El Congreso tiene el desafío de elegir a 260 magistrados de Salas. Muchas de las personas que integran la lista tienen cuestionamientos por su participación previa en este proceso donde respondieron a grupos de interés.
La observación ciudadana será nuevamente vital ya que en sus manos está la aplicación de justicia para toda la población y no únicamente a un sector afirman autoridades indígenas.
Por Regina Pérez
Este 8 de octubre el Congreso de la República se prepara para elegir a 260 magistrados de Sala de Apelaciones, 156 titulares y 104 suplentes. Muchos de las y los candidatos tienen señalamientos o cuestionamientos. Según el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, 120 de ellos responden a grupos de interés que negociaron en el proceso de 2020.
Desde un inicio el proceso ha estado bajo la mirada de la ciudadanía, autoridades indígenas, organizaciones y observadores internacionales. Mañana en el Congreso, nuevamente las autoridades ancestrales llegarán para seguir la elección que no ha estado exenta de negociaciones entre las diferentes bancadas.
Sergio Vi, autoridad de la Alcaldía Indígena de Chajul, manifiesta que no hubo mucha transparencia de parte del Congreso a la hora de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se vio que los candidatos fueron a buscar a los diputados a pedir el voto directamente, eso no da confianza en el sistema, indicó.
Esta es la primera vez que las autoridades y alcaldías indígenas observan el proceso de elección de magistrados de las Cortes, aunque en el Congreso han tenido dificultad para ingresar y observar la elección desde el palco, como una forma de generar confianza en el sistema, ya que por temas de protocolo negaron el ingreso a todas las autoridades ancestrales.
En la primera elección, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se apreció que las y los diputados ya habían consensuado por quienes votarían. Las negociaciones entre bancadas son algo válido, según expertas, más es el fondo de los acuerdos lo que hay que cuestionar.
Kristel Martin, de la organización Be Just, señaló que el mayor desafío de los diputados al elegir son las presiones externas de grupos específicos vinculados al socavamiento de la democracia y la independencia judicial, la influencia política, intereses de cualquier índole, específicamente económicos y la falta de objetividad.
“Esto es un obstáculo significativo, ya que afecta la imparcialidad y la integridad de las decisiones, lo cual afecta la confianza pública”, indicó.
Martin espera que la elección se lleve a cabo de manera transparente y sin retrasos injustificables. “La transparencia garantiza la legitimidad y confianza pública, algo que hace falta en estos momentos. Todos y todas queremos confiar en la imparcialidad de las autoridades públicas y un paso transparencia es un paso para lograrlo”, dijo.
A última hora se registró, este lunes, la acción del abogado Erick Castillo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Congreso devuelva la nómina de 312 candidatos realizada por la Comisión de Postulación, para repetir la última parte de la misma, cuando los comisionados votaron en dos bloques para poder finalizar la lista.
Decisiones con objetividad
Un aspecto que se resalta de la elección es que en la nómina hay pocos candidatos indígenas y mujeres, “hay cero participaciones de pueblos indígenas, se ven las exclusiones, la mayoría son mestizos”.
Para Vi, la impartición de justicia de parte de los magistrados es un tema fundamental en temas como del conflicto armado, con una justicia para toda la población y no solo para unos pocos.
Por otro lado, le preocupa la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos y del territorio que sufren amenaza y despojo. La autoridad indígena mencionó el caso de Rigoberto Juárez, autoridad Q’anjob’al quien está siendo criminalizado nuevamente.
Dos de los magistrados de la CSJ que avalaron que pudiera ser juzgado nuevamente, Gustavo Adolfo Morales y René Guillermo Girón, lograron su reelección en esa Corte.
Por eso considera que es importante la observación ciudadana ya que “en manos de estos magistrados está la aplicación de la justicia”.
Para Martin, es importante que las decisiones de los diputados y diputadas se tomen con el más alto grado de responsabilidad y objetividad, en compromiso a la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho.
Los diputados fueron convocados al pleno el martes a las 10 de la mañana y al igual que se realizó la semana pasada, se esperan manifestaciones ciudadanas pacíficas afuera del Congreso.
Si bien la mayoría de diputados, incluyendo los de la bancada oficial, manifestaron su satisfacción con la elección del pasado 3 de octubre, expertas han señalado que lo que se dio no fue una renovación de Cortes sino el cambio de magistrados quienes llegan con fuertes compromisos con operadores externos.
