Aunque recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) han avalado la permanencia de Walter Mazariegos, los estudiantes y profesionales universitarios mantienen una lucha legal para revertir el nuevo fraude. Existen 26 amparos planteados que cuestionan la legalidad del proceso y señalan que Mazariegos no cuenta con un finiquito vigente, requisito para ejercer el cargo de rector.
Por Prensa Comunitaria
El 1 de julio Walter Mazariegos intentará asumir un nuevo período al frente de la Universidad de San Carlos (USAC), pero la disputa por evitar la continuidad de un nuevo fraude no ha acabado. Aunque resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) han fortalecido su permanencia, estudiantes y profesionales sancarlistas mantienen una ofensiva legal de última hora con el objetivo de impedir que tome posesión como rector.
En las acciones legales se insiste que el proceso que lo llevó al cargo, por segunda ocasión, está marcado por las mismas irregularidades de 2022. Esta vez, los señalamientos se concentran en un requisito: la ausencia de un finiquito vigente, exigido para asumir cargos públicos y cuya validez ha sido puesta en duda mediante diversas acciones judiciales.
Durante los últimos días, la comunidad universitaria ha promovido amparos preventivos y otros recursos ante distintas instancias judiciales. Las acciones buscan que se ordene al Consejo Superior Universitario (CSU) de abstenerse de dar posesión a Mazariegos mientras no exista certeza sobre el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para ejercer el cargo de rector.
Según el movimiento USAC-DIRE, el 16 de junio presentó cinco amparos preventivos en representación de electores acreditados para la elección a rector para impedir que el Consejo Superior Universitario le dé posesión el próximo 1 de julio, argumentando que no cuenta con un finiquito vigente. La agrupación indicó que las acciones ya comenzaron a tramitarse en la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo y que las autoridades universitarias fueron notificadas para rendir los informes correspondientes.
El movimiento sancarlista sostiene que aún existen procesos judiciales pendientes que podrían incidir en la toma de posesión de Mazariegos y asegura que continuará impulsando recursos legales para evitar lo que considera una nueva imposición al frente de la universidad estatal.
Una docena de amparos aún se tramitan
Aníbal García, integrante de USAC-DIRE, dijo que aún hay acciones legales tramitadas en distintas instancias judiciales. Según el abogado, 12 de estas acciones se encuentran actualmente en la Corte de Constitucionalidad, luego de que algunas Salas de lo Contencioso Administrativo suspendieran su trámite bajo el argumento de que debían agotarse recursos administrativos que, a su criterio, ya no existen porque fueron derogados por el propio CSU.
“De los 21 amparos que hemos presentado, 12 se encuentran actualmente en la Corte de Constitucionalidad porque algunas Salas de lo Contencioso Administrativo suspendieron su trámite bajo el argumento de definitividad. Nosotros apelamos esa decisión porque los recursos administrativos que señalan ya no existen, fueron derogados por el propio Consejo Superior Universitario el año pasado. Ahora corresponde a la Corte resolver si mantiene esa suspensión o si ordena que continúe el trámite de esos amparos”, dijo García.
García añadió que el núcleo de estos amparos es la exclusión de cuerpos electorales que, pese a haber ganado sus respectivas elecciones, no fueron acreditados para participar en la elección de rector. En el caso de su agrupación, indicó que 21 cuerpos electorales resultaron electos, pero únicamente cinco fueron reconocidos. Por ello, las acciones legales buscan que se declare la vulneración de sus derechos y que se repita la elección con la participación de todos los electores legítimamente acreditados.
“Lo que estamos planteando en estos amparos es que se deje sin efecto la exclusión de los electores que fueron indebidamente apartados del proceso. En nuestro caso, 21 cuerpos electorales ganaron sus elecciones, pero únicamente cinco fueron acreditados. Si los tribunales concluyen que hubo una violación a los derechos de estos electores, correspondería reconocer que debieron participar en la elección de rector realizada en Antigua Guatemala”, señaló.
El representante de USAC-DIRE manifestó que mantienen la expectativa de obtener resoluciones favorables tanto en las Salas de lo Contencioso Administrativo como en la Corte de Constitucionalidad. Además, recordó que también han promovido acciones legales preventivas para evitar la toma de posesión del 1 de julio y penales en el Ministerio Público para que investigue posibles irregularidades cometidas por autoridades universitarias durante distintas etapas del proceso electoral, particularmente en las decisiones adoptadas por el Consejo Superior Universitario y el Cuerpo Electoral Universitario.
Convocan a marcha pacífica
Sectores estudiantiles y profesionales lanzaron una convocatoria para manifestarse en rechazo a la continuidad de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos (USAC). La actividad, programada para las 9:00 de la mañana en el Paraninfo Universitario, forma parte de las acciones impulsadas por grupos que cuestionan la legitimidad del proceso que permitió la reelección de Mazariegos.
La movilización es un acto de resistencia frente a la imposición de Walter Mazariegos en la rectoría de la USAC. Además de rechazar su continuidad en el cargo, la actividad busca visibilizar la situación de estudiantes, docentes y profesionales que desde 2022 se opusieron al proceso de elección y que han enfrentado criminalización y represalias. Algunos de ellos permanecen sometidos a procesos penales, mientras que otros se han visto obligados a abandonar el país y continuar su vida en el exilio.
La CC respalda a Mazariegos
El 29 de mayo, el Juzgado Décimo Quinto Civil otorgó un amparo a favor de una integrante del Colegio de Arquitectos y anuló la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC). La resolución concluyó que existieron irregularidades en el proceso electoral universitario y ordenó suspender los efectos de la elección realizada el 8 de abril, además de repetir varias etapas clave del proceso.
Sin embargo, una semana después la Corte de Constitucionalidad revirtió ese fallo al corregir aspectos procesales del trámite del amparo. Mediante una enmienda de procedimiento, el máximo tribunal constitucional dejó sin efecto esa importante decisión que era esperanza para evitar la continuidad de Mazariegos y ordenó al juzgado emitir una nueva resolución, garantizando por ahora su permanencia al frente de la universidad.
En esa decisión hubo apoyo de Julia Rivera, Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, tres magistrados afines a Mazariegos y que le han apoyado en distintas acciones legales. Mientras que, las magistradas Annabella Morfín y Astrid Lemus, fueron votos en contra, aunque sin el peso suficiente para evitar esa decisión.
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