El proceso de elección de magistrados para el sistema de justicia de Guatemala, llamó la atención de las autoridades indígenas, que decidieron fiscalizar su integración “para evitar las influencias de corruptos”. A los representantes de los pueblos que observaron la votación e integración de las nóminas de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, no les importó las extensas y agotadoras jornadas para hacer valer sus derechos.
Por Eder Juárez
Sin importar la distancia entre sus comunidades y la Universidad Rafael Landívar (URL), sede de las Comisiones de Postulación, las autoridades indígenas estuvieron presentes para observar el desarrollo del trabajo que culminó con la presentación de la nómina de 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 312 a Salas de Apelaciones.
En diversos momentos las autoridades indígenas cumplieron con el rol de fiscalización al que se comprometieron a realizar en este proceso el 21 de junio en un encuentro que se realizó en Nebaj, Quiché.
El 8 de agosto en una rueda de prensa expresaron su preocupación por la discusión en las Comisiones de su sede que atrasó su trabajo por dos semanas más y por el temor que existía de que los magistrados se mantuvieran en sus cargos, como ocurrió en 2019.
En respuesta a una solicitud, el 16 de agosto, las autoridades indígenas fueron escuchadas en el pleno de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia, en la que solicitaron a los comisionados respetar las leyes, los plazos para la renovación de Cortes, y priorizar los requisitos de capacidad, honorabilidad e idoneidad de los candidatos. Asimismo, señalaron el conflicto de interés de los magistrados y comisionados que se postularían para la reelección.
En el periodo de tachas, presentaron impedimentos contra los 12 magistrados que buscaban reelegirse, así como contra personajes como Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso y Gilberto Porres de Paz, esposo de la fiscal general.
El día de la votación, las autoridades indígenas pudieron atestiguar todo el proceso para integrar las nóminas. A pesar de las maratónicas jornadas, daban seguimiento a las votaciones que realizaban los miembros de las Comisiones. Tomaban fotografías y videos para registrar los detalles que ocurrían en el salón donde se desarrollaban las sesiones. Además, mostraron su inconformidad al escuchar que algunos comisionados votarían por un candidato señalado o con tachas.
Durante el proceso las autoridades indígenas ofrecieron en diferentes momentos conferencias de prensa en las que exigieron a los comisionados integrar las nóminas con personas de reconocida honorabilidad.
A su llegada a la URL, el 22 de septiembre, último día de la votación por parte de la Postuladora de la CSJ, las autoridades colocaron un “altar por la justicia”. Sebastiana Par, alcaldesa indígena de Santa Cruz del Quiché, encabezó la delegación de ese departamento, llevando un incensario y flores que colocó afuera del salón de reuniones.
Otro aspecto a destacar de la observación que realizaron las autoridades indígenas fue que llevaron sus alimentos y eran repartidos a cada uno. Se mantuvieron en el espacio asignado para los observadores sin interrumpir las sesiones, manteniendo la atención.
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“Parte de nuestras luchas”
Desde junio de este año, cuando se llevó a cabo en Nebaj, Quiché, la conmemoración del “Día de la Dignificación Ixil”, fecha en la que se conmemora el fusilamiento de siete principales, durante el gobierno de Jorge Ubico, las autoridades indígenas de Guatemala decidieron vigilar el proceso de integración de las nóminas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. En esa ocasión las autoridades de los pueblos originarios realizaron una declaración conjunta en la que informaron sobre la creación de una comisión de observación, siendo un espacio abierto en el que todos podrían participar.
La comisión de observación fue conformada por las autoridades indígenas del área Ixil, y Santa Cruz del Quiché. Además de la Alcaldía Indígena de Santiago Sacatepéquez, autoridades de Baja Verapaz, Chimaltenango, el Valle de Palajunoj de Quetzaltenango y autoridades ancestrales de Yichk’isis de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Poco a poco se fueron integrando otras autoridades, como del pueblo Ch’orti’ de Chiquimula.
El pasado 22 de junio las autoridades indígenas publicaron un comunicado en el que exigieron a los diputados del Congreso de la República ser los “representantes del pueblo”, y por lo tanto “elegir entre las listas propuestas por las Comisiones de Postulación a los abogados y abogadas que reúnen las mejores calidades”.
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“Es parte de nuestras luchas y resistencia contra un sistema en el que vivimos, es la continuidad de lo que hemos estado realizando, la cual no termina aquí, seguiremos dándole seguimiento a todo esto que afecta al pueblo”, manifestó Feliciana Herrera, alcaldesa indígena de Nebaj.
Según Herrera, la intervención de los pueblos indígenas es prácticamente para que no haya influencia de corruptos y el proceso no sea viciado como muchas veces ha pasado, con un sistema cooptado.
“Cada pueblo tiene sus luchas, pero en este caso hay luchas que son de manera colectiva, en donde tratamos de articular esfuerzos, particularmente en esta”, dijo la alcaldesa indígena de Nebaj.
Por su parte, Sebastiana Par, autoridad indígena y ajq’ij de Santa Cruz del Quiché, indicó que los pueblos originarios han trabajado en la defensa del derecho en los territorios, entendiendo que hay tres poderes del Estado, teniendo claridad de que se está en un país en el que convergen cuatro culturas. “El otro sistema de justicia no es nuestro porque nosotros tenemos nuestra propia ley, sin embargo, estamos en un contexto en donde debemos alzar nuestra voz, y por eso participamos para exigir el respeto de la democracia”, refirió.
Además, agregó que esta lucha no es solo para los pueblos indígenas sino para los cuatro pueblos, Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo. “Es importante que le prestemos atención, que se entienda que hay un pluralismo jurídico y que se respete a las autoridades indígenas que también imparten justicia. Es importante que haya transparencia en un proceso como este y estar a favor de la vida y no de mafias y corruptos o a situaciones que afecten a nuestro territorio”, señaló.
Según Par, hubo anuencia a la participación de la sociedad civil por parte de los presidentes de las Comisiones de Postulación y la coordinación que tuvieron, que es de felicitarlos, sin embargo, había comisionados con sesgos e intereses que en ocasiones cambiaban las metodologías. “Hubo momentos en el conteo de votos que decían votemos por grupos, metodologías que a veces da lugar a pensar que están defendiendo intereses. Aunque algo satisfactorio para nosotros fue que el fiscal Curruchiche obtuvo cero votos, aunque tenemos claridad que hay personas que puedan tener vínculos con ellos”, dijo.
No hacemos esto por defender a un gobierno, sino es para que se respete la poca democracia que tenemos y que haya una igualdad en derechos, para tener autoridades representativas, aseguró José Amilvar Urías Sánchez, presidente del Parlamento Xinka, quienes también fueron observadores del proceso.
Urías Sánchez dejó claro que cada pueblo tiene sus formas para administrar justicia, algo que caracteriza a las autoridades indígenas es la representación de toda la comunidad, en este caso de los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, pues son autoridades electas en asambleas.
Como resultado de la observación del proceso de elección, las autoridades indígenas esperan que se elija a personas capaces e idóneas, que tengan un protagonismo bueno y no como el que hasta ahora le ha tocado vivir al pueblo guatemalteco. “Toda Guatemala está ansiosa de tener un cambio”, manifestó el presidente del Parlamento Xinka.
Exigen respeto a sus derechos
De acuerdo con las autoridades indígenas, una de las luchas que tienen es exigir el respeto a sus derechos, los cuales muchas veces son violentados en un Estado racista y discriminador.
“Una de nuestras luchas como autoridades indígenas es exigir nuestros derechos, que lamentablemente en un Estado racista y discriminador tenemos que luchar para exigirlas, incluso hasta con la pérdida de vidas para que se logren respetar los derechos”, lamentó Feliciana Herrera.
Agregó que el sistema de justicia “no es nuestro”, sin embargo, “somos guatemaltecos, parte de este Estado, que también tiene que tener responsabilidad de atender a las poblaciones indígenas”, señaló Herrera.
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Tenemos un derecho constitucional, el cual se debe cumplir y no solo para un sector, a los ladinos/mestizos o no solo a los pueblos indígenas sino a todos los que integramos este Estado que tenemos. “El Estado tiene la responsabilidad de proteger esos derechos, para que sea un verdadero Estado de Derecho democrático”, manifestó.
Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar y presidente de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia, refirió que desde un principio valoró la presencia de las autoridades indígenas y su participación en la observancia del proceso de elección de Cortes.
“He manifestado que es importante que las autoridades indígenas estén en este proceso, para garantizar la transparencia de la Comisión”, dijo en una entrevista a Prensa Comunitaria.
Agregó que muchos planteamientos hechos por las autoridades ancestrales deben ser dirigidos a los postulantes y a quienes sean electos o quienes asuman como nuevas autoridades del Organismo Judicial (OJ) y se comprometan a cumplir con los compromisos para una justicia diversificada.
Cortés indicó que se ha logrado en buena medida cumplir con la demanda de elegir a los candidatos más idóneos. “Se ha electo a los mejores, sin embargo, estamos supeditados a una votación con una mayoría de 25 comisionados por ley. La lista refleja un poco estos consensos y habrá que identificar con las grabaciones quiénes votaron por quienes y con qué porcentaje, que es algo que la transparencia nos permite hacer”, indicó.
El presidente de la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia, dijo que la observancia estuvo garantizada, tanto por observadores nacionales e internacionales de diversos sectores organizados, personas individuales y también los medios de comunicación contando con un rol importante a ser fieles a la verdad.
“El proceso de transparencia se ha aplicado, la publicidad también, se ha tenido el acceso a la Universidad Landívar sin ninguna restricción” indicó.
Además, señaló que fueron garantizados todos los derechos de las autoridades indígenas, incluso cuando se fue a dejar la nómina al Congreso de la República estaban afuera en las calles. “Tuve que interceder para permitir el ingreso y garantizar la participación de los pueblos indígenas, algo que es admirable es la resistencia de los pueblos durante los procesos democráticos del país”, concluyó el presidente de la Postuladora de CSJ.
La elección en manos del Congreso
El pasado lunes 23 de septiembre, las Comisiones de Postulación tanto para la Corte Suprema de Justicia como para Salas de Apelaciones, entregaron al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, las nóminas de candidatos, en las que se tendrán que elegir a las nuevas autoridades del Organismo Judicial.
La nómina para la CSJ está conformada por 26 candidatos, de ese listado los diputados deberán elegir a los 13 magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia. De los 26 candidatos, 20 se encuentran señalados en el caso Comisiones Paralelas.
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De 26 candidatos a la CSJ, 20 están señalados en el caso Comisiones Paralelas
Entre tanto, la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones entregó una nómina de 312 candidatos, de la cual se elegirán a 156 magistrados titulares y 104 suplentes para el período 2024-2029.
Los diputados tienen un plazo constitucional para elegir a las nuevas autoridades que culmina el 13 de octubre, y deberán de tomar en cuenta la exigencia de los pueblos indígenas, para la renovación de las Cortes y la alternancia en el poder.
Además, evitar a toda costa escoger a candidatos señalados de corrupción y atender el clamor del pueblo guatemalteco, de tal forma que se evite la cooptación de la justicia.
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