermitaño López Reyes también fue condenado a dos años de prisión conmutable por el delito de obstaculización a la acción penal. Ambos son defensores del territorio y autoridades ancestrales en el área norte de Huehuetenango.
Sin embargo, en 2021, una Sala de Apelación agregó en su resolución el delito de detenciones ilegales a las sentencias emitidas, pero con más años de prisión inconmutable. Con esta acción, Rigoberto Juárez irá a la cárcel por una condena de siete años, mientras Ermitaño Reyes a 23 años de prisión.
El pasado 23 de julio, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó que rechazó un recurso presentado por la defensa legal de Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes, que buscaba dejar sin efecto esta resolución de la Sala de Apelación del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.
La resolución de estos casos fue sujeta a un recurso de casación, pero la Cámara Penal de la CSJ no aceptó los argumentos del equipo legal de Rigoberto Juárez y Ermitaño López, quienes defienden los territorios Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’ y mestizo en Huehuetenango. Además, son personas que ejercen el papel de autoridad ancestral en las comunidades del área norte del departamento.
En 2021, la defensa legal también presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), porque la Cámara Penal no aceptaba los argumentos sobre el papel de las autoridades ancestrales y la organización de los pueblos indígenas en Huehuetenango. Sin embargo, la máxima corte rechazó esos argumentos, dejando así el camino a la Cámara Penal para resolver en contra de las autoridades ancestrales.
De acuerdo al abogado Cristián Otzin, de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, quien representa a Rigoberto Juárez Mateo, las resoluciones de la Sala de Apelación y de la Cámara Penal han violentado los derechos de los acusados porque agregaron delitos a los que no había apelado el Ministerio Público.
“Sería una arbitrariedad de la Sala y la Cámara Penal y obviamente un mensaje claro a Rigoberto Juárez, para que no se siga oponiendo a proyectos hidroeléctricos”, señala el abogado.
A criterio de Santiago Choc, el abogado defensor de Ermitaño López, esta resolución de la Sala de Apelación, que posteriormente fue respalda por la Cámara Penal, es ilegal. “No está dentro de sus funciones calificar hechos, que los encuadra en un delito y esto no es así, no es legal”, indicó.
En el contexto actual con señalamientos de corrupción que atraviesa el sistema de justicia, esta acción podría ser común. “Es común que las Salas de Apelaciones se atribuyan funciones, pero esto es totalmente ilegal, la Constitución no lo permite. El tribunal de sentencia es quien tiene las facultades de valorar las pruebas porque ante ellos se realizó el juicio”, agregó Santiago Choc.
Los abogados coinciden y afirman que el caso de criminalización que enfrentan Rigoberto Juárez y Ermitaño López evidencia la cooptación del sistema de justicia guatemalteco por sectores que buscan beneficios particulares, y también es un retroceso en logros relacionados en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas.
Sentencia: “Creo en su inocencia”
Cuando el 22 de julio de 2016, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios, razonaba su voto, dijo que confiaba en la inocencia de ambos dirigentes comunitarios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, respectivamente. En diferentes momentos señaló que, para ella, su actuación no implicaba delito alguno.
“¿Dónde está don Ermitaño? Yo sí creo en su inocencia y creo que no hizo ninguna actividad incorrecta. Es mi obligación como jueza absolver”, dijo Yassmin Barrios.
Posteriormente se refirió a Rigoberto Juárez. “Señor Rigoberto Juárez Mateo ¿Dónde está? Creo en su inocencia. Siempre he dicho que soy muy dura para juzgar, pero con la misma firmeza que se condena, también se debe absolver”, razonó.
Aquella noche, la Sala se llenó de aplausos cuando la presidenta del tribunal habló de la inocencia de ambos dirigentes y autoridades ancestrales de Huehuetenango.
Criminalizados por empresas de hidroeléctricas
Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes fueron criminalizados por el excoordinador del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, Pascual Tiu Zapeta y otros trabajadores de instituciones del sector justicia. A Ermitaño López se le acusó de convocar a comunitarios para amedrentar y encerrar a operadores de justicia el 23 de enero de 2014 en el CAJ mientras se realizaba una audiencia contra Francisco Pedro, Arturo Pablo y Adalberto Villatoro, quienes eran acusados por trabajadores de la hidroeléctrica Santa Cruz, que buscaba operar en Santa Cruz Barillas.
A Rigoberto Juárez se le acusó de encerrar a trabajadores del CAJ el 19 y 20 de enero de 2015, cuando en horas de la mañana del 19 de enero se habían realizado dos detenciones en la aldea Pojom de San Mateo Ixtatán. Se trataba de hermanos denunciados por la empresa Energía y Renovación, S.A que intentó construir dos hidroeléctricas en la región de Yichk’isis, conformada por ocho aldeas y cuatro caseríos.
En ese entonces, vecinos, familiares y amistades de los comunitarios detenidos llegaron a Santa Eulalia para averiguar su situación, pero había sido trasladados a la cabecera departamental de Huehuetenango, cuando la orden de detención salió del juzgado en Santa Eulalia.
