Previo a la apertura de juicio oral y pública contra Micaela Solís y Sebastiana Pablo junto a otras cuatro personas, el Ministerio Público y el abogado de la municipalidad de Joyabaj les ofrecieron criterio de oportunidad en ciertos delitos y pidió la aceptación de cargos a otras dos personas, para que no fueran enviadas a juicio. Tras evaluar con sus abogadas y abogados, las personas criminalizadas aceptaron la medida.
Por Simón Antonio Ramón
El proceso penal contra Micaela Solís Juárez y Sebastiana Pablo Hernández junto a otras seis personas criminalizadas por el alcalde, Florencio Carrascoza y el concejo municipal de Joyabaj, se cerró, este martes, a través de un proceso de criterio de oportunidad y aceptación de penas, propuesto por Ministerio Público (MP) y el abogado de la municipalidad, el día que iba iniciar el debate oral y público en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Santa Cruz del Quiché.
Seis de las ocho personas criminalizadas señaladas de los delitos de incendio agravado, sedición, atentado con agravantes específicos, atentado y daño agravado, se presentaron al tribunal que preside la jueza Alma Liset Herrera Girón, quien conoció el caso.
Según informó el abogado Juan Castro Simón y la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas, tanto el abogado de la municipalidad de Joyabaj, Luis Ronaldo Sánchez Estrada y el fiscal del Ministerio Público (MP), Danilo Enrique Hernández Cordón, propusieron el criterio de oportunidad y aceptación de cargos.
#Quiché ✊🏽 Inicia audiencia de debate oral y público en contra de Sebastiana Pablo Hernández y Micaela Solis, dirigentas de la red de comerciantes locales de Joyabaj, criminalizadas en agosto de 2020 por el alcalde, Florencio Carrazcosa.
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“Se nos propuso por parte del Ministerio Público y por parte de los querellantes buscar una salida alterna al proceso, al momento de mencionarse la medida alterna nos referimos a una salida en la que no se tenga que diligenciar el debate, pues en consecuencia de ello no se emite una sentencia, sin embargo, se resolviera la situación jurídica de ambas”, dijo Wendy López, abogada defensora de Micael Solís.
Personas acusadas:
| No. | Nombre | Delitos |
| 1 | Diego Gabriel Siprian | Incendio agravado, sedición, atentado con agravantes específicas |
| 2 | Manuel Gómez Gómez | Incendio agravado, sedición, atentado con agravantes específicas |
| 3 | Sebastiana Pablo Hernández | Sedición, atentado |
| 4 | Julio Pérez Mayic | Sedición, atentado con agravantes específicas,
daño agravado, incendio agravado |
| 5 | Tomás López Chiquiaj | Sedición |
| 6 | Sebastián Nix Pol | Sedición, incendio agravado |
| 7 | Micaela Solís | Sedición |
| 8 | Tomás Alonzo Juárez | Sedición, daño agravado |
Durante la audiencia, la jueza separó a Diego Gabriel Siprian y Manuel Gómez Gómez del proceso, porque no se presentaron a la audiencia, en el caso de Diego Siprian fue declarado en rebeldía porque la última vez que se presentó a firmar el libro en la Fiscalía del MP en Joyabaj fue a finales de julio por lo que se le activó una orden de detención; en el caso de Manuel Gómez, se le dio un plazo de 48 horas para presentarse al tribunal y solventar su situación legal.
La juzgadora otorgó el criterio de oportunidad a las personas acusadas de los delitos sedición, atentado, atentado con agravantes específicos y daño agravado; en el caso de Julio Juárez Mayic y Sebastián Nix Pol, acusados del delito de incendio agravado, acudieron a la aceptación de cargos para ser beneficiados con la tercera parte de la pena, al no obtener el criterio de oportunidad, porque no caben en los criterios establecidos en el Código Penal.
La mayoría de las personas a quienes se dio la medida, harán trabajos comunitarios, en el caso de las defensoras Micaela Solís y Sebastiana Pablo Hernández, se les impuso concluir la etapa de escolaridad de nivel primario y realizar trabajo comunitario por ocho horas semanales, por seis meses en la aldea Chorraxaj, de Joyabaj.
Foto: Simón Antonio. Desarrollo de la audiencia pública, defensoras de derechos humanos y abogadas y abogadas de la defensa.
Tras dictarse las medidas de abstención solicitadas por el Ministerio Público para las personas criminalizadas, la jueza ordenó archivar el expediente por un año; de incumplirse las medidas impuestas en el tiempo establecido por la juzgadora se revocará el criterio de oportunidad, se ordenará su detención y se abrirá el juicio oral y público, advirtió la jueza.
Para Micaela Solís, quien estuvo en las protestas de agosto de 2020 como integrante de la sociedad civil, el proceso significó preocupación y miedo para sus hijos e hijas, para ella y su familia. “Frente a esta opción es liberador, porque ya no habrá ese miedo, pero, por otro lado, se demuestra que en ningún momento cometimos ningún delito, aunque la medida no es la correcto, pero sé que no cometí ningún delito”, afirmó.
Sebastiana Pablo Hernández, quien estuvo en prisión por más de 200 días, dijo que el proceso le generó preocupación, porque su esposo es una persona a la que le amputaron un pie. “Fue un momento muy difícil, en ese momento lo primero que hice fue pensar en mi esposo sobre cómo sería su realidad, también mi hija que se preocupó muchísimo por mi situación”, compartió.
Sobre el proceso penal contra Sebastiana Pablo y Micaela Solís, Eva Tecún, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, dijo que lo que ocurrió fue muestra de cómo opera la criminalización a través del sistema de justicia. “Esta vía que las compañeras se vieron obligadas, hasta cierto punto a aceptar, es en función de que no existe certeza de la utilización del derecho para los pueblos indígenas”, anotó.
El alcalde municipal de Joyabaj acusó a diez personas junto el MP por el incendio del edificio municipal el 24 de agosto de 2020, a partir de medidas de impedimento que impuso la municipalidad a comerciantes durante la pandemia de la COVID-19 bajo la excusa del distanciamiento social, cuando en esa fecha el gobierno había levantado las medidas de bioseguridad.
Un trabajo periodístico de la revista feminista RUDA recuerda que el 24 de agosto de 2020, se produjo una manifestación en Joyabaj, Quiché, debido a la inconformidad contra el alcalde Florencio Carrascoza. Dentro de las inconformidades expuestas por la población de Joyabaj se encontraba el uso indebido de los recursos públicos, así como un mal manejo de la ayuda que se brindaba por la pandemia de COVID-19 que favorecía a ciertas personas. Así mismo, un sector de comerciantes del municipio, al que pertenece Sebastiana Pablo, había mostrado su descontento desde el 17 de agosto de 2020, al haber sido excluidos de la asignación de puestos para vender. Dentro de las exigencias de este sector, estaba que se abriera el mercado municipal.
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En Joyabaj, Quiché, dos mujeres criminalizadas luchan por demostrar su inocencia
La Corte Suprema de Justicia retiró el derecho de antejuicio a Florencio Carrascoza, por una denuncia sobre violencia contra la mujer, violencia física y psicológica, cometidas en contra de la periodista Maya K’iche, Anastasia Mejía Tiquiriz, directora de Xolabaj Tv y Xolabaj Radio, quien también fue criminalizada por el alcalde y estuvo en prisión durante varias semanas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Carrascoza en la lista de corruptos de la región norte de Centroamérica, en julio de 2022, lo que impide viajar a ese país. Señalado de socavar procesos o instituciones democráticas al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos.
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