La convocatoria a elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones es una oportunidad para la renovación del sistema de justicia, aunque las dudas persisten por la reaparición de conocidos operadores y la amenaza de nuevo retraso en la elección de nuevas autoridades del poder judicial.
Por Alexander Valdéz
La reciente convocatoria del Congreso de la República para integrar las Comisiones de Postulación marca el punto de partida de un proceso en el que se elegirán a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, que deberán tomar posesión en octubre próximo para un periodo de cinco años (2024-2029).
Pero en esta carrera ya se marcan dos bandos: los que buscan que se realice la elección tal y como lo establece la Constitución y otro que busca que elección no se lleve a cabo o se retrase.
Prueba de ello es que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya analiza un amparo que pretende frenar el proceso de elección de Cortes. La acción busca que los actuales magistrados, que fueron elegidos en noviembre 2023 para concluir el periodo 2019-2024, sigan en sus puestos hasta 2028.
En ese contexto, el pasado 16 de abril, los diputados convocaron a la integración de Comisiones de Postulación, que elegirán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. El proceso se dio luego que Consejo de la Carrera Judicial notificara al Legislativo el vencimiento del período de los actuales magistrados.
La acción del Congreso se toma con base en el Artículo 215 de la Constitución Política de la República. Que también se convoca a la comisión a integrar nómina para postulados a las Cortes de Apelaciones, según lo dispuesto en el Artículo 217 constitucional.
Los antecedentes de procesos opacos
No solo acciones legales amenazan este proceso, también existen dudas sobre la influencia que tendrán actores vinculados en corrupción y que ya enfrentaron señalamientos por la presunta manipulación en esta elección.
A partir de los hallazgos de presunta corrupción develados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se evidenció cómo operan determinados actores en las elecciones de magistrados de Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En un informe del Movimiento Pro Justicia se señala que los procesos de postulación vislumbran ventanas de oportunidad para las buenas prácticas de selección de profesionales, debido a que se desarrollarán con nuevas autoridades en los tres poderes del Estado. Pero, no se puede ignorar que los actuales magistrados de las CSJ y de Apelaciones fueron nominados en el contexto de un “proceso amañado”. Además, fueron electos por la última legislatura con miras de asegurar cuotas de poder en las comisiones de postulación y, por ende, en el Organismo Judicial (OJ).
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Las “Comisiones Paralelas”
Durante la gestión de Juan Francisco Sandoval se presentaron dos investigaciones relacionadas con las dos últimas elecciones de cortes; “Comisiones Paralelas 2014” y “Comisiones Paralelas 2020”, los dos casos evidenciaron un supuesto amaño en la elección de magistrados.
“Será otro proceso en el que se confirmará los vicios adquiridos en el proceso de selección de altas cortes. La manera en que fracasó el actual modelo de selección para atender intereses de actores corruptos y potenciado en este proceso con un MP instrumentalizado para encubrir a la mafia”, explicó el exfiscal Sandoval.
En el caso del 2014, la investigación estableció que Sergio Roberto López Villatoro, también conocido como el “Rey del tenis” llevó a cabo una estrategia para acercar intereses públicos y privados e influir sobre algunos de los comisionados.
“Convocó, reservó y financió reuniones en fechas claves y determinantes -fuera del espacio de transparencia que establece la Ley de Comisiones de Postulación-, con integrantes de las mismas para poder tratar el proceso de elección de magistrados y de esta manera influir en la decisión de los comisionados. Además, coordinó reuniones con diputados para influir en el voto y favorecer a candidatos que previamente habían hablado con él. Invirtió casi Q1 millón en actos de campaña, con el fin de promover la elección de representantes del CANG y otros candidatos a integrar las Comisiones de Postulación, y así contar con la máxima cantidad de personas afines a sus intereses dentro de las mismas”, indica el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por ese caso el “Rey del tenis”, el magistrado Eddy Orellana, quien habría recibido un apartamento como pago y Clara Guadalupe López Villatoro fueron beneficiados por el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, que los absolvió de cargos.
Acá otros datos:
En relación al caso del 2020, el proceso está detenido y no tuvo avances, lograron retirar el proceso de mayor riesgo. Además, los jueces y magistrados que figuran en la investigación, y que aparecen de nuevo en la próxima elección, no pudieron ser investigados.
Acá la CICIG brindó detalles del caso:
Integración de Comisiones de Postulación
El Congreso de la República tiene a su cargo emitir los acuerdos legislativos mediante los cuales convoca a integrar las comisiones de postulación.
En relación a la convocatoria en el proceso de postulación a magistraturas surgió el debate en cuanto a la fecha en que debe realizarse. Por un lado, el criterio consiste en que debería ser en junio partiendo de que el Decreto 31-2016 no contempla un plazo específico para que el Congreso realice la convocatoria. En el 2019 convocó en marzo, pero la Corte de Constitucionalidad indicó que para emitir el acuerdo debía ceñirse al artículo 3 del Decreto 19-2009, es decir, estrictamente con cuatro meses de anticipación a que terminara el plazo, por lo que realizó una segunda convocatoria en junio.
También se considera que a partir del aviso que del Consejo de la Carrera Judicial al Legislativo, sobre el vencimiento del período constitucional de los magistrados, abre la oportunidad para efectuar la convocatoria con al menos seis meses de anticipación, lo que permitiría tener un plazo más amplio en los procesos. Según experiencias pasadas, los tiempos resultan cortos para revisar y evaluar la gran cantidad de aspirantes que participan; y porque la elección de delegados del gremio de abogados depende de plazos prolongados, además de las impugnaciones que suelen ralentizar el trabajo de las postuladoras.
Movimientos, grupos y negociadores
La primera etapa del proceso recién empieza, las comisiones de postulación deberán integrarse con decanos de las Facultades de Derecho, los representantes de los magistrados de Sala, 12 magistrados de la CSJ, representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y los dos representantes de los rectores.
Las dudas parten de los perfiles como el de los actuales magistrados de la CSJ, por lo menos dos fueron señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”; uno incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, y otros han sido vinculados a operadores como Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera y de responder a los intereses de la alianza dominante.
En tanto, los 12 magistrados de la Corte de Apelaciones son electos en asamblea por los mismos magistrados titulares, por el método de representación proporcional de minorías. El Congreso eligió a 135 titulares, de entre los cuales serán electos los comisionados que postularon candidatos a la Suprema.
Por aparte, los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país integran las dos comisiones. El Movimiento Pro Justicia señala que en años anteriores algunas universidades han realizado cambios de sus decanos previo a que el Congreso de la República realice la convocatoria, por lo que no hay certeza de si los decanos actuales serán los mismos que integrarán las comisiones de postulación en el segundo semestre de este año.
Además, la Asamblea General del CANG elige a un número equivalente a los decanos de las facultades de derecho, en este caso 12 representantes para cada una de las comisiones. En estos procesos, el CANG se ha caracterizado por la participación de varias planillas que se inscriben después de la convocatoria que realiza el Congreso, aunque los movimientos gremiales están en constante actividad y proselitismo para ganar adeptos, desde programas académicos hasta eventos sociales en las que no escatiman recursos económicos.
Los grupos gremiales con más poder e influencia han sido, a lo largo de las más recientes décadas, los que lideran los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Héctor Hugo Pérez Aguilera y Nester Vásquez; el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez; conocido como “Rey del Tenis” quien no ha tenido cargos académicos o gremiales, pero ha sido exitoso en impulsar planillas para ocupar diferentes cargos directivos en el CANG y en otras instancias de representación gremial.
“Para las elecciones que se avecinan, se menciona la creciente influencia que ha logrado, por encima de otras opciones, la plataforma que lideran Pérez Aguilera y Vásquez Pimentel, de sus poltronas de la CC y los cargos directivos en el CANG; la restauración de las influencias de López Villatoro y la expectativa respecto si el grupo de Estuardo Gálvez se está recuperando o no, luego de que este fuera encarcelado por el caso de amaño en los procesos de postulación, caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020”. Aunque apenas es enero y faltan varios meses para la convocatoria a la elección de magistrados, en el gremio de abogados ya hay movimientos preliminares que incluyen reuniones para la conformación de grupos nuevos, aunque con figuras gremiales conocidas”, indica dicha organización.
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