Laparra es una de las fiscales de la FECI que investigaron casos de corrupción y que fueron criminalizadas por el Ministerio Público (MP) bajo la administración de Consuelo Porras. Desde hace 13 meses permanece en prisión preventiva.
Por Alexander Valdéz
La exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, fue trasladada por el Sistema Penitenciario (SP) al Hospital General San Juan de Dios, donde fue evaluada por médicos de ese centro asistencial.
Personas cercanas a Laparra confirmaron que a la exfiscal se le practicaron exámenes preoperatorios previo a una intervención quirúrgica que fue programada para la próxima semana.
El diagnóstico de salud de la exfiscal hasta el momento es reservado. Días atrás, la abogada de Laparra, Wendy López, confirmó que su defendida necesitaba atención médica urgente, porque tiene miomas (tumores uterinos) con tendencia a ser cancerígenos.
La operadora de justicia permanece en prisión desde febrero de 2022, cuando fue detenida por una denuncia del exjuez Lesther Castellanos, a quien ella denunció administrativamente por una aparente filtración de información al abogado Omar Barrios.
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En prisión por denunciar corrupción
El Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras, inició dos investigaciones en su contra. Una por un supuesto abuso de autoridad, en este recibió una sentencia conmutable que posteriormente fue impugnada, por lo que la misma no está firme.
El segundo que se dilucida en Quetzaltenango y que comenzó también por denuncia de Castellanos, se refiere a una supuesta filtración de información. El caso a la fecha permanece bajo reserva.
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Laparra ha declarado reiteradamente que la persecución que el MP inició en su contra, es parte de una venganza y criminalización que se emprendió contra fiscales independientes por haber investigado casos de corrupción en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Al menos 25 operadores de justicia, entre jueces y fiscales, han salido del país desde 2022, derivado de la persecución y la fabricación de casos por parte del ente investigador, dijo el juez Carlos Ruano durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 9 de marzo.
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