Las autoridades del pueblo maya Q’eqchi’ pidieron el cese de los desalojos para que no se violenten los derechos de las familias como ocurrió en la comunidad de Buena Vista, porque les quitan sus viviendas y tierras. También denunciaron los señalamientos, las pretensiones de los empresarios que se instaure un estado de sitio por acusaciones de que las familias porten armas de fuego.
Por Juan Bautista
En una reunión realizada el 9 de julio, con el gobernador departamental de Izabal, Carlos Tenas Martínez, las autoridades comunitarias maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, pidieron detener los desalojos contra las comunidades.
Denunciaron que los desalojos son ordenados sin ningún análisis del lugar y que no se considera las consecuencias para las familias. Además, evidenciaron que la jueza Sandra Nineth Ayala, pidió al alcalde municipal en una reunión en el despacho municipal, ocurrido el 24 de junio, que solicite al gobierno central un estado de sitio para poder realizar los desalojos.
“Nosotros ya hicimos el estudio, sabemos que la finca Santa Rosa había 19 caballerías y cuatro cabellerías son del Estado y el finquero está pidiendo orden de desalojo”, dijo uno de los comunitarios que participó en la reunión.
Alex Morales, de la Defensoría Q’eqchi’, señaló la situación de conflictividad en la región y rechazó el estado de sitio. “Violentaron nuestros derechos cuando estuvo el estado de sitio por la compañía -refiriéndose al estado de sitio impuesto el 24 de octubre de 2021 a beneficio de la minera Fénix, propiedad de Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Solway-, ahora quiere ella poner otra vez el estado de sitio, quiere jugar con nosotros, quiere jugar con el pueblo indígena”, dijo el activista.
“Señor gobernador, departe de las autoridades le pedimos de favor y a las instituciones que estamos al frente de los problemas de los pueblos indígenas, que le pongamos asunto a esto, que no quede en el aire, porque a veces tenemos estas reuniones, pero legalmente a veces queda en vano todo”, señaló Morales.
También dijo que los monocultivos de la palma africana y banano han desplazado los cultivos que son medios de vidas de las familias. “¿Qué ha hecho la palmera en el lado sur de El Estor? Yo conozco el sur desde el año 90, antes había ganado hoy hay palma, haciendo a las comunidades reculandola hasta las montañas y las mejores tierras las tienen ellos, ahora ya no hay maíz, en esa montaña no nos va a dar maíz”, señaló Morales.
Cuando intervino el gobernador, Carlos Tena, señaló que el conflicto agrario en la región es de mayor escala en los municipios de El Estor y Livingston, y agregó que no es un asunto del Organismo Ejecutivo. “Nosotros como Ejecutivo no podemos intervenir, porque viene de órdenes judiciales, pero si tratamos de que se cumplan con los estándares internacionales”.
Además, dijo que en la región hay por lo menos 15 a 20 desalojos programados para los próximos días. “De los cuales estamos dando atención de cerca y estamos preparados como institución y como gobernación departamental para entrar a funcionar con el papel que nos corresponde”, anotó.
La problemática de la tierra no es la única en la región, dijo Olga Che’, integrante de la Gremial de Pescadores y autoridad comunitaria, y quien advirtió al gobernador que la minera Fénix busca retomar sus actividades y que esto puede afectar el derecho al agua, a pesar del rechazo de su comunidad.
En el año 2021, el gobierno de Alejandro Giammattei realizó una consulta en la que excluyó a las autoridades y comunidades de El Estor. “Nosotros como Gremial y Consejo de Autoridades Ancestrales rechazamos esta consulta -donde fueron excluidos en el 2021- que ellos realizaron”, dijo Che’.
El 22 de mayo de este año fueron desalojadas 30 familias en la finca Buena Vista. Tras permanecer varios días en la intemperie, la comunidad Santa Rosita les dieron albergue, a pesar de que también están en riesgo de desalojo.
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De acuerdo a declaraciones de los lideres de las comunidades, los empresarios Max y Carlos Quirin han pedido el desalojo de la comunidad Santa Rosita y los señalan de portar armas de fuego. También dijeron que esa sería la razón por la que la jueza de Paz de El Estor, Sandra Nineth Ayala Tello, haya solicitado al alcalde un estado de sitio.
“La señora jueza está obligando al señor alcalde a pedir un estado de sitio. No piensa hacer su trabajo como debe de ser”, dijo una autoridad comunitaria en la reunión con el gobernador tras señalar las acusaciones de la jueza. La petición del estado de sitio según los comunitarios, lo hizo la jueza en el despacho municipal el 24 de junio en una reunión donde notificó que el desalojo que estaba programado el 26 de junio se programó para el 28 de agosto.
En el memorial que la jueza entregó al alcalde retoma los argumentos de Carlos Quirin en el que señala a las familias portan armas de fuego. En esa reunión donde participaron organizaciones sociales, el alcalde Genaro Icó se negó hacer la petición del estado de sitio, afirmando que su función es fomentar el diálogo.
Una hora antes de la reunión del gobernador con las autoridades comunitarias, estaba convocada otra reunión por el alcalde Genaro Icó en el Coliseo Municipal, en el que participarían la jueza de Paz, Sandra Ayala, el empresario cafetalero Max Quirin y el gobernador Carlos Tenas para definir acciones sobre los desalojos. Sin embargo, está se suspendió ante la ausencia del gobernador.
El empresario Max Quirin, mientras era miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) como representante empresarial, fue condenado por el caso IGSS-PISA. La junta directiva y la junta licitadora en aquel entonces, contrató a la empresa Droguería Pisa de Guatemala, cuando no llenaba los requisitos que proporcionar tratamientos a 50 personas fallecidas y afectó a otros 150 pacientes.
