Créditos: Congreso de la República
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Los cuatro relatores asumirán para un periodo de cinco años (2024-2029) en una institución cuestionada por la ejecución de su presupuesto, los vínculos políticos y su conflicto de intereses en el caso de la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra. Los nuevos funcionarios tienen vínculos con políticos opositores al gobierno de Bernardo Arévalo, una magistrada de la CSJ y al actual presidente relator, Lesther Castellanos.

Por Isela Espinoza

En la sesión plenaria del martes fueron electos los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT). Esta institución tiene a su cargo realizar visitas periódicas a lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad para prevenir la tortura, tratos o penas crueles en el marco de los derechos humanos.

Sin embargo, durante el último periodo los relatores han sido cuestionados por sus vínculos con el gobierno de Alejandro Giammattei y sobre sus acciones en el caso de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, Virginia Laparra, quien en enero fue beneficiada con arresto domiciliario.

Con 135 y 130 votos a favor fueron electos como relatores titulares: Jonathan Josué Mayorga Urrutia y Franck Ríos Ríos. Y como suplentes fueron elegidas: Evelyn Patricia Morales Vidal y Evelyn Fabiola Morales Chávez, con 133 y 74 votos a favor para el periodo 2024-2029.

Las cuatro personas electas son abogados de profesión. Mayorga Urrutia se ha desempeñado como docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) desde 2015 y como asesor legal del Consejo Nacional de la Juventud del año 2017 a 2019. También laboró para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como subdelegado de la región metropolitana.

En 2017, Mayorga Urrutia fue Vocal IV, de la Junta Directiva, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. En las elecciones generales de 2023, fue fiscal del partido Elefante, es considerado cercano al expresidente, Jimmy Morales (2016-2020), y a los exdiputados Javier Hernández y Ronald Arango.

Desde la IX Legislatura figuraba como favorito de la alianza del partido VAMOS para el cargo de relator titular contra la Tortura junto al juez Mynor Moto Morataya, señalado en dos casos de corrupción y que fue contratado por la OPT como director jurídico de esa entidad. Mynor Moto fue incluido en una de las dos ternas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura pasada.

Mientras, el otro relator titular, Ríos Ríos, cuenta con cierre de pénsum de maestría en Derecho Penal y también estudios en niñez y adolescencia. Se desempeñó como delegado regional de occidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. En ese cargo fue nombrado por el relator presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Lesther Castellanos, quien siendo juez de Mayor Riesgo denunció a Laparra luego de que ella lo acusara administrativamente en cuatro ocasiones.

Según las denuncias, Laparra señaló a Castellanos de cometer supuestos actos anómalos al momento de defenderse ante una denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ).

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En tanto, la suplente Evelyn Patricia Morales Vidal es cercana a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.  Morales Vidal es exesposa de Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis” vinculado en el caso Comisiones Paralelas en el que se le sindica de manipular el proceso de elección de las cortes del país. Según fuentes del Congreso, el cabildeo para Morales Vidal estuvo a cargo de los diputados de CABAL.

Evelyn Fabiola Morales Chávez, es la otra suplente elegia. Este fue su segundo intento para llegar a la OPT después de que, en marzo del año pasado, no consiguiera ser designada como relatora titular pese a conseguir 53 votos.

Morales Chávez también intentó dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos, en marzo de ese mismo año, pero la alianza oficialista designó a Alejandro Córdova para el puesto.

Los nuevos relatores fueron juramentados, sin embargo, aún está pendiente la recepción del acuerdo de nombramiento para que puedan presentarse a la oficina de la OPT y tomar posesión.

El presupuesto para 2024 de la OPT es de Q35 millones, casi el doble de los Q 17.1 millones con que finalizó el 2022, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). De acuerdo a la nómina publicada en la página web de la Oficina Nacional de Prevención de la tortura, en enero de este año, Castellanos devengó Q69,893 que incluye un salario base de Q35,000, un bono de Q10,000 por el ejercicio de la presidencia y Q22,500 de un bono por responsabilidad preventiva. El resto de los cuatro relatores y relatoras devengó entre Q52,000 y Q59,000.

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