La máxima corte del país dejó en firme las condenas contra las autoridades indígenas Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes, al rechazar los amparos planteados contra resoluciones que avalaron su criminalización por la defensa del territorio en Huehuetenango.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme las condenas impuestas contra las autoridades indígenas Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes, al denegar los amparos promovidos contra la resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con este fallo, el máximo tribunal constitucional cerró la última vía legal para revertir las condenas que organizaciones sociales y de derechos humanos han señalado como parte de un proceso de criminalización.
La resolución de la CC avala tanto la actuación de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que aumentó las penas, como la decisión posterior de la Cámara Penal de rechazar los recursos de casación presentados por la defensa de los dirigentes. Ignorando el reclamo de las autoridades indígenas, quienes señalaron que en los hechos acreditados no existió acción u omisión que pueda encuadrar en los delitos por los que se les condenó y que motivaron a incrementar la pena. “Era preciso que se analizara el caso realizando control de convencionalidad respecto de los derechos que asisten a los pueblos indígenas de actuar en forma colectiva”, señaló la defensa.
Por su lado la máxima corte afirmó que las resoluciones cuestionadas estuvieron “debidamente motivadas y no vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa o la tutela judicial efectiva”. Ese fue uno de los motivos por los cuales no se aceptó la queja de la defensa y se denegó el amparo.
El fallo fue firmado por los magistrados Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Nester Vásquez.
Deben ir a prisión
Este fallo, lejos de proteger a las autoridades indígenas, las deja en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que al quedar firmes las condenas se abre la puerta para que sean enviados a prisión a cumplir las penas impuestas en su contra. Se elimina cualquier vía para suspender el fallo y habilita la ejecución de las sentencias.
López Reyes fue condenado por los delitos de detención ilegal e instigación a delinquir, imponiéndose una pena de un año de prisión por cada una de las supuestas víctimas, que en conjunto asciende a 23 años de cárcel por el primer delito, además de un año de prisión conmutable, a razón de cinco quetzales por día, por el delito de instigación a delinquir; mientras que Juárez Mateo fue condenado con una pena de siete años de prisión por detención ilegal y un año de prisión conmutable, también a razón de cinco quetzales diarios, por instigación a delinquir.
Los dos son reconocidos defensores del territorio en el norte de Huehuetenango y autoridades comunitarias que desempeñaron un papel de mediación en conflictos sociales surgidos por la imposición de proyectos hidroeléctricos, particularmente en Santa Cruz Barillas y San Mateo Ixtatán. Sus defensas argumentaron que las acciones por las que fueron condenados se enmarcan en formas propias de organización y resolución de conflictos de los pueblos indígenas, reconocidas por la Constitución y por estándares internacionales.
Sin embargo, la CC descartó esos planteamientos y validó la aplicación de un proceso penal, dejando firmes las condenas. El caso tiene su origen en conflictos sociales vinculados a la defensa del territorio y la oposición comunitaria a proyectos extractivos e hidroeléctricos en la región, principalmente en el territorio maya Q’anjob’al y Chuj.
Las autoridades indígenas argumentaron que su actuación respondió a formas propias de organización y mediación comunitaria, reconocidas constitucionalmente, y que el sistema de justicia ordinario ignoró ese contexto, utilizando el derecho penal para sancionar el ejercicio de liderazgos ancestrales.
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Otros dos en prisión por defender la democracia
En la actualidad, la persecución contra autoridades indígenas continúa. Al menos dos ex dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán permanecen en prisión, tras ser señalados de terrorismo por su participación en las movilizaciones que defendieron los resultados electorales de 2023.
En total, cuatro exintegrantes de los 48 Cantones enfrentan procesos penales abiertos por los mismos hechos, pese a que las manifestaciones fueron pacíficas y se desarrollaron en el marco del rechazo a los intentos del Ministerio Público (MP) de desconocer los resultados electorales.
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