El gremio de periodistas se enfrenta todos los días a acoso judicial, restricciones a fuentes de información, intimidaciones y exilio, debido a que las instituciones encargadas de velar por la protección de quienes ejercen este oficio están ausentes o se dedican a criminalizar la labor periodística, con beneplácito de altos organismos del Estado.
Por Simón Antonio Ramón
La labor periodística en Guatemala se enfrenta todos los días a un contexto cada día más violento de diferentes maneras. Desde el año 2021, Prensa Comunitaria monitorea las agresiones y ataques a la labor de las y los periodistas a nivel nacional. Hasta ahora se contabilizan 376 agresiones contra periodistas, en las que resaltan intimidaciones, acoso judicial y restricciones a las fuentes de información.
Del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023 se registraron 185 agresiones contra periodistas, 35 casos más que el periodo anterior (mayo de 2021 a mayo de 2022) según el informe de Prensa Comunitaria “El Estado de Guatemala, cómplice y garante de la censura”. Los meses de agosto y noviembre de 2022; y febrero, marzo y abril de 2023 son los que registraron más casos.
El monitoreo resalta que un 23 por ciento de los casos registrados son de periodistas perseguidos penalmente, algunos enfrentan detenciones como los periodistas José Rubén Zamora, Robinson Ortega y Carlos Choc, procesos en los cuales sus audiencias son constantemente suspendidas; el 16 por ciento de los casos son de restricciones a las fuentes de información en diferentes instancias públicas, el 13 por ciento se trata de ciberataques. Uno de los casos que ha surgido desde el año 2022 a la fecha, es el exilio de periodistas y los desplazamientos temporales tanto a nivel nacional e internacional debido a las amenazas e intimidaciones que reciben las y los periodistas. El monitoreo registró al menos 12 fuentes de origen de los ataques contra la labor periodística; desde el Organismo Judicial (OJ) con los jueces, oficiales de los juzgados, personal de seguridad y supervisión de jueces. La segunda fuente viene desde las distintas fiscalías del Ministerio Público y sus diferentes dependencias.
La tercera fuente de violencias es el Organismo Legislativo, en donde figura la Junta Directiva y diputadas y diputados vinculados a la alianza oficialista. En la cuarta fuente se encuentran personas vinculadas a las fuerzas armadas. La quinta fuente de agresiones es el Organismo Ejecutivo desde las declaraciones de estigmatización que genera el mismo presidente Alejandro Giammattei, los bloqueos a la labor periodística que implementa el vocero presidencial Kevin López, las ministras y ministros, agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), directores de diferentes instituciones del gobierno.
La sexta fuente de agresiones son las municipalidades, en la cual aparecen alcaldes, concejales, policía municipal y personal de sus dependencias; La séptima fuente son los medios de comunicación que son usados para emitir censura y difamación contra la labor periodística. La octava fuente es diversa porque sus acciones se desarrollan desde el anonimato como las amenazas, agresiones en grupos de personas que no están identificadas. En la novena fuente de ataques se identifica a las empresas extractivas que operan en los territorios tanto mineras, palma africana, hidroeléctricas y empresas de construcción.
La otra fuente de violencia se encuentra en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) perpetrado por grupos de choque, docentes, vocero y Walter Mazariegos, quien usurpa el cargo de rector desde el 1 de julio de 2022. La siguiente fuente incluye a los netcenters que generan hostigamiento, intimidación y difamación contra periodistas y medios de comunicación generando un ambiente hostil para la labor periodística.
En la penúltima fuente de violencia contra la labor periodística se ubican los grupos que impulsa la criminalización contra operadores de justicia como las declaraciones del relator contra la tortura, Lester Castellanos, Omar Barrios y Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo. La última fuente de ataques a periodistas la conforman candidatos a cargos de elección popular de diferentes partidos por publicaciones realizadas.
Prensa Comunitaria con este monitoreo resalta la ausencia de mecanismos de protección para las y los periodistas, en los primeros cuatro meses de 2023 el departamento de Guatemala se registraron más del 50 por ciento de los casos.
A parte de la violencia que vive el gremio periodístico ahora, los periodistas se enfrentan a la inacción del MP a investigar las denuncias, el silencio de la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) desde que tomó posesión como procurador José Alejandro Córdova Herrera. El gobierno de Guatemala también ha restado importancia a los informes de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al informe del Alto Comisiones de Naciones Unidas para Derechos Humanos como el emitido en 2022 sobre Guatemala.
