Entre los cientos de expedientes que se han entregado a las Comisiones de Postulación, más de 1500 para Corte de Apelaciones y más de 300 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobresalen jueces y abogados que tienen una reconocida trayectoria en el sistema de justicia o son reconocidos por la defensa de los derechos humanos y pueblos indígenas.
Por Regina Pérez
En el proceso de elección de Cortes 313 aspirantes han postulado para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 1526 para Corte de Apelaciones. Entre ellos figuran varios jueces, magistrados, exmagistrados y abogados que tienen un perfil cuestionable, pero también hay varios aspirantes cuya trayectoria ha sido a favor de los derechos humanos o que son reconocidos por su integridad a la hora de impartir justicia.
Esta es una pequeña lista de jueces y abogados de reconocida trayectoria que participan en el proceso tanto para CSJ como para Sala de Apelaciones.
Marco Antonio Villeda
Villeda es un juez que cuenta con un máster en Derecho Penal y es doctor en Ciencias Políticas. Se postula para la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En 2018, fue parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA, en donde se desempeñó como juez internacional.
Cuenta con experiencia judicial de más de 30 años y ha sido juez de Paz Penal, de Extinción de Dominio y magistrado de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.
Como juez de Extinción de Dominio extinguió los bienes del expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, el político Manuel Baldizón, el exministro Alejandro Sinibaldi, el narcotraficante Juan Ortiz “Chamalé”, Erik Archila, Ana Sofía Castañeda “La Sirenita”, los exsuperintendentes Marco Tulio Abadío y Carlos Muñoz, entre otros.
En febrero rechazó una solicitud del Ministerio Público para levantar el embargo de bienes del exministro del Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi. En abril, la CSJ le notificó su traslado al Juzgado Segundo Penal, para desempeñarse como juez “B” en sustitución de la jueza Ruth Noemí Camey Equité.
Conoce más detalles acá:
MP pidió levantar el embargo de bienes al exministro Alejandro Sinibaldi
Patricia Gámez
Se inició en el sistema de justicia desde el 21 de junio de 1999. Se ha postulado para Corte de Apelaciones y CSJ. Fue presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial. Fue jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, jueza décima de Primera Instancia Penal en Guatemala y jueza de Primera Instancia Penal de Chimaltenango.
En 2018, integró la nómina de candidatos a fiscal general de la cual el entonces presidente Jimmy Morales eligió a Consuelo Porras. También participó como candidata a magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), en 2021.
Fue una de las juezas que manifestó su apoyo a la magistrada Claudia Escobar cuando ella denunció los vicios en el proceso de elección de magistradas y magistrados en 2014.
En 2024 presentó su renuncia como jueza luego de que la CSJ ordenara su traslado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco, sin atender los procedimientos legales, como expresó en una carta enviada a la Corte.
La exjueza señala que, desde que inició su carrera judicial, aspiraba a un sistema en el cual los jueces fueran formados técnicamente y ascendieran en el Organismo Judicial.
Gámez dijo que se vio forzada a salir de la carrera judicial porque no se aplicaron los principios del régimen de carrera y eso es lo que la motiva a participar para que se establezca un sistema que garantice la independencia judicial y se institucionalicen las mejores prácticas en el sistema de justicia para evitar que sea instrumentalizado.
Gámez es una de las candidatas que fue excluida temporalmente por una falta en su expediente.
Pablo Xitumul
Pablo Xitumul presidió el Tribunal de Mayor Riesgo “C”. Es originario de Rabinal, Baja Verapaz pero inició su carrera en la ciudad capital desde 1981. Como presidente de ese Tribunal conoció varios casos de alto impacto, algunos relacionados con el conflicto armado interno pero también relativos a pandillas.
En mayo de 2018 condenó a cuatro militares por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y la violación sexual agravada a su hermana Emma, hechos ocurridos en 1982. También dictó sentencia en los casos masacre “Dos Erres” y Genocidio Ixil, cuando integraba el Tribunal de Mayor Riesgo donde se juzgó y condenó al general Efraín Ríos Montt; también el caso “Agua mágica”, en el que una de las sindicadas era la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
En febrero de 2022, la CSJ le retiró la inmunidad tras una denuncia del inspector de la PNC, José Cuxaj, luego de un altercado en 2019. En marzo de ese año la Corte lo suspendió del cargo. Ahora se dedica a su afición que es la música mientras espera la resolución favorable de su caso.
En este proceso de elección de Cortes, Xitumul y otros jueces pidieron a la Comisión de Postulación que sean evaluados según la Ley de la Carrera Judicial. El togado separado del cargo busca una magistratura en la CSJ.
Carmela Curup
Carmela Curup, originaria de San Juan Sacatepéquez, es una abogada kaqchikel y una de las fundadoras de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala. Curup dirige el Bufete para Pueblos Indígenas donde conoce varios casos. Ejerce la defensa de los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales, que enfrentan un proceso penal por los delitos de usurpación agravada por la toma de la Universidad de San Carlos (USAC).
La Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj) reconoció su trayectoria y compromiso cuando se postuló para la Corte de Apelaciones. “Su postulación es un referente más del incansable compromiso de lucha de los pueblos indígenas en la defensa de los derechos individuales y colectivos”, señaló dicha agrupación.
Curup señaló las limitaciones del sistema de justicia guatemalteco para los pueblos indígenas. Con su participación espera que se tome en cuenta su experiencia en el ejercicio profesional, donde han luchado para cambiar el enfoque de la justicia. “Hacer que la justicia llegue a los pueblos, a las mujeres”, dijo.
Francisco Javier Puac
El abogado Francisco Javier Puac es originario de San Cristóbal, Totonicapán. Tiene más de 22 años de ejercer la profesión. Es doctor en Derecho y tiene una Maestría en Derechos Humanos. También ha ejercido como docente. Actualmente funge como registrador auxiliar en el Registro de la Propiedad.
#LuchaPorCortes ⚖️El abogado Javier Puac, quien ejerció la defensa de Marcela Blanco el año pasado, presenta su expediente para optar a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Puac tiene una maestría en derechos humanos y ha ejercido como abogado más de 23 años.… pic.twitter.com/OALT7NFGej
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 23, 2024
En 2022, participó en el proceso de elección de fiscal general. Un año después ejerció como abogado defensor de Marcela Blanco, integrante de Semilla, en el caso de criminalización por la toma de la Universidad de San Carlos (USAC).
Puac es ciclista profesional y ha escrito varios libros, entre ellos “El Mundo Maya bajo Fuego”, una novela que describe la belleza del país. Puac indicó que su carta de presentación son los vecinos y el lugar donde ha crecido. El abogado busca llegar a una Sala de Apelaciones.
Aníbal Maquín Bo
Es un abogado originario de El Estor, Izabal, con 14 años de ejercicio profesional. Se postuló para la Corte de Apelaciones. Su especialización ha sido el tema agrario por lo que ha trabajado con las comunidades indígenas. Fue ahí donde nació su interés para estudiar Derecho ya que en Izabal observó el despojo de tierras.
Se graduó de la Universidad Mariano Gálvez en la ciudad capital y ha trabajado en instituciones como el Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios.
Maquín indicó que esta elección es una oportunidad para los abogados que trabajan en los departamentos y señaló que desde las Cortes de Apelaciones se puede realizar la aplicación debida de la ley y respetar el debido proceso.
En 2019 fue criminalizado, en su rol de abogado, por presentar un amparo a favor de la Gremial de Pescadores Artesanales que libró una batalla en contra de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Su detención fue ordenada por el cuestionado juez Aníbal Arteaga. Días después quedó libre. “El sistema judicial está corrompido”, señaló Maquín al entregar su expediente.
Maynor Alvarado
Maynor Alvarado es un abogado especializado en derechos humanos que ha trabajado 22 años en el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), asistiendo a víctimas del conflicto armado interno. Como parte del GAM ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC) donde imparte los cursos de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Es presidente ad honorem de la Fundación Derechos Humanos en Acción conformada por un grupo de profesionales que presta servicios a personas de escasos recursos que no pueden sufragar sus casos.
En el ámbito académico tiene una Maestría en Seguridad Estratégica y otra en Derecho Penal. Su tema de tesis en el doctorado es sobre personas desaparecidas en Guatemala. Fue becado por el Centro William J. Perry, de EE.UU., para estudiar un curso sobre Estado de derecho y derechos humanos. Su motivación para postularse “es contribuir a recuperar el Estado judicial en Guatemala”.
Alvarado señaló que sabe que sus posibilidades son mínimas debido a como está estructurado el sistema “pero creo que es una obligación”. El abogado indica que no solo se deben esperar los cambios. “Sé que no tengo padrinos, pero académica y profesionalmente cumplo con los requisitos”, manifestó.
Esta semana las Comisiones de Postulación están recibiendo las pruebas de descargo de quienes resultaron excluidos y el próximo lunes la Postuladora de la CSJ se reúne nuevamente en sesión.
