Este viernes, tras 10 años de una denuncia, el Ministerio Público junto a la jueza Judith Secaida, intentó desalojar a familias en riesgo que viven en un asentamiento debajo del puente El Naranjo. En dicho lugar, el 25 de septiembre del año pasado murieron 11 personas y siete más quedaron desaparecidas tras el desbordamiento de un río de aguas negras.
Por Isela Espinoza
Desde las 6:30 de la mañana, más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes este viernes sobre el Anillo Periférico por orden del Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal para llevar a acabo un desalojo en el asentamiento “Dios es Fiel” ubicado debajo del puente El Naranjo, zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Alrededor de 87 familias habitan en este lugar, en donde, la madrugada del 25 de septiembre del año pasado fallecieron 11 personas tras un derrumbe provocado por el desbordamiento de un río de aguas negras. Diez casas fueron arrasadas por la correntada que alcanzó entre 12 y 14 metros de altura, según un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
La jueza Judith Secaida llegó al lugar que fue rodeado por policías, bomberos, representantes de la oficina del Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio Público (MP).
Previo a realizar un recorrido por el asentamiento, la funcionaria dio lectura a la orden en donde especificó que el 11 de marzo a solicitud del MP se autorizó el desalojo de las personas que se encuentren dentro de la finca número 48 con folio 48 del libro 2159 propiedad del Estado.
“Desde el año 2013, hay una denuncia del Juzgado de Asuntos Municipales en donde consideran que las personas que están en ese asentamiento corren riesgo por los deslizamientos y por las experiencias que se han tenido como el Cambray. Entonces, se autorizó este desalojo”, leyó la jueza.
Secaida dijo que el MP se había comprometido a realizar una mesa técnica y “así se hizo”. Sin embargo, la presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE), Patricia Flores, argumentó que no habían sido notificados y pidió ser tomados en cuenta.
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El representante de la Fiscalía Especializada Contra los Delitos de Usurpación, Andrés Galindo Contreras, informó a los pobladores que el MP realizó dos mesas técnicas con la Municipalidad de Guatemala, un representante del Juzgado de Asuntos Municipales, técnicos del MP, bomberos voluntarios, PDH, PGN y la CONRED.
“Tanto CONRED como la Municipalidad de Guatemala y la Procuraduría General de la Nación indicaron que el área en dónde están ubicadas estas personas es de alto riesgo con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas”, dijo Galindo.
Previo al ingreso de la jueza al asentamiento, los representantes de los vecinos pidieron ser escuchados e insistieron en que no habían sido tomados en cuenta en la mesa técnica. “La Municipalidad nos reconoció como Cocode y como comunidad. A nosotros nadie nos notificó”, afirmaron.
Además, agregaron que son familias de escasos recursos y los mismos vecinos han hecho arreglos en los caminos que conducen a las viviendas. “Ni la Municipalidad ni ninguna otra institución nos ha ayudado. En 2013 fue la denuncia y qué tan lento fue el Ministerio Público para accionar 10 años después cuando ya hemos construido nuestra casa y nuestros hijos han crecido acá. ¿Qué va a pasar con todos los niños que viven acá? ¿Los van a tirar a la calle? ¿A dónde nos vamos a ir?”, cuestionó otro de los vecinos quien también solicitó una mesa de diálogo.
Niños, adultos mayores, madres solteras y viudas son los principales afectados por no contar con acceso a una vivienda digna. Varios vecinos del lugar se ubicaron en el ingreso principal del asentamiento para evitar el desalojo. Pero tras un acuerdo, la jueza y los representantes de las entidades del Estado junto a dos policías y medios de comunicación ingresaron al lugar.
La jueza llegó hasta el lugar en donde ocurrió la tragedia en 2023, ahí se encuentra un monumento para conmemorar la memoria de las víctimas. La presidenta del Cocode pidió a la jueza realizar nuevamente una mesa de diálogo para ser escuchados ya que están conscientes del peligro de vivir debajo del puente El Naranjo. “Queremos que nos den un tiempo provisional y nos puedan reubicar en algún lugar seguro para vivir dignamente”, manifestó Flores.
Tras finalizar el recorrido, la jueza suspendió el desalojo temporalmente y según dijo, la presidenta del Cocode se comprometió a buscar un albergue para las familias en riesgo. “Aquí se necesita una reevaluación. Ellos dicen que no salen y no van a comprender al Estado de Guatemala, pero ella no puede hablar en nombre de los pobladores en riesgo”, agregó la jueza.
#Desalojos 🚨Suspenden temporalmente el desalojo de familias del asentamiento “Dios es Fiel”
La jueza del juzgado 5to. Pluripersonal de 1era. Instancia Penal dijo tras un recorrido que la presidenta del Cocode, Patricia Flores, se comprometió a buscar un albergue para vecinos en… pic.twitter.com/RQKvN45QyB
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 14, 2024
Los asentamientos humanos precarios son una de las expresiones territoriales más notorias de la pobreza urbana, de la ciudad de Guatemala, dice el Proyecto de Cartografía Metropolitana publicado en 2015 por el Banco Mundial.
Este estudio contabilizó 412 asentamientos precarios urbanos que en ese entonces sumaban una población de 800,000 personas, es decir 23% de la población de la región metropolitana vivía en condiciones de precariedad. Esta cifra pudo haber aumentado ante el crecimiento de la población.
Estos asentamientos se concentran principalmente en seis de los 17 municipios siendo la ciudad de Guatemala la que registra la mayor ocupación seguido por Villa Nueva, Chinautla, Mixco, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula. Las zonas 3, 7 y 18 de la ciudad de Guatemala son las más ocupadas.
“La lógica de ocupación de los asentamientos precarios responde a la necesidad de encontrar suelo barato y accesible. La topografía de la ciudad de Guatemala siendo muy quebrada, con barrancos que cruzan la ciudad en varias direcciones, han sido zonas privilegiadas para la instalación de asentamientos precarios informales”, se lee en el estudio.
El Banco Mundial advirtió que, según el perfil de los terrenos ocupados por quienes habitan los asentamientos, más del 50% vive en zonas riesgo, entre laderas y fondos de barrancos, expuestos a la vulnerabilidad del suelo en caso de fuertes lluvias, deslizamientos o terremotos.
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