ASPA es una de las agrupaciones que busca participar en la elección del Colegio de Abogados, que se realizará el 21 de junio, para definir integrantes de las Comisiones Postuladoras de magistrados a Cortes. Esta coalición responde a Néster Vásquez, magistrado presidente de la CC y a los intereses del expresidente Alejandro Giammattei, Consuelo Porras y la Fundación Contra el Terrorismo. Pero en esta lucha por lograr mayor cantidad de Comisionados también figuran otras planillas vinculadas a personajes cuestionados y que intentan reducirle el poder.
Por Regina Pérez
En las últimas semanas una agrupación, de las 10 que presentaron planillas para participar en la elección del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para integrar las Comisiones de Postulación para las altas Cortes, se muestra como la más fuerte y con la mayor cantidad de recursos y cuotas de poder.
Se trata de la Asociación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), la organización que acuerpó, en 2023, la candidatura del actual presidente del CANG, Mario Siekavizza y que responde al liderazgo de Néster Vásquez, actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La elección del colegio de abogados está prevista para el 21 de junio pero desde ya la lluvia de acciones legales ha empezado como parte de la pugna por cuotas de poder entre las diferentes asociaciones que participan para lograr la mayor cantidad de comisionados ante las postuladoras.
ASPA, la “fuerza gremial del pacto de corruptos”
La Asociación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA) es la agrupación que en este momento controla el Colegio de Abogados y Notarios porque ganaron el Tribunal de Honor, Tribunal Electoral y Junta Directiva, explicó Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de Movimiento Pro Justicia, quien se refiere a la misma como “la fuerza gremial del Pacto de corruptos, alianza política que ha promovido una regresión en el sistema de justicia y toda una reversión de avances en la lucha contra la impunidad”.
Esta coalición responde al liderazgo coyuntural de Néster Vásquez, magistrado presidente de la CC, quien adquirió poder gremial cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (2014-2021) y después magistrado de la máxima Corte, que ahora preside. Vásquez controla en estos momentos el presupuesto del CANG y en gran medida el presupuesto del Instituto de Justicia Constitucional (IJC) de la CC.
Si bien ASPA surgió hace un año, su origen lleva al grupo Dignificación Profesional, que estuvo liderada por mucho tiempo por el magistrado de la CC, Hugo Pérez Aguilera, con quien Vásquez tiene afinidad.
Uno de los integrantes de ASPA, para la Comisión de Postulación, es José Enrique Urrutia, quien en 2023 fue candidato a la presidencia del CANG por parte de Coalición Gremial. Urrutia presentó su candidatura a fiscal general en 2022 y es uno de los abogados cercanos a la Fundación contra el Terrorismo.
Una publicación de elPeriódico lo señaló de ser testaferro de la empresa Sigma, ya que fue accionista de Valores Dinámicos, su off shore en Panamá, utilizada por esa empresa para el pago de 1.15 millones de dólares a cuentas vinculadas al Partido Patriota (PP) en concepto de sobornos. En 2021, el abogado presentó un recurso para que la FECI dejara de funcionar. Y 2023, intentó llegar a la Presidencia del CANG con Coalición Profesional.
ASPA ha ido cobrando fuerza en la medida que Vásquez lo ha hecho. En sus inicios esta coalición apoyó la candidatura del exjuez Mynor Moto para ser magistrado de la CC, en 2021, quien ganó la elección pero no fue juramentado. A pesar de que no tenía el mismo nombre eran lo mismo, porque era el grupo que estaba impulsando Vásquez, indicó Ibarra.
La directora de Pro Justicia resalta que esta coalición estaba vinculada al llamado Pacto de corruptos. “ASPA, con Vásquez a la cabeza, se convirtió en una fuerza gremial al servicio de la alianza política dominante, porque van más allá de la defensa de la corrupción”, señaló.
En 2021, el magistrado ganó la elección en el CANG con apoyo de esa agrupación para ser magistrado de la CC, junto a Claudia Paniagua como suplente. Incluso se sugiere que la coalición cuenta con la complacencia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien favoreció al grupo de Vásquez en la elección del CANG, al capturar a su contendiente, Estuardo Gálvez, exrector de la USAC, el 26 de febrero de 2021. El mismo día que el Colegio anunció que habría segunda vuelta entre Vásquez y Gálvez.
Al igual que se vio en su campaña cuando compitió para ser magistrado de la CC y se movieron todo tipo de recursos del Estado para el traslado de votos a su favor, ocurre en la campaña actual. Los recursos ahora provienen de la CC y Vásquez está moviendo sus influencias en el sistema de justicia para favorecer a Aspa, dijo Ibarra.
Pro Justicia criticó en sus redes sociales que el Instituto de Justicia Constitucional (IJC) de la CC impulsó el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, que se realizó en Quetzaltenango del 3 al 4 de junio.
“Néster Vásquez y sus aliados no escatiman en nada para ganar espacios que les permitan dominar la nominación de candidatos a las cortes. Todo pagado por el erario”, señaló la organización que monitorea el proceso de elección.
¿Hasta dónde llega la influencia del magistrado Vásquez?
Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCPG), señala que Vásquez se alió al gobierno de Alejandro Giammattei y destacó vínculos con los exmagistrados de la CSJ, Patricia Valdés y Manuel Reginaldo Duarte, quienes consiguieron que él llegara a la CC por parte del CANG.
Al tener el apoyo del presidente Giammattei, hizo uso de los recursos estatales y del poder que tuvieron al utilizar al gobierno para presionar a los agremiados a que votaran por él, incluso desde las alcaldías.
“Él es una de las principales cabezas del ‘Pacto de corruptos”, dijo Rodríguez, quien analiza que con el cambio de gobierno han soltado un poco el poder, pero no totalmente.
“Hay muchos asesores en las alcaldías, en las gobernaciones departamentales, las instituciones locales. VAMOS mantiene un gran número de alcaldías, donde hay entre 7 a 8 abogados trabajando por muy pequeña que sea. Unas 200 alcaldías es un número significativo. Estamos hablando de 1400 votos, se calcula que para tener un puesto son más o menos 800 votos. Ahí por lo menos aseguran dos o tres lugares, aparte del control del Colegio”, señaló el consultor del ICCPG.
Si bien ambas agrupaciones ahora están en pugna, será en la Comisión de Postulación donde se verá si promueven algún tipo en negociación. “En este momento todos están tratando de entrar y unos están atacando a otros, unos están haciendo campaña muy discretamente, otros con mucho descaro como la CC, la CSJ, hay que esperar para ver qué comportamiento van a tener en la Comisión porque ahí es donde se va a ver el valor del voto de esas organizaciones gremiales”, puntualizó Ibarra.
Algo que hay que tener en cuenta es que solo las personas que están en primera o segunda casilla tienen posibilidad de integrar la Comisión de Postulación, ya sea de la CSJ o Apelaciones.
El gremio de abogados pelea por 24 representaciones en las dos comisiones de Postulación para CSJ y Salas de Apelaciones. En total, diez agrupaciones han presentado 20 planillas para esta elección que se realizará el 21 de junio en la sede del CANG y departamentos.
¿Renovación o no renovación de Cortes? Los personajes y grupos en torno a la elección de magistrados
Empieza la pugna contra ASPA
El poder de ASPA no pasa desapercibido. Organizaciones dirigidas por personajes cuestionados y que también han sido parte del Pacto de Corruptos buscan restarle poder a ASPA. Entre estos grupos figura Coalición Gremial, que ha presentado dos denuncias en contra de ASPA. La primera, el 16 de mayo, en la cual señala la incompatibilidad de Siekavizza Álvarez y Juan Carlos Sagastume Leytán, con los cargos que ocupan en el CANG, presidente y vicepresidente, respectivamente, y quienes además son magistrados de la Corte de Apelaciones.
Según los denunciantes, los abogados tienen un horario laboral de 8:00 a 15:30 horas en sus magistraturas y constantemente publican en las redes sociales que se encuentran en actividades de política gremial.
La segunda denuncia en contra de Siekavizza y del director de la Unidad Académica del CANG, Sergio Madrazo, del 21 de mayo, es por supuestamente usar fondos del Colegio para la campaña de la planilla de ASPA, vinculada a Siekavizza.
Wilson López, una pieza clave de Coalición Gremial
El abogado que ha presentado estas acciones por parte de Coalición Gremial es Wilson Joel López González, sobrino de Ronny Elías López Jerez, exfiscal procesado en el caso Manipulación de la Justicia, una de las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quien defendió en ese caso. López es conocido por ser parte de los procesos de postulación de magistrados.
López González es uno de los abogados con quien, según el informe Comisiones paralelas 2019, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el empresario Gustavo Alejos tuvo comunicación en el proceso de elección de Cortes para el periodo 2019-2024, por medio de mensajes de WhatsApp, cuando se encontraba internado en un sanatorio de la zona 2 de la capital.
Alejos fue señalado por la Fiscalía de intentar manipular el proceso de elección de las Cortes, por tener interés directo en su integración debido a los casos penales en su contra.
En esa elección, López buscó ser parte de la Comisión de Postulación de Salas de Apelaciones con Coalición Gremial, la misma asociación con la que participa ahora en la elección 2024.
En el reportaje del medio No Ficción, El testimonio de Gustavo Alejos o cómo capturar las cortes de justicia, se cita la declaración de Alejos, quien relató a la Fiscalía cómo conoció a López y a otro abogado de Coalición Gremial. Según dijo, lo presentó el diputado Óscar Argueta, de la UNE.
“A mí me invita Óscar Argueta (diputado de la UNE, secretario general del partido en esas fechas) entre el periodo del 13 de junio de 2019 que sale la convocatoria del CANG para participar en la elección de comisionados para representantes en las distintas cortes, al 27 de julio de 2019 que fue la elección de estos representantes, para que conozca a Wilson López, el sobrino de Rony López”.
En 2019, cuando era asesor de Argueta, López denunció a la exfiscal general, Thelma Aldana y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval por abuso de autoridad, simulación de delito y asociación ilícita luego de que se inició el caso contra Torres por financiamiento electoral ilícito, según un informe de Movimiento Pro Justicia.
De acuerdo con la organización, en 2021, López manifestó su apoyo al exjuez Mynor Moto, cuando este participó en elecciones para ocupar el cargo de magistrado en la CC, tras el fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía. En ese tiempo también se le vinculó con Fredy Cabrera, expresidenciable del partido Todos y conocido operador en la elección de magistrados, con quien viajaba en el avión que movilizaba a Moto durante su campaña en la CC.
En 2023, López participó como candidato a concejal para la municipalidad capitalina con el partido CABAL, de Edmond Mulet, según la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Una de las figuras centrales de la campaña de Coalición Gremial es el expresidente Alfonso Portillo, quien ha recorrido el país ofreciendo conferencias patrocinadas por la agrupación.
Coalición Gremial ha convocado a todo tipo de jueces para ofrecer charlas como parte de su campaña. Entre estas juezas se encuentra Abelina Cruz, conocida por favorecer al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, cerrando los procesos en su contra.
