La defensa señaló al Ministerio Público y a la Fundación contra el Terrorismo de promover acciones legales que retrasan deliberadamente el avance del proceso y mantienen suspendidas las audiencias en las que un juez podría revisar la situación de prisión preventiva de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes fueron autoridades indigenas de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023.
Por Derik Mazariegos
Abogados defensores, organizaciones sociales y familiares denunciaron un nuevo intento de obstaculización judicial que impedirá la realización de la audiencia en la que un juez debía decidir si los dirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán continúan en prisión preventiva o saldrían bajo medidas sustitutivas.
Ambos dirigentes indígenas llevan más de siete meses encarcelados sin que se haya realizado la audiencia de etapa intermedia.
La denuncia se realizó en una conferencia de prensa realizada en la zona 1 capitalina este 18 de diciembre.
Durante la conferencia, familiares y abogados de los detenidos explicaron que el juez B del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Arnulfo Rocael Carrera Dávila, había fijado para el 19 de diciembre una audiencia de revisión de medidas.
Sin embargo, días antes de que se realizara la misma, la Fundación contra el Terrorismo, querellante adhesivo, recusó al juez y esta se suspendió.
En este caso, la recusación se basó en señalamientos de una supuesta amistad entre el juez y Luis Pacheco y que incluso se le había pagado al juzgador para una resolución favorable. La defensa calificó estas acusaciones como falsas, que solo buscan entorpecer el proceso.
Aunque el juez rechazó los argumentos, la ley establece que el expediente debe ser enviado a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, que es la instancia encargada de decidir si la recusación procede o no. Mientras esta decisión no se tome, el proceso queda suspendido.
La defensa hizo notar que en la última recusación contra la jueza que estaba conociendo el proceso, la Sala Tercera se tardó cuatro meses en resolver y designar a un nuevo juez a cargo del caso.
De acuerdo con la defensa, el efecto de este tipo de recursos es posponer la revisión de la prisión preventiva, aun cuando no exista una sentencia y el periodo de investigación ya haya concluido.
Pacheco y Chaclán fueron autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y participaron en las movilizaciones pacíficas realizadas en 2023 en defensa de la democracia y del respeto a los resultados electorales. Posteriormente, Pacheco fue nombrado viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas, una institución clave en la gestión de recursos naturales y territorio.
Por hechos relacionados con su participación en las manifestaciones, el Ministerio Público los acusa de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal y fueron ligados a proceso penal. La defensa sostiene que los cargos no se corresponden con sus actos y criminalizan el ejercicio del derecho a la protesta, reconocido en la Constitución.
Piden a Sala Tercera rechazar recusación
Las organizaciones exigieron que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones rechace la recusación presentada contra el juez y permita que el proceso continúe sin más retrasos, a fin de que se realice la audiencia de revisión de prisión preventiva. También demandaron la liberación inmediata de Pacheco y Chaclán e investigar a quienes promovieron estas acciones de mala fe.
Asimismo, llamaron a la sociedad guatemalteca a no normalizar la criminalización de la protesta social, derecho reconocido en la Constitución, y solicitaron a la comunidad internacional que continúe acompañando y observando el caso, así como denunciando el uso indebido del derecho penal en Guatemala para silenciar voces críticas.
“Luis y Héctor no están solos. Lo que está en juego no es solo su libertad, sino el derecho de las comunidades a organizarse y protestar sin ser criminalizadas”, concluyeron.
Pacheco y Chaclán pasarán las fiestas de fin de año en prisión
Los abogados señalaron que esta situación mantiene a Pacheco y Chaclán privados de libertad sin que un juez pueda evaluar su situación actual. Indicaron que la prisión preventiva no debe utilizarse como un castigo anticipado, sino como una medida excepcional.
Durante la conferencia se recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la prolongación injustificada de la prisión preventiva puede constituir trato cruel, inhumano o incluso tortura, especialmente cuando se extiende por meses sin una resolución judicial.
Añadieron que ambos pasarán las fiestas de fin de año lejos de sus familias y comunidades, lo que afecta su vida familiar y comunitaria.
Un patrón de criminalización
Las organizaciones presentes afirmaron que el caso de Pacheco y Chaclán no es aislado. Señalaron que forma parte de un patrón más amplio de criminalización contra liderazgos sociales, indígenas y personas que han participado en procesos de protesta y denuncia pública.
Durante la conferencia se mencionaron otros casos de personas criminalizadas o forzadas al exilio y resoluciones judiciales recientes que, según indicaron, muestran una aplicación desigual de la justicia, en la que personas acusadas de delitos graves acceden a beneficios procesales mientras líderes comunitarios permanecen en prisión preventiva.
