Al menos 21 de 24 Juntas Electorales Departamentales (JED) fueron renovadas en su totalidad. Entre los nuevos integrantes (titulares o suplentes) figuran abogados de políticos y candidatos presidenciales, contratistas del Estado, exfuncionarios del Ejecutivo o de municipalidades, excandidatos a alcaldes, excandidatos a diputados y varios personajes ligados a estructuras involucradas en casos de corrupción, manipulación de cortes y el fraude en la elección a Rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Por Prensa Comunitaria
El reciente informe presentado por el Mirador Electoral, desvela como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) falló, en la evaluación de los antecedentes e idoneidad de las personas que fueron juramentadas el pasado 20 de enero 2023, como integrantes de las Juntas Electorales Departamentales (JED). Un error que los magistrados aparentemente intentaron corregir el 1 de febrero a través del Acuerdo 132-2023 en el que se revocaron varios nombramientos que fueron cuestionados.
El tercer informe del Mirador Electoral, conformado por varias organizaciones de la sociedad civil y la prensa, expone la relación de personas que integran las Juntas Electorales Departamentales (JED) del TSE, con personas sin idoneidad, vinculadas a distintas agrupaciones políticas que han sido cuestionadas, por serios casos de corrupción o de estar vinculadas al oficialismo.
El Mirador Electoral considera que, esas acciones conllevan el riesgo de que las juntas no gocen de independencia para administrar en sus territorios el proceso electoral, inexperiencia, la falta de capacitación y de traslado de recursos para las Juntas Electorales Departamentales, “Hay que recordar que son éstas las que a su vez nombran a las Juntas Electorales Municipales y éstas a las Juntas Receptoras de Votos”, añadieron.
La destitución del 88% de los integrantes de las JED a nivel nacional un año antes de las elecciones generales, provocó el descontento de quienes llevaron la tarea del proceso electoral en 2019, muchos con experiencia en varios procesos electorales anteriores.
Las JED son las encargadas de juramentar a las Juntas Electorales Municipales (JEM), de declarar el resultado y la validez de las elecciones en el departamento que representan, de adjudicar los cargos, de garantizar la logística electoral, el escrutinio de los votos, las actas electorales, cuidar las urnas y de enviar los resultados finales de su distrito al TSE.
De las 24 JED juramentadas, 21 fueron renovadas por el TSE. Los cambios afectan hasta el distrito 24, la junta electoral designada para el voto de ciudadanos en el extranjero.
Únicamente las JED que permanecieron si ser destituidas fueron las de los departamentos de El Progreso, Jalapa y Jutiapa, manteniendo a las mismas personas que ejercieron como presidentes, secretarios y vocales que participaron en procesos eleccionarios anteriores.
El informe del Mirador Electoral, revela que entre los nuevos integrantes (titulares o suplentes), están vinculados a los partidos políticos. Entre abogados de políticos y candidatos presidenciales, contratistas del Estado, exfuncionarios del Ejecutivo o de municipalidades, excandidatos a alcaldes, excandidatos a diputados y varios personajes ligados a estructuras involucradas en casos de corrupción, manipulación y cooptación de las cortes, incluso el fraude en las elecciones en la Universidad de San Carlos (USAC).
“Los filtros de selección fallaron, dando como resultado que personas que integran las Juntas Electorales resulten vinculadas a estructuras partidistas”, resaltó el Mirador Electoral en su informe titulado “Nuevas Juntas Electorales ponen a prueba la subsistencia de modelo electoral vigente”.
Los integrantes del Mirador Electoral señalaron que el TSE en lugar de fortalecer los mecanismos de participación, selección y designación de los nuevos miembros de las juntas, obviaron que los perfiles no era los adecuados, evidenciando la falta de voluntad para la indagación de dichos perfiles y hojas de vida de quienes “se postularon”.
“Los procesos electorales han ganado confianza en las elecciones básicamente por una estructura piramidal que, incluye a ciudadanos no comprometidos con partidos, así funcionó desde 1985 hasta 2019”, indicaron en dicho informe electoral.
Estos hallazgos se suman a la lista de omisos y decisiones cuestionadas que los magistrados y magistradas del TSE ha ido acumulando en poco tiempo que, ponen entre dicho la legitimidad y transparencia del proceso electoral 2023.
Mirador Electoral señala dificultad para fiscalizar al TSE por nuevas normativas
¿Por qué el cambio en las JED?
Las fuentes consultadas por el Mirador Electoral a nivel nacional, señalan que muchos de los que integraron las JED en las elecciones de 2019, “cometieron errores en la rendición de cuentas del proceso” y fueron sancionados por la Contraloría General de Cuentas (CGC), “con lo cual a algunos no se les extendió la Constancia Transitoria de Aceptación de Cargos (limitando su participación ciudadana) y otros al darse cuenta de estas trabas decidieron dejar de participar”.
Esto llevó a una nueva integración de las Juntas. Los magistrados del TSE oficializaron los nuevos nombramientos el 20 de enero pasado, como consta en el Acuerdo 77-2023, es decir, a tan solo cinco meses de la primera vuelta electoral.
“Lo anterior abrió la puerta para que presentaran su papelería y fueran seleccionados personajes no idóneos y políticamente comprometidos con el actual gobierno, que además carecen de la experiencia electoral clave para dar confianza y credibilidad al actual proceso”, señala el informe.
Entre los requisitos que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), para integrar las JED están: “Hallarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano. Radicar en el departamento correspondiente, ser alfabeto; y no desempeñar cargo directivo alguno en organizaciones políticas”. Además de tener finiquito, solvencia fiscal y la carencia de antecedentes penales.
A la par de esto, los magistrados aprobaron en diciembre del año pasado el acuerdo 546-2022 que, define un perfil para los integrantes de las JED, mismo que según Acción Ciudadana “resulta limitado para determinar la influencia política de los voluntarios”.
“En el mencionado acuerdo, se estableció que, de oficio, es decir el mismo Tribunal Supremo Electoral a través de sus Magistrados Titulares y Suplentes, verificaría la siguiente información de los ciudadanos aspirantes a Juntas Electorales: que se encuentre en el ejercicio de sus derechos de ciudadano, que sea alfabeto, que no desempeñe cargo directivo alguno en organizaciones políticas, que no tenga cuentas pendientes con el TSE, que no tenga antecedentes de denuncias ante el TSE y de ser el caso, que las mismas se hayan desvirtuado y que por lo menos uno de los integrantes de las Juntas Electorales, cuente con experiencia en alguna de las funciones electorales”.
El acuerdo toma como base que el TSE está facultado para la designación de las JED. Según la normativa el “Tribunal encargará a cada Magistrado del mismo, incluyendo suplentes, que efectúe investigaciones en el distrito que se le asigne y que postule ante el Tribunal las respectivas designaciones de Presidente, Secretario, Vocal y Suplentes.
Para cumplir debidamente su cometido, los Magistrados designados realizarán visitas a los distritos que les corresponda, se entrevistarán con las autoridades y personas más indicadas y pondrán cuidado en que los candidatos que propongan reúnan las calidades que establece la ley. Las juntas electorales departamentales estarán constituidas y serán presididas por las personas que designe el Tribunal Supremo Electoral”.
Según el Mirador Electoral el ejercicio de “oficio” que establece la ley como facultad para los Magistrados de recopilar información de los voluntarios, quedó limitado a un procedimiento burocrático que no llegó a investigar a fondo los perfiles.
El gran riesgo existente ahora, es la dificultad que tienen los expresidentes de las JED para integrar las Juntas Electorales Municipales (JEM) en los 340 municipios del país, proceso que debe cumplirse antes de la fecha límite del 25 de abril (las JEM son las responsables del proceso eleccionario en cada municipio y de integrar las Juntas Receptoras de Votos).
Los nombramientos bajo la responsabilidad de los cinco magistrados titulares del TSE
Cada uno de los cinco magistrados titulares del TSE tuvo a su cargo un número específico de distritos en los cuales se realizaron los nuevos nombramientos en las Juntas Electorales Departamentales.
La magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana, presidenta del TSE estuvo a cargo de los nombramientos en cinco distritos y en cada uno de ellos nombró a integrantes de las JED, con algún tipo de vínculo con partidos políticos o, con historia en puestos públicos, en el informe se recopiló información de 12 representantes nombrados por la magistrada. La presidenta del TSE fue la encargada de designar a los representantes de los distritos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Distrito Central, Guatemala y Petén.
El magistrado Mynor Custodio Franco Flores, estuvo a cargo del nombramiento de los integrantes de las JED en los distritos de Zacapa, Izabal y Chiquimula, de la misma manera que la presidenta de TSE, Franco Flores nombró a representantes con historial con partidos políticos que participarán en el evento electoral.
El distrito de Sacatepéquez es el que más integrantes de la JED tienen vínculos políticos, estos nombramientos está a cargo de la magistrada Blanca Alfaro Guerra, de acuerdo con el informe. Alfaro se encargó además de los distritos de Escuintla, Sacatepéquez, Quiché, Chimaltenango, y Retalhuleu.
El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, se encargó de los nombramientos de las JED de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, el informe del Mirador Electoral también encontró hallazgos sobre vinculación de partidos políticos con los integrantes de estas JED.
El magistrado Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños se encargó de la integración de juntas en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Zacapa e Izabal, nombrando a personas no idóneas en las JED.
Distritos a cargo de la magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana, presidenta del TSE
Cinco fueron las Juntas Electorales Departamentales JED, nombradas por la presidenta del TSE en enero de 2023, corresponden a las juntas de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, el Distrito Central, Guatemala y Petén. Un total de 3 millones 252 mil 127 personas empadronadas fueron registradas por el TSE para este proceso electoral bajo la jurisdicción de estas cinco juntas departamentales.
Los nombramientos en la junta electoral de Guatemala
El Mirador Electoral encontró en dos de los integrantes de la JED de Guatemala reparos sobre la idoneidad de ambos para integrar estas juntas, se trata de Sandra Guisela Ramírez (Vocal) y de Juan Pablo Pons Castillo (Suplente II).
Sobre Sandra Ramírez se sabe que fue contratista del Estado, con varios contratos en la Secretaria de Bienestar Social (SBS) durante los años 2009 y 2010, según el portal de Guatecompras. Años después, fue contratista para la Empresa Municipal de Agua (Empagua) en la Municipalidad capitalina, Ramírez obtuvo 35 adjudicaciones de contratos, por un monto de Q2 millones 877 mil 829.
En el caso de Juan Pablo Pons Castillo, también es contratista del Estado, durante el 2021 trabajó para la empresa HW Contractors en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Durante diez años de 2004 a 2014 obtuvieron de Ministerio de Comunicaciones 8 contratos por un monto de Q. 1 mil 474 millones.
Pons Castillo es socio de Luis Ernesto Caballeros Ponce con la empresa Delicias Orientales, con la cual obtienen contratos con el Estado, consta en contratos que obtuvieron en 2017 y 2018, durante el Gobierno de Jimmy Morales.
Prestando el servicio de alimentos a instituciones estatales como la SBS para el Hogar de niñas “Virgen de la Asunción” por Q14 millones, la mala alimentación que esta empresa prestaba en el hogar fue uno de los detonantes de la protesta de las niñas que termino en el asesinato de 41 de ellas y las heridas de gravedad en otras 15 el 8 de marzo de 2017 informó el medio Soy502.
También obtuvieron contratos con el Ministerio de Cultura y Deportes MCD, el IGSS, Conader, Municipalidad de Mixco, MAGA, Mineduc, Congreso de la República y Conamigua.
Los nombramientos en la junta electoral de Baja Verapaz
Tres son los integrantes de la junta que el Mirador Electoral señala con poca idoneidad para el cargo, se trata de Orlando Flores López (presidente), Delci Elizabet Álvarez Beltrán (secretaria) y Álvaro Antonio Bedoya Rodríguez (vocal).
En el caso de Orlando Flores López se sabe que trabajó en la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), como delegado departamental y técnico en el Consejo Departamental de Desarrollo.
Flores López fue jefe directo de Delci Álvarez Beltrán nombrada como secretaria de la JED de Baja Verapaz, quien trabajo también en Segeplan durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Con Álvaro Bedoya Rodríguez, se sabe que renuncio a la JED de Baja Verapaz en 2019 por amenazas de vecinos inconformes con los resultados electorales, el TSE revocó su nombramiento en febrero de 2023 y lo sustituyó por Ruth Jeannette Prera Raymundo.
Los nombramientos de la junta electoral de Alta Verapaz
En Alta Verapaz el informe del Mirador Electoral, se habla de Karen Mariely de la Cruz Pereira (suplente I) de la junta de ese departamento. De la Cruz Pereira de 2014 a 2019 fue trabajadora de la SBS, en 2019 fue candidata por el partido PODEMOS para la municipalidad de Cobán, como concejal III y fue sustituida por Mauro Rene Rax Yatz en febrero de 2023, luego que el TSE revocara su nombramiento.
Los nombramientos en la junta electoral de Petén
Se trata de Gustavo Adolfo Hernández Marroquín (presidente), Gerson Estuardo del Valle Osorio (secretario) y María del Rosario Canek Ayala (vocal).
Adolfo Hernández trabajo en la Municipalidad de El Chal como director de Recursos Humanos (2016-2017) en la administración de Santos Martínez Martínez pro el partido CREO-Unionista, siendo el primer alcalde municipal. Hernández desde 2021 trabaja en la municipalidad de Sayaxché.
En el caso de Gerson del Valle, desde 2015 es trabajador de la empresa petrolera Petro Energy, propiedad de Salvador Ramírez Leal, amigo y financista de Alejandro Giamamttei, quien fue además Comisionado Presidencial de Megaproyectos. El año pasado trabajo para la Municipalidad de Las Cruces en Petén.
De María Canek Ayala el informe refiere que su hermano Ramon Estuardo Canek Ayala es asesor en varias instituciones estatales, asesor del diputado Cesar Fion Morales en la comisión de Cooperativismo y ONGes. En 2023 da servicios profesionales al TSE por Q15 mil en el departamento de Petén.
Distritos a cargo de la magistrada Blanca Alfaro Guerra
La Magistrada Blanca Alfaro, designó a los miembros propietarios de las juntas electorales departamentales de Escuintla, Sacatepéquez, Quiché, Chimaltenango y Retalhuleu. En estos departamentos se renovaron totalmente y se perdió la participación de ciudadanos honorables que contaban con valiosa experiencia en procesos eleccionarios anteriores y que habían dado confianza y credibilidad a los resultados, según análisis del Mirador Electoral.
Estas personas no cuentan con los perfiles adecuados según el informe de Mirador Electoral, y más bien están vinculados a estructuras partidarias del pasado, lo cual pone en tela de juicio la imparcialidad que estos espacios requieren.
Esto, además, según el informe lacera el ejercicio de la ciudadanía y participación y se ponga en riesgo la integridad del proceso electoral, por estar comprometida la independencia desde lo territorial y departamental.
Los nombramientos de la junta electoral de Quiché
En Quiché el Secretario es Anderson Antonio Ramírez Rodas quien fue asesor legal de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) hasta el 2022, al mismo tiempo que trabajaba en en la Dirección Superior, del MICIVI. Había trabajado en el RENAP en 2016 con un salario de Q54 mil.
Los nombramientos de la junta electoral de Escuintla
La nueva Presidenta es Aura Delfina Palala Zepeda quien fue gobernadora de Escuintla de 2016 a 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales. Luego de que la Corte de Constitucionalidad resolvió que éste había incumplido la ley para nombrar a 16 gobernadores ella renunció.
En 2017 fue presidenta y coordinadora del Consejo Departamental de Desarrollo de Escuintla. Fue presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios de ese departamento.
Aplicó en el proceso de selección para la postulación de Cortes de Apelaciones y otros Tribunales colegiados de igual categoría. En su momento los comisionados rechazaron las pruebas de descargo de ella como postulante por no llenar los requisitos. El movimiento Pro-Justicia documentó que no presentó una constancia de no haber sido sancionada por el órgano de disciplina correspondiente, no acompañó certificación de más de cinco años de ejercicio profesional.
Uno de los vocales es Gregory Yovani Mazariegos Hernández beneficiario en 2021 del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal PINPEP en San Luis Petén, según el INAB con el expediente 82-074-2.5.3-2014. Ha sido asesor jurídico de las Municipalidades de San José y Palín, Escuintla.
Los nombramientos de la junta electoral de Sacatepéquez
La presidenta designada es María del Carmen García Oseida, actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura y Deportes, con un contrato hasta de abril de 2023. Fue auditora Interna de la Municipalidad de La Antigua Guatemala de 2016 a julio de 2019. Ese mismo año fue Directora de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas durante la gestión del Contralor Edwin Humberto Salazar Jerez, cuya gestión se caracterizó por no sancionar hechos de corrupción y malversación de fondos durante el actual gobierno, según el informe de Mirador Electoral.
El Secretario es Mario Federico Hernández Romero quien fue abogado defensor del ex Presidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea y Cooptación en En 2017, también
abogado de Miguel López Barahona, alcalde de Pastores, Sacatepéquez en un caso de falsedad ideológica.
Ese mismo año, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, la Fundación Myrna Mack y la Hendrich Boll Stiftung, consideraron al abogado Hernández Romero como parte de un red de abogados que intervienen en casos de alto impacto, implicados con los señalados a quienes defienden, Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala.
Fue Concejal IV de la Municipalidad de Jocotenango postulado por el partido GANA de 2008 a 2011.
El Suplente I es Carlos Augusto Hernández López candidato a alcalde en 2003 en San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, por la alianza PP-MR-MSN. En 2008 logró la alcaldía con el partido UNE en 2008. En 2011 la Contraloría General de Cuentas interpuso una denuncia penal en su contra por la compra de un terreno en Parramos, Chimaltenango, la cual no cumplió con la Ley de Contrataciones del Estado y ordenó la devolución de los fondos desembolsados al vendedor.
Ha sido contratista del Estado. Ha prestado sus servicios profesionales como abogado a las Municipalidades de Santa María de Jesús (2014), Santa María Milpas Altas (2020) y a la de Santa Catarina Barahona de 2017 a 2023.
Cesar Oswaldo Diaz Castillo, fue uno de los nombramientos que en el mes de febrero de 2023 el propio TSE revocó. Diaz Castillo dos años antes enfrentó un proceso penal por el delito de abuso de autoridad y falsificación de documentos privados en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, siendo director de la unidad de Gestión Ambiental.
Díaz Castillo desde su posición beneficio a Aurelio Asturias Ekenberg con el proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá, mismo apoyo que recibió del presidente Jimmy Morales y el exministro Enrique Degenhart Asturias, ahora candidato a diputado por el partido Valor.
Fue sustituido por Carlos Alejandro Morales Chalí, el año pasado fue director administrativo de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, también trabajó para la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), registrando reparos en su administración. Con el gobierno de Jimmy Morales fue nombrado director interino de la Dirección Administrativa de la SBS.
Los nombramientos de la junta electoral de Chimaltenango
El Presidente designado es Mario Francisco Xocoy Buch quien fue Subcontralor de Probidad de la Contraloría General de Cuentas entre 2019 y 2022. Dirigió como interino la CGC desde el 13 de octubre de 2022.
Fue aspirante a Contralor ese mismo año, sin embargo recibió una tacha ante la Comisión de Postulación para elegir Contralor General de Cuentas en 2022, de parte del ciudadano Oswaldo García Galindo, porque en apariencia mantiene activa una denuncia en un proceso que vincula con Gustavo Alejos.
Los nombramientos de la junta electoral de Rethalhuleu
Blanco Alfaro, la magistrada del TSE que regaló biblias a los pastores de su municipio mientras era jefa edil y que pidió apoyo a los alcaldes municipales para respaldar al presidente Alejandro Giammattei, también fue la encargada de destituir de la Junta Electoral Departamental de Retalhuleu a Juaquina Rutilia Marroquín Ovalle supuestamente por sus vínculos con el partido VALOR.
En su lugar nombraron a la abogada Olga Maritza Reyes Chinchilla, quien fue gobernadora de ese departamento de 2008 a 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom de la UNE.
Según los reportes del IGSS, en 2017 Reyes Chinchilla trabajo para Ricardo Rafael Rivera Cardona, dueño de Constructora ABITA, uno de los principales contratistas del Estado de obras públicas de Retalhuleu.
Distritos a cargo del magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina
El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetino se encargó de supervisar los perfiles de los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango.
Los nombramientos de la junta electoral de Quetzaltenango
En esta JED se nombró como presidente a Mynor Giovanni Domínguez Rodríguez un exintegrante de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).
Domínguez está vinculado a grupos de presión para integrar las cortes. Formó parte de la Planilla 2 -Alianza de Profesionales por la Justicia-, junto a Jorge Emilio Morales Quezada, señalado de corrupción en la municipalidad de Palín, Escuintla. A este grupo de abogados se les conoce también como los de Mixco.
Están vinculados al abogado Juan Carlos Godínez, ex representante del CANG ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. En 2022, Godínez apoyó la candidatura de Walter Mazariegos Biolis a Rector de la USAC. Godínez forma parte del grupo de abogados conformado por Marco Arodi Sazo y del director Cesar Milián, que desde la Facultad de Derecho en el Centro Universitario de Occidente CUNOC, trabajan a favor de Mazariegos. Godínez forma parte de la Lista Engel en 2020, por el Departamento de Estado de los EEUU, señalado por ser un actor involucrado en casos de corrupción.
Los nombramientos de la junta electoral de San Marcos
Crista Yamileth Guillén Gramajo fue juramentada en enero pasado para ocupar el puesto de secretaria de la Junta Electoral Departamental, una excandidata a diputada y financista del partido UCN. Según datos de financiamiento a partidos, en 2019 ella aportó Q5 mil en mantas vinílicas mientras que su hermano Héctor Guillén aportó una cantidad igual en mantas.
Guillén trabaja para el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) desde 2017, y tiene un contrato vigente para 2023 por Q48,552.26.
Su nombramiento fue revocado por los magistrados del TSE mediante el acuerdo 132-2023 y la sustituyeron por Yovana Mirny Yamileth de León Fuentes.
En esta JED también fue nombrado como Suplente I, José Ignacio Fuentes Villatoro. Según los datos obtenidos, Fuentes trabajó (de 2013 a 2018) con José Luis Castillo Bautista en la Constructora JLC, un gran contratista de obra pública en San Marcos.
De 2016 a 2017 trabajó como Supervisor de Obras Municipales para la Municipalidad de Santa Lucía Utatlán. De 2010 a 2011 y de 2018 a 2020 trabajó para la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). De 2021 a 2022 trabajó para el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) como consultor Gerente de Proyectos Lote 2 en San Pedro Sacatepéquez.
En 2022 trabajó como Supervisor de obras municipales de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. Los Magistrados del TSE revocaron su nombramiento mediante el acuerdo 132-2023 y lo sustituyeron por Angelina Betzabé Argueta Ibarra de Arana.
Argueta Ibarra, aparece como proveedor del Estado en 2021 en la base de datos del Registro General de Adquisiciones del Estado RGAE. En 2023 figura con un contrato con el Ministerio de Gobernación, según el portal de Guatecompras.
Los nombramientos de la junta electoral de Huehuetenango
En esta Junta Electoral fue juramentado como Vocal William Florencio Ramírez Recinos quien en el año 2021 fue nombrado director Departamental de Educación. En 2015 fue alcalde comunitario y presidente coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo de Chimunisique, en la Zona 12, Huehuetenango.
De 2004 a 2008, Ramírez fue concejal II de la Municipalidad de Huehuetenango (UD). Pese a su juramentación en enero pasado, los Magistrados del TSE revocaron su nombramiento un mes después mediante el acuerdo 132-2023 y lo sustituyeron por el abogado Javier Alejandro Rivas Estrada.
Rivas Estrada es un proveedor de servicios para el TSE, según un documento del Sistema de Gestión sobre compras directas con fecha 11 de marzo de 2023.
Distrito a cargo de magistrado Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños
Los nombramientos de la junta electoral de Jutiapa
El magistrado del TSE, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, en el departamento de Jutiapa decidió mantener en el cargo de vocal a Claudia Liset Padilla Díaz de Figueroa en la Junta Electoral Departamental de Jutiapa. Este magistrado fue cercano al expresidente Jimmy Morales.
De las 24 Juntas Electorales, 21 cuentan con nuevos miembros, pero Padilla Díaz y los de El Progreso y Jalapa se mantienen en el cargo, a pesar de que en el proceso electoral de 2019 se cometieron errores en el registro de los votos, destaca el informe.
Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Claudia Liset Padilla Díaz de Figueroa, desde julio de 2015 trabaja como secretaria de la Unidad de Matrimonios de la municipalidad de Jutiapa. El alcalde actual de ese municipio es Luis Gabriel Rosales, quien llegó a la comuna por el partido VALOR.
¿Pero quién la dejó en el cargo?
Aguilera Bolaños fue ministro de Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Jimmy Morales. Llegó a ocupar ese cargo en septiembre de 2018 en sustitución de Aura Leticia Teleguario Sincal, quien renunció por motivos personales.
El 17 de marzo de 2020 fue electo magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral. De los 160 diputados, 147 votaron a su favor.
“Los ciudadanos cuidarán que sus amigos y familiares voten en paz, con la certeza que su voto será debidamente contabilizado”, dijo el magistrado tras juramentar a las Juntas Electorales Municipales de Santa Rosa, el pasado 10 de abril.
Distritos a cargo del magistrado Mynor Custodio Franco Flores
Los nombramientos de la junta electoral de Zacapa, Chiquimula e Izabal
El magistrado Mynor Custodio Franco Flores, fue el encargado de hacer las designaciones en los departamentos de Chiquimula, Zacapa e Izabal. En esos distritos también se detectó una vinculación de las personas designadas para integrarlas.
En la junta electoral de Zacapa fue nombrada como presidenta Jackelin Xiomara Franco López, su historial laboral evidencia que de 2021 a 2022 prestó servicios profesionales en el Hospital Regional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Para Chiquimula, se contrató como secretaria a Lesly Yesenia López Archila, los reportes del IGSS señalan que desde 2013 trabaja en el Ministerio de Trabajo es la Subcoordinadora de Chiquimula. Donde también laboró del 2012 al 2021 Héctor Orlando España Cáceres, hermano del diputado Boris Roberto España Cáceres.
En el año 2019 participó como candidata a Gobernadora Departamental del departamento de Chiquimula, fue cuestionada por sus posibles vínculos políticos con el diputado Boris España.
En el área de Izabal, fue designada como presidenta Vebily Hiraida Teos Recinos, actualmente es maestra e investigadora del Centro Universitario de Izabal.
Otro nombramiento cuestionado
En febrero de este año, una publicación de elPeriódico expuso que a través del acuerdo 134-2023, el TSE autorizó la contratación de Hugo Valdemar Mérida, financista de campaña del ahora presidente Alejandro Giammattei, para las elecciones de 2019.
En el acuerdo consta que la contratación se hizo para que preste sus servicios técnicos “en apoyo a la presidencia y al TSE para el fortalecimiento y enlace con la Junta Electoral de Voto en el Extranjero”.
El nombramiento se hizo bajo el renglón presupuestario 029, su contrato fue autorizado hasta el 30 de noviembre de este año y devengará mensualmente un salario de Q15 mil. “Que la directora de Recursos Humanos, en oficio número DRH-0-294-01-2023 de fecha 25 de enero, somete a consideración la autorización para contratar a Hugo Valdemar Mérida para que preste sus servicios técnicos…” indica el acuerdo.
Descargue aquí el informe No. 3 del Mirador Electoral
