Oponernos a la injusticia no es delito
Tiempo de lectura: 2 minutos El deterioro de la institucionalidad democrática en Guatemala responde a la protección y fortalecimiento de las redes de corrupción, explotación y despojo que favorecen los intereses gremiales y personales de una reducida clase política, económica y militar en el país, revirtiendo las investigaciones penales en su contra y restaurando un orden autoritario de impunidad.