Este 2 de octubre se cumple el primer aniversario desde que las autoridades indígenas y ancestrales de distintos pueblos encabezaron 106 días de movilización contra el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público (MP) que buscó invalidar los votos de la población emitidos en las urnas.
El liderazgo de las autoridades indígenas llevó a varios sectores a sumarse a la protesta contra la corrupción y en defensa de su voto. “Las varas abrieron el camino”, señala un dirigente maya Ixil sobre lo que se inició ese día. El ciclo de protesta concluyó la madrugada del 15 de enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo asumió como presidente.
Por Regina Pérez
El 2 de octubre marcó una fecha histórica en la historia reciente de Guatemala. Diversos pueblos indígenas, encabezados por sus autoridades, iniciaron un ciclo de protestas que llegó a amplificarse a nivel nacional. Fue una movilización sin precedentes, pero con una larga historia de resistencia, que fue encendida por el hartazgo y el malestar de la población guatemalteca hacia los abusos de poder y el desconocimiento de su voto en las urnas.
La Alcaldía Indígena de Sololá, los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Nebaj, Cotzal y Chajul, la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán, el Parlamento Xinka y San Cristóbal Totonicapán y Chichicastenango fueron las primeras autoridades que se unieron para pedir la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general, y fiscales que estaban investigando los resultados de las elecciones generales, cuando Bernardo Arévalo fue electo como presidente.
Si bien el epicentro simbólico de la movilización se puede ubicar en Cuatro Caminos, en el kilómetro 187 de la carretera Interamericana, fue frente a la sede del Ministerio Público (MP) ubicado en Gerona, ciudad capital, que el levantamiento cobró fuerza y extendió en varios puntos del territorio nacional, con 16 puntos cerrados por las poblaciones de Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Santa Rosa y Alta Verapaz.
A un año de esos hechos, Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, recuerda que ese día las autoridades madrugaron para acudir al plantón frente a la sede del MP. Ulario siempre ha estado involucrada en la lucha social por lo que iba decidida a permanecer en el lugar unos ocho días. Sin embargo, se convirtieron en 106, hasta que el presidente Bernardo Arévalo asumió la madrugada del 15 de enero de 2024.
Nadie iba preparado el 2 de octubre para una resistencia de 106 días, pues se pensó que sería si mucho un plantón de tres días, contó Ulario. Pero cuando vieron que ninguno de los funcionarios a quienes exigían su renuncia dejaban el cargo, ella les expresó que si dejaban el movimiento nadie iba a creer en sus decisiones como autoridades indígenas, pues no cumplirían con su palabra.
La población guatemalteca se une al paro nacional para rechazar las acciones del MP
“Hay que perseverar, les dije, y demostrar esta lucha y coincidimos con los siete pueblos, que lo hacemos y entramos de lleno”, indicó.
Eso llevó a una paralización de 21 días en varios puntos del país. En el caso de Sololá, el paro duró 26 días. Después del 20 de octubre, la estrategia de movilización cambió y se concentró frente al edificio central del MP. El día que las protestas alcanzaron su punto más alto se cerraron 140 puntos carreteros en todo el territorio nacional.
“Las varas despertaron en todo el país”
“Aparecieron autoridades indígenas con sus varas y empieza a emerger un contingente muy importante de autoridades indígenas jóvenes, con lo cual se va dando un proceso de transición a un nuevo liderazgo comunitario, ancestral, indígena y campesino”, dice Pablo Ceto, dirigente campesino maya Ixil.
Ceto, quien también fue diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), describe como “muchos ríos de luchas y resistencias, de demandas y ejercicios de derechos que se juntan en un caudal que abrió sus puertas hace un año”.
“Eso prendió, los que estuvieron en la cabeza esos días no tuvieron la necesidad de ir a Sayaxché, a Ixcán, a Uspantán, ahí apareció. Las varas despertaron en todas partes del país pero es la memoria de resistencia de los pueblos y autoridades indígenas, de comunidades campesinas, pero también el hartazgo de la población frente a la corrupción”.
En la ciudad capital también se registraron protestas, incluso los mercados realizaron una de las manifestaciones más grandes, apoyando las demandas de los pueblos indígenas que pedían la renuncia de Porras y los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
A pesar de que las autoridades indígenas buscaron el diálogo con el presidente Alejandro Giammattei, con mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y hubo mesas con otros actores como el empresarial, no se alcanzaron acuerdos para una salida a la crisis y, en contraste, el MP arreció los ataques contra el proceso electoral.
¿Qué fue lo que detonó las manifestaciones?
¿Qué fue lo que llevó a las autoridades indígenas y ciudadanía a exigir la renuncia de Consuelo Porras y otros fiscales? Para Ulario Zavala fue el hartazgo por la corrupción y la cooptación que hay en el Estado.
“Cuando se prendió la chispa se volcó todo el país, desde Playa Grande, la Costa Sur, hasta el Occidente, se vio el hartazgo de la gente de la corrupción y la cooptación. Se convirtió en un levantamiento nacional donde las varas son las que mandaban, no nosotros, fuimos instrumentos” indicó Ulario.
Para Ceto, lo que sucedió en 2023 fue algo inédito. “La gente tenía acumulado mucho malestar, mucho descontento por el nivel de corrupción y de impunidad en que han caído varias instituciones del Estado, particularmente en los últimos tres gobiernos”, señala.
La conciencia en contra de la corrupción se elevó mucho a partir de 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP develaron varios casos de corrupción que llevó a Otto Pérez Molina a prisión, considera Ceto.
Ese malestar está y sigue creciendo en todo el país y, en el caso de los pueblos indígenas, en los últimos 15 años han provocado una lucha creciente frente a las políticas extractivas en territorios indígenas por empresas mineras, hidroeléctricas y de palma africana. A eso se le suma la persecución penal desde el MP contra varios sectores.
“Ha habido una creciente política de persecución en contra de liderazgos comunitarios, autoridades indígenas, líderes sindicales, estudiantes, de organizaciones de derechos humanos y de operadores de justicia, todo eso se fue juntando y hace un año se dio el momento en que la gente se sintió lastimada porque iban a invalidar sus votos, con toda esa conciencia política y ciudadana pensó en un nuevo gobierno”, expresó.
Bernardo Arévalo alcanzó más del 56 % de los votos, en la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023, frente a un 37 % de la candidata Sandra Torres, quien se negó a reconocer su derrota. Sin embargo, el MP de Porras puso en peligro la transición del gobierno al continuar con las investigaciones del partido Semilla que llevó a Arévalo a la presidencia, por supuestas anomalías en su constitución como agrupación política.
“Al ver que iban a robar esos votos, la gente se levantó. Se estaba atentando contra una posibilidad de construir la democracia en Guatemala, establecida en la Constitución”, señaló Ceto.
“Hay que seguir trabajando”
Con el reposo de un año después de los hechos, para Ulario “la semilla quedó”. Y aunque los resultados no son los que esperaban, “por lo menos el pueblo no se ha muerto”, señala la autoridad indígena que ve que la población continúa atenta a lo que ocurre a nivel político, como en la elección de representantes ante los Consejos de Desarrollo Departamental (CODEDE), que está siendo manipulada por los partidos políticos tradicionales corruptos que pretenden seguir enquistados en estos espacios.
“Es una lucha fuerte para los pueblos, hay gente que no es manipulable y esa gente es la que hay fortalecer y tenemos que tener un poco de paciencia porque nosotros no hemos participado en la política, nos ha quedado lejísimos, entonces tenemos que asumir ese compromiso”, agregó la autoridad indígena.
Por su parte, Ceto dice que de un año a la fecha, las varas crecieron en todas las regiones del país. “Las varas son autoridad, decencia, son resistencia, son dignidad, honradez, es decir, una ética completamente distinta a las calidades morales de los actores políticos, económicos y militares que han estado obstaculizando el proceso de democratización del país”, afirmó.
Actualmente el país tiene nuevos actores que aportan en la construcción de la democracia. Las autoridades indígenas y comunidades han impulsado sus propias agendas de desarrollo como en los tres municipios del área Ixil, que han establecido una agenda conjunta con el Ejecutivo y están participando en procesos como elección de CODEDES y de gobernadores.
Cada mes, las autoridades ancestrales se reúnen con el presidente Arévalo. Es la primera vez que el Ejecutivo abre un espacio institucional para construir un diálogo.
Finalmente, como actoras de la coyuntura, las autoridades indígenas decidieron observar el proceso de elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Apelaciones. “Su voz ha sido importante, porque son autoridades que reflejan seriedad, interés, conciencia ciudadana pero sobre todo una ética contra el robo, contra el abuso, contra el despojo que otros gobiernos y los poderes económicos han mantenido”, señaló Ceto.
La resistencia de los 106 días fue una escuela en la que las autoridades indígenas aprendieron y compartieron, “dijimos no a la sumisión, ya no tenemos que agacharnos, tenemos que exigir nuestros espacios”, dijo Ulario. De esa manera, agregó, visibilizaron que el poder radica en la asamblea, en el pueblo.
