La audiencia clave del proceso penal contra la autoridad indígena de Sololá, Esteban Toc, fue aplazada tras una solicitud de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), que presentó una recusación contra el Juzgado Quinto Penal. En esta diligencia se debía definir si la prueba de la fiscalía era suficiente para enviarlo a juicio o cerrar el caso.
Por Alexander Valdéz
Debido a una solicitud de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), la audiencia en la que se analizaría la prueba recabada por el Ministerio Público contra la autoridad indígena de Sololá, Esteban Toc, no podrá realizarse. Toc es otro de los líderes criminalizados en este caso, junto a Luis Pacheco, Héctor Chaclán y, más reciente, Basilio Puac.
La diligencia, programada para este viernes, fue aplazada luego de que la FCT presentara una recusación, una petición de apartamiento, contra el Juzgado Quinto Penal. Esta acción impide que la audiencia se lleve a cabo hasta que una sala de apelaciones determine si el juez puede o no continuar conociendo el proceso penal.
El aplazamiento afecta directamente a Esteban Toc, quien goza de libertad condicional por problemas de salud, pero permanece sometido a una investigación y a un proceso penal con diversas restricciones legales. Esta fase, conocida como etapa intermedia o de apertura a juicio, es clave: la fiscalía debe presentar los elementos que considera suficientes para enviar al acusado a debate oral y público o, en caso contrario, el proceso penal será cerrado.
En septiembre de 2025, Toc fue capturado y estuvo varios días sin audiencia de primera declaración. Y hasta la audiencia que se realizó de madrugada, la jueza Gabriela José Espinoza Guerrero lo ligó a proceso penal por asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.
Aunque goza de libertad a diferencia de sus otros compañeros, la jueza impuso una serie de medidas sustitutivas, entre ellas el pago de una fianza de Q5 mil, la obligación de presentarse una vez al mes ante la Fiscalía de Sololá para el registro de huella y firma, así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial y de comunicarse con otros sindicados en el mismo proceso.
Retrasos maliciosos
No es el primer retraso que se denuncia en el caso, por ejemplo, Pacheco y Chaclán fueron capturados en abril de 2025, esperaron días para ser escuchados en primera declaración. Y, desde entonces, no sólo han permanecido en prisión preventiva, sino que su caso no ha tenido un juez natural y eso ha impedido que se pueda avanzar a la siguiente fase del caso o ellos puedan solicitar un arresto domiciliario.
En diciembre, abogados defensores, organizaciones sociales y familiares denunciaron un nuevo intento de obstaculización judicial que impidió la realización de la audiencia en la que un juez debía resolver si los dirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán continuarían en prisión preventiva o podrían acceder a medidas sustitutivas, pese a llevar más de siete meses encarcelados sin que se celebrara la audiencia de etapa intermedia.
La denuncia fue expuesta durante una conferencia de prensa, donde se explicó que el juez B del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Arnulfo Rocael Carrera Dávila, había programado para el 19 de diciembre una audiencia de revisión de medidas, la cual fue suspendida luego de que la Fundación contra el Terrorismo, como querellante adhesivo, presentara una recusación basada en señalamientos de una supuesta amistad y presuntos pagos al juzgador, acusaciones que la defensa calificó como falsas y orientadas únicamente a entorpecer el proceso penal.
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Otra captura
Suman cuatro autoridades indígenas criminalizadas por el ente investigador a cargo de Consuelo Porras, que dejará la institución en mayo. Recién el pasado lunes, se ejecutó la captura de Basilio Puac, quien fue vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y un actor clave en la movilización de los pueblos originarios para defender los resultados electorales de 2023.
Puac permanece en las cárceles de Torre de Tribunales a la espera de una audiencia. Por ahora, se desconoce si el Juzgado Quinto Penal será quien realice su primera declaración, pero, aunque exista una recusación, por tratarse de un acto urgente esta tendría que realizarse, según la ley.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) señala que los cargos presentados en contra de las autoridades indígenas “carecen de fundamento jurídico” y responden a una estrategia de persecución política contra líderes.
Además, sostiene que “organizar una protesta pacífica es un derecho, no un delito” y que el uso indebido del delito de terrorismo para silenciar disidencias vulnera derechos humanos. Además, de que el sistema de justicia guatemalteco habría prolongado arbitrariamente su encarcelamiento, violando garantías procesales básicas.
La persecución contra las autoridades indígenas se basa en el Paro Nacional y las manifestaciones pacíficas que se realizaron frente al Ministerio Público, debido a que desde esa institución se buscaba anular los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
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