Las Salas de Apelaciones funcionan como un filtro en el sistema de justicia en el que los magistrados deben velar por la debida aplicación de la ley por parte de los Juzgados de Primera Instancia.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado que estas Salas han emitido resoluciones favorables hacia personas acusadas de corrupción y por otro lado han generado represalias contra abogados, periodistas, jueces y fiscales independientes.
Por Regina Pérez
En el actual proceso de elección de Cortes, la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones recibió más de 1500 expedientes de candidatos para las Salas de Apelaciones. Entre los aspirantes figuran jueces, fiscales y magistrados que buscan su reelección (131 de los 134 magistrados buscan reelegirse). La nómina constará de 312 candidatos y se elegirá a 156 magistrados titulares y 102 magistrados suplentes.
Durante el proceso se ha observado el interés de personajes con señalamientos o sanciones por corrupción de llegar a las Salas de Apelaciones. Muchos de ellos no cumplen con los requisitos para participar en la elección para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por eso optan por llegar a las Salas. Sin embargo, pueden existir otros objetivos como la búsqueda de impunidad y el control de Salas clave que les permitan continuar con la persecución política de fiscales, jueces, abogados y periodistas, entre otros.
Entre esos aspirantes están Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), las fiscales Cinthia Monterroso y Leonor Morales Lazo (quien quedó fuera del proceso) y Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha mostrado especial interés en colocar a personas afines a ella en estas Cortes.
También figuran magistrados y exmagistrados que han sido cuestionados por sus resoluciones.
Según abogados consultados, las Salas de Apelaciones deberían funcionar como un filtro en el sistema de justicia pero no siempre resulta así ya que en ocasiones los magistrados se extralimitan en sus funciones y revierten las decisiones tomadas por Tribunales aunque estén conforme a derecho.
La exmagistrada Yolanda Pérez Ruiz resume la labor de las Salas de esta manera. Es para estar seguros que lo que dictó un juez o un tribunal está de acuerdo a la ley y si no, lo repite (el proceso) o cambian la sentencia. “Es como verificar, pasar una prueba de control de calidad de las resoluciones de primera instancia, esa es la importancia real”, indicó.
Llegar a una Sala de Apelaciones significa manejar poder y un poder real. “Es más fácil manejar el resultado de un juicio en una Sala de Apelaciones que manejarlo en la CSJ, y son más Salas, más asuntos, es más amplia su cobertura”, explicó.
El abogado Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCPG) señala que hay varios propósitos para buscar las magistraturas, uno es la búsqueda de impunidad. Otro es que estos grupos que participan son la punta de iceberg de redes criminales. “No es que ellos actúen motu proprio sino que siguen una agenda de grupos oscuros que han logrado cooptar el sistema de justicia. Quieren consolidar ese control del sistema de justicia”, indicó.
Para Rodríguez en los últimos años se ha observado cómo se han emitido sentencias de absolución para personas altamente corruptas y que han defraudado al fisco nacional por miles de millones de quetzales.
En contraposición, “es una vergüenza para el país que alguien como el fiscal Stuardo Campo, que ha hecho investigaciones importantes, esté detenido por una cuestión ridícula, y esa es una represalia de estos grupos de poder”, indicó.
Las salas funcionan como un filtro de aplicación de la ley
En Guatemala el esquema judicial está organizado de la siguiente manera: los juzgados de Paz que se ocupan de asuntos de menor cuantía y de faltas, no delitos. A estos le siguen los juzgados de Primera Instancia que conocen de delitos penales y se ocupan de la primera etapa de un proceso penal, que es el control que deben tener sobre la investigación siendo jueces de garantías.
En lo penal, la primera instancia se divide en dos, jueces de garantías y jueces de sentencia, estos últimos forman parte de un Tribunal Pluripersonal.
En segunda instancia se encuentran las Salas, que entre sus atribuciones, según el artículo 88 del Organismo Judicial (OJ), están conocer en primera instancia, previa declaratoria del Congreso de haber lugar a juicio, en las causas de responsabilidad contra los funcionarios a los que se refiere el inciso h) de la Constitución: Presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la CSJ, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, viceministros de Estado, secretarios de la Presidencia de la República, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal general y Procurador General de la Nación.
También conocen en segunda instancia los procesos establecidos en ley, antejuicios y tienen en sus obligaciones cuidar que los jueces de primera instancia y jueces menores cumplan sus funciones y los plazos con apego a la ley.
Por último, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoce en casación los asuntos que la ley establece. La exmagistrada Yolanda Pérez señala que los asuntos que ven las Salas de Apelación abarcan casi todos, por lo que quienes tienen el control van a tener muchísimo más poder en cuestión de aplicación de la ley.
“Es como un filtro la Sala de Apelaciones, que establece cuál es la legalidad que ha de aplicarse en el país, porque ellos, aunque no hay jurisprudencia en Guatemala dicen más o menos cómo debe interpretarse una norma”, señaló.
El abogado Héctor Reyes, quien ha litigado por más de 20 años en el sistema de justicia, considera que las Salas deben ser contralores de las decisiones que toman los Juzgados de Primera Instancia.
“Lo que hacen es revisar esas resoluciones, que estén fundamentadas, conforme a derecho, que no se hayan violentado principios constitucionales, pero muchas veces las Salas de Apelaciones distan de hacer esa función porque ya se involucran en otros aspectos, como en el caso de Jose Rubén Zamora”, indicó el abogado que ejerce la defensa del periodista al explicar que una Sala le revocó la libertad condicional que le fue otorgada por un Tribunal.
Actualmente funcionan en el país 52 salas de apelaciones de distintas ramas: penal, civil, laboral y mercantil, las cuales están integrada por 3 magistrados titulares y dos suplentes. Es por ello que ahora figurarán 312 candidatos en la nómina que la Comisión Postuladora debe entregar al Congreso, listado del cual se elegirá a 156 magistrados titulares, 21 más que en la elección de 2019.
Las más codiciadas por quienes aspiran una silla en las Salas son las del Ramo Penal, las de Mayor Riesgo, Extinción de Dominio y Femicidio.
Buscan profundizar la cooptación del sistema de justicia
Uno de los objetivos de los grupos de poder para llegar a Salas de Apelaciones es continuar el control del sistema para generar impunidad a favor de los corruptos que han expoliado el país y generar represalias contra los jueces y fiscales independientes y abogados para que se abstengan de conocer los casos, por temor a ser criminalizados, un fenómeno que ha sido constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala el abogado Rodríguez.
Por esta razón, dice el consultor, personas como Curruchiche, Monterroso, Gilberto de Jesús Porres (esposo de la fiscal general) y otros que hayan generado actos de corrupción e impunidad o criminalización no deben llegar a las Cortes. “Las cortes tienen que estar integradas por personas probas, de reconocida honorabilidad, sin ningún tipo de duda razonable sobre su actuación, aquí lo que nos estamos jugando es que la sociedad en su conjunto tenga confianza en el sistema de justicia”, dijo.
Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, considera que lo que se quiere es profundizar la cooptación del sistema de justicia. “Quieren consolidar la persecución política contra jueces, exjueces, fiscales, exfiscales, exmandatarios de la CICIG y para eso necesitan controlar las salas”, señaló.
A consideración de Ibarra, las Salas tienen la capacidad de enmendar cualquier resolución que no les convenga que vengan de los Juzgados de Primera Instancia. Esa será la batalla central, agrega, al copar esas Salas les permitirá consolidar la persecución contra personas como la abogada Claudia González, el periodista Jose Rubén Zamora, los periodistas de elPeriódico y el caso Semilla, entre otros.
Sin embargo, advierte, este objetivo lo pueden lograr por medio de varios candidatos, muchos de los cuales aún son desconocidos.
Algunas resoluciones
Estas son algunas resoluciones de Salas de Apelaciones que muestran como estos órganos de justicia benefician o perjudican a las personas con sus resoluciones, dependiendo de quien se trate.
En abril de 2023, los magistrados de la Sala Tercera beneficiaron al político Manuel Baldizón al desligarlo de tres delitos y confirmar medidas sustitutivas para el acusado en el caso Transurbano.
En mayo de 2024, la Sala Tercera de Apelaciones ordenó detener la persecución penal en contra de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, en el caso Transurbano.
Esta Sala está integrada por los magistrados Jaime Amílcar González, Mirna Elizabeth Caballeros y José Alexander Ortiz, quienes buscan su reelección. Ortiz fue electo como integrante de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia.
En abril de 2023, la Sala Segunda negó el arresto domiciliar a la exfiscal de la FECI Virginia Laparra. Asimismo le rechazó una apelación especial presentada por su equipo de abogados en contra de la sentencia de la jueza Oly González de 4 años de prisión por abuso de autoridad. Sus exintegrantes Roaldo Isaías Chávez y Eduardo Galván buscan ahora llegar a la CSJ.
En Chiquimula, la Sala Regional Mixta revocó, en abril de 2023, la resolución de un Tribunal que había cerrado el caso contra cuatro comunitarios denunciados por la minera Cantera Los Manantiales. Los defensores del territorio volverán a enfrentar proceso debido a este fallo.
La Sala Segunda de Apelaciones anuló en junio la libertad condicional otorgada por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal al periodista Jose Rubén Zamora, tras una apelación de la FECI, sin tomar en cuenta su presunción de inocencia, ya que el juicio por el cual fue condenado fue anulado.
En ocasiones, las Salas han corregido las actuaciones de los Juzgados de Primera Instancia como en el caso de la abogada Claudia González, a quien la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal otorgó su libertad condicional en noviembre de 2023, tras permanecer en prisión preventiva por 81 días. Esa misma Sala ha ordenado al juez Jimi Bremer, que conoce el proceso, permitir el ingreso de la prensa para cubrir las audiencias, lo que no ha sucedido.
Esta misma Sala benefició a Gustavo Alejos, en el caso Redes de Poder, por entregar sobornos a exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota (PP), al confirmar el cierre de su caso.
Un proceso que no califica a los mejores
En un proceso donde se presentaron más de 1500 expedientes el monitoreo de cada candidato es más difícil. El abogado Rodríguez señala que el diseño constitucional no permite concursos meritocráticos porque no hay tiempo para evaluar con rigurosidad cada currículum y los méritos de cada persona.
Sumado a eso algunos grupos han entorpecido el proceso para acortar el plazo de examen de los currículos y la etapa de recibir señalamientos. “Es un proceso formal donde se excluyen a candidatos por nimiedades, pero alguien que ha emitido una sentencia que ha dejado libre a personas no tiene problemas para pasar”, indicó.
El proceso se atrasó por más de un mes luego de que ambas Comisiones no pudieron ser instaladas, el 11 y 12 de julio, por la falta de juramentación de dos decanos. Posteriormente, los magistrados de Salas de Apelaciones y CSJ, que están representados en las Postuladoras, entorpecieron las sesiones al insistir en llevar la sede al Palacio de Justicia.
“Si usted tiene 1500 expedientes, qué va a estudiar de ellos, ¿Cuántos va a estudiar, a qué le va a poner atención? Entonces pasa casi cualquiera. Y si añade que los abogados que tienen las capacidades y reúnen los requisitos que la Constitución establece son muy pocos, la posibilidad de que tengamos malas Cortes como las actuales y, talvez peores, es muchísimo mayor”, señaló Pérez.
Pese a ello, Rodríguez expresa su confianza en comisionados honorables que responden a la ética, aunque no sean la mayoría. “Deben hacer valer su voz y evitar que aquellos currículos nefastos sean electos” dijo.
Durante las sesiones se ha observado que al menos 14 comisionados, entre decanos y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se han distanciado del grupo señalado de estar vinculado a intereses externos. Sin embargo, más de 20 están dispuestos a sacar adelante la tarea de ese epicentro antidemocrático, proimpunidad, procorrupción y a favor de la persecución política que está dentro de las mismas comisiones de postulación y que tiene fuerte arraigo en el poder judicial y en el Congreso de la República, señaló Ibarra.
La recta final del trabajo de ambas comisiones concluirá el 22 de septiembre, con la votación de la nómina y la entrega de la misma al Congreso de la República será el 23 de ese mismo mes.
