Cuando aún no ha arrancado oficialmente el trabajo de las comisiones de postulación ya existe señalamientos de que el MP dirigido por Porras está ejerciendo presiones sobre los comisionados electos, algo que niega la Fiscalía. Esta no sería la primera vez que trate de influir en un proceso, ya que sus antecedentes incluyen acciones en la elección de un magistrado de CC, sobre la postuladora que tuvo que ver con su reelección como fiscal general y la persecución del partido ganador de las elecciones presidenciales.
Por Regina Pérez
El trabajo de las Comisiones de Postulación ya está en marcha para elegir a quienes aspiran a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. En este camino se observan actores que podrían influir en la designación, como una comisión paralela, entre los que sobresalen operadores ya conocidos por sus roles en otros procesos.
Uno de estos personajes es la fiscal general, Consuelo Porras, descrita como parte fundamental de la alianza política dominante en el país o también llamado “Pacto de Corruptos”. Abogados la señalan de ser “un títere o marioneta” o el brazo ejecutor de los intereses políticos detrás de esta alianza integrada por Alejandro Sinibaldi y Gustavo Alejos; el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito; los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, a quienes los une la corrupción.
Desde que fue electa por el presidente Jimmy Morales, en 2018, Porras ha sido conocida por sus acciones frente al Ministerio Público (MP), que han significado un retroceso en la institución con el despido, persecución y traslado de fiscales; así como la criminalización de periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales han tenido que salir al exilio.
Porras tiene una carrera de más de 40 años en el sistema de justicia. Con un currículo completo, la ahora fiscal general se presentaba a procesos de elección Cortes o el Ministerio Público (MP), pero nunca resultó elegida. Fue en 2018 cuando esa situación cambió, al ser designada por el presidente Morales como fiscal general. Fue en ese mismo cargo cuando fue incluida en la “Lista Engel”, de actores corruptos y antidemocráticos de EE.UU. Por sus acciones al frente de la Fiscalía, más de 40 países de la Unión Europea y de otras regiones han vedado su ingreso, por socavar la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
Pese a que la población le ha exigido su renuncia en varias ocasiones, Porras se ha atrincherado al frente del MP. Dos movilizaciones son relevantes en su gestión. En 2021, cuando destituyó a Juan Francisco Sandoval, como jefe de la FECI; y en 2023, cuando intentó interferir en el resultado de las elecciones al buscar anular los resultados electorales.
A Porras se le señala de usar la persecución penal espuria como un arma durante su mandato, para atacar a quienes se les considera como enemigos de la alianza política dominante en el país, conocido coloquialmente como “Pacto de corruptos”.
Durante su gestión, la criminalización se ha convertido en un patrón sistemático en contra de los opositores a los intereses de esta red de corrupción con el uso indebido del derecho penal y transgrediendo las normas del debido proceso.
“Todo eso provoca un abuso de poder por parte de la élite que controla el Ministerio Público. Porque al final de cuentas Consuelo Porras no es más que una marioneta de otros intereses que están detrás”, señaló Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCPG).
En la recta final de la elección de Cortes, Porras podría nuevamente tener un papel fundamental como lo ha hecho en varios procesos. Algunos abogados la señalan de ser cercana o aliada de Néster Vásquez Pimentel, el presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), que además impulsó dos planillas para colocar a comisionados en las Comisiones de Postulación de la CSJ y Salas de Apelaciones.
Consuelo Porras, la aliada principal del “Pacto de Corruptos”
¿Un modus operandi para interferir en la elección de Cortes?
El pasado 4 de julio el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio, publicó en su cuenta de X, que el secretario general del MP, Ángel Pineda y Claudia Arrecís, secretaria privada y de asuntos estratégicos convocaron a un desayuno a comisionados electos quienes supuestamente se presentaron como delegados de Porras y los habrían coaccionado para impedir la selección de personas incómodas a sus intereses.
“La intención, coaccionarlos para que no permitan pasar aspirantes no acordados. De lo contrario, tendrán que defenderse de un caso fabricado”, escribió el exfiscal.
Prensa Comunitaria consultó al MP sobre este señalamiento y la respuesta fue que es “información totalmente falsa y maliciosa publicada, primero, por una persona que se encuentra prófuga de la justicia y posteriormente en una sección de información dudosa y tendenciosa de un medio digital. Totalmente falso y sin fundamento”. La información a la que se refiere la Fiscalía corresponde al perfil de X, de la cuenta “Ricigt”.
Sandoval sostiene que la reunión sí se realizó y que no es algo que esté dentro del mandato legal del MP. “El MP no tiene nada que ver en el proceso de postulación, salvo que investigue delitos”, señaló.
A decir del exjefe de la FECI, así como sucedió en la elección de fiscal general, el MP está utilizando, con abuso, su facultad constitucional de investigar delitos de acción pública, utilizando herramientas de amenazas y chantaje para presionar y direccionar el proceso de selección de candidaturas.
Un abogado que se encuentra en el exilio habló con Prensa Comunitaria a condición de mantener su anonimato, y describió a Porras como parte de “la alianza criminal” a la que le resulta conveniente que personas que sean parte de esos intereses lleguen a ser magistrados. Por ello no le interesa que perfiles independientes se postulen.
“Es impensable que alguien como Miguel Ángel Gálvez (exjuez) vaya a postularse y ser electo, sin que antes el MP lo criminalice y le saque una orden de aprehensión para que no llegue”, ejemplificó.
Hay actores en las Comisiones de Postulación que son claves para esa alianza. Por ejemplo, José Enrique Urrutia, afín a la Fundación contra el Terrorismo. Urrutia acompañó a Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, directivos de la Fundación, cuando se reunió con Porras, poco después de que esta fuera nombrada fiscal general por Morales, en 2018. A partir de su nombramiento como jefa del MP nació una relación cercana entre la funcionaria y la organización de ultraderecha que ha estado detrás de numerosas denuncias en contra de operadores de justicia, periodistas y fiscales.
El modus operandi de la criminalización de actores importantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala comienza con una amenaza y una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo, los netcenter atacan y Porras avanza a velocidades impensables con las investigaciones que le convienen.
“Urrutia va a ser una vocería de la Fundación y del Pacto de corruptos a lo interno de la Comisión de Postulación de la CSJ, por la forma en que se mueven va a amedrentar, amenazar y presionar para tratar de eliminar perfiles incómodos para la alianza criminal e incluir perfiles cómodos para el pacto aunque no llenen los requisitos de fondo y constitucionales que se requieren”, dijo el abogado.
Luego de que Pineda y Arrecís habrían sostenido una reunión con comisionados y se les habría enviado un mensaje, el abogado considera que Porras es la pieza clave que la alianza criminal necesita para incluir perfiles cómodos para el pacto e impedir que pasen en los listados perfiles incómodos tanto para CSJ y Salas de Apelaciones.
Aunque no se espera que haya operativos para detener a algún comisionado, una orden de captura emitida, por cualquier juez afín a Porras publicada en redes sociales, puede ser un disuasivo, dijo.
Cortes que garanticen impunidad
Para Rodríguez el objetivo de Porras al querer influir en la elección sería tener Cortes que respondan a sus intereses y que dicte fallos a su favor. “Garantizar la impunidad, garantizar poder, la impunidad es algo importante para Porras en el sentido de que los hechos delictivos que está cometiendo vayan a quedarse impunes”, explicó.
Por otro lado, tener a las Cortes alineadas representa un poder absoluto de criminalización, lo que se ve con las amenazas. “Si no votan por quien yo quiero, entonces voy a procesarlos”, indicó el abogado, y agregó que se trata de amenazas vacías pues el MP no puede cometer ilegalidades si no tiene una contraparte en el Organismo Judicial (OJ).
Elegir jueces a la medida ha sido una constante en varios procesos de postulación. En 2014, Sinibaldi, del Partido Patriota (PP); y Manuel Baldizón, del partido LIDER, se repartieron el número de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones.
En 2019, las investigaciones de la FECI mostraron las negociaciones en el caso Comisiones Paralelas 2020, cuando el empresario Gustavo Alejos se reunió con integrantes de las Postuladoras, operadores y magistrados para influir en la elección de Cortes. Sin embargo, tras la salida de Sandoval el proceso no prosperó. Alejos y otros implicados están libres.
El exjefe de la FECI hace notar que los magistrados que sean electos, en octubre próximo, tendrán un periodo de cinco años (2024-2029). En los primeros dos años de esa magistratura aún estará Porras al frente del MP.
Ese hecho, dice Sandoval, no solo les garantizaría impunidad por un periodo más a los actores que los patrocinan o que los defienden, sino que a ellos también, porque lo que Porras ha hecho en el MP amerita investigación, procesamiento y son las altas Cortes las que resolverán esos procesos.
¿Cómo ha influido Porras procesos similares?
En procesos anteriores, específicamente en el de fiscal general de 2022, el MP aceleró una denuncia contra David Gaitán, uno de los comisionados, luego de que este propusiera en la primera reunión de la Comisión una metodología para ampliar los datos que se les solicita a los candidatos. Gaitán tuvo que dejar la Postuladora “para salvaguardar el proceso”.
Porras agiliza denuncia contra David Gaitán quien renuncia a Postuladora de Fiscal General
En esa misma elección, el decano de la Universidad Rafael Landívar (URL), Hugo Rolando Escobar Menaldo, también fue denunciado por la Fundación contra el Terrorismo, lo que le valió el respaldo de los demás integrantes de la Postuladora.
En otras elecciones, como la de magistrados de la CC, para la elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), en enero de 2021, Porras aceleró la captura de Estuardo Gálvez, exrector de la USAC, allanándole el camino a Néster Vásquez para ganar la elección. El hecho fue confirmado tiempo después por una investigación del exfiscal Sandoval, quien indicó que la fiscal general le pidió que procedieran en contra de Gálvez, contendiente de Vásquez en la elección.
En las elecciones generales de 2023, Porras también intentó interferir, al judicializar varios casos, incluyendo uno contra el presidenciable Edmond Mulet y contra el partido Semilla y sus integrantes, cuando Bernardo Arévalo pasó a segunda vuelta. Hasta la fecha, el hostigamiento del MP en Tribunales continúa.
Si la elección de Cortes fuera un juego de béisbol…
Para este 11 y 12 de julio, las Comisiones de Postulación para la CSJ y Salas de Apelaciones tenían previsto realizar su primera sesión. La instalación de la Postuladora de la CS, prevista para este jueves, no se realizó porque el presidente de la comisión, el rector Miquel Cortés, la suspendió debido a que el decano de la Universidad Mariano Gálvez no fue juramentado por el Congreso; mientras que el de la Francisco Marroquín renunció y se está a la espera del nombramiento de su sustituto.
La labor de las comisiones será objeto de escrutinio de la ciudadanía guatemalteca y de misiones internacionales de la OEA y de Pueblos Indígenas.
Con el inicio del proceso, dijo Sandoval, hay que ponerle atención a eventuales reuniones paralelas que sostengan los comisionados con potenciales postulantes, inclusive con diputados que tomarán la decisión final de acuerdo con la nómina que enviarán las Postuladoras.
Para el abogado que habló a condición de anonimato, si se tratara de un juego de béisbol “la primera base serían los Juzgados de Primera Instancia; la segunda base, a la que nadie le está prestando la atención que merecen, serían las Salas de Apelaciones; y la tercera, en la que todo el mundo tiene puestos los ojos, sería la “Suprema”: la CSJ.
“¿Por qué hay que poner los ojos en la segunda base? Porque antes de llegar a la Suprema todos esos operadores y redes de poder ilícito pueden garantizarse impunidad en las mismas Salas sin necesidad de llegar a la CSJ”, mencionó.
En el caso de Salas de Apelaciones, miles de profesionales presentarán su expediente lo cual hace casi imposible monitorearlos a todos. Eso permitirá que perfiles grises sean incluidos en la nómina y terminan habiendo Salas que son afines a la alianza criminal.
“Si no funcionan las Salas de Apelaciones tienen la garantía final en la CSJ, que es la tercera base. Y si no funcionó, ahí está la CC, que es jonrón”, ejemplificó.
