
Oponernos a la injusticia no es delito
El deterioro de la institucionalidad democrática en Guatemala responde a la protección y fortalecimiento de las redes de corrupción, explotación y despojo que favorecen los intereses gremiales y personales de una reducida clase política, económica y militar en el país, revirtiendo las investigaciones penales en su contra y restaurando un orden autoritario de impunidad. Organizaciones y colectivos sociales, así como ciudadanas y ciudadanos, hemos salido reiteradamente a las calles –haciendo uso legítimo de nuestros derechos constitucionales–, para evidenciar el descontento, indignación y rechazo a










